La desaparición forzada es una conducta criminal y un problema que urge atender, aunque las autoridades estatales han sido indiferentes hacia ella, declaró Guadalupe Aguilar, Coordinadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), durante el foro “Desaparecer a los desaparecidos: la estrategia del Gobierno de Jalisco”, que tuvo lugar en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la UdeG.
“En este gobierno actual hay un desprecio total por las víctimas y una simulación en cuanto a que dicen ‘sí hacemos, sí podemos o sí vamos a hacer’; puras promesas incumplidas que nos llevan a tomar la dirección, a todos los colectivos y las y los familiares, para encontrarlos; es nuestra misión, nuestro objetivo: buscar para encontrar en un estado que es una fosa”, subrayó Aguilar, madre de José Luis Arana, desaparecido en 2011.
En el foro, organizado por el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la activista recordó que las autoridades insisten en criminalizar a las y los desaparecidos haciendo creer que eran criminales y “en algo andaban”.
Martha Leticia García Cruz, cofundadora del colectivo “Entre cielo y tierra”, relató que ante la indiferencia y los largos procesos para buscar a las personas desaparecidas desde el gobierno estatal, las y los familiares han tenido la iniciativa de unirse para hacer sus propias investigaciones y búsquedas ante un incremento sostenido de casos en la entidad.
García Cruz, madre de César Ulises Quintero, desaparecido en 2017, dijo que quienes acuden a denunciar una desaparición en las fiscalías regionales o a las policías municipales reciben amenazas e intimidación directas por parte de los funcionarios, incluso en sus casas.
Héctor Flores, representante del colectivo “Luz de esperanza”, recalcó que hay una estrategia de las autoridades estatales para minimizar los casos de desaparición y entorpecer las investigaciones al manipular a las instituciones y las cifras, a fin de que la sociedad no vea el problema y le apueste al olvido.
Flores, padre de Héctor Daniel Flores Hernández, sustraído por presuntos elementos de la Fiscalía General de Jalisco, en conjunto con el crimen organizado, en 2021, señaló que hay hasta 45 denuncias de desaparición al día y 70 por ciento de las personas desaparecidas tienen “una sentencia de muerte”, pues 10 por ciento de ellas son encontradas vivas, 20 por ciento son encontradas en una fosa, aunque los restos pueden durar meses en el Servicio Médico Forense; y el resto nunca son localizadas, lo que propicia la impunidad.
Darwin Franco, periodista del medio digital ZonaDocs y académico de la UdeG, recordó que de los casos de 105 mil personas desparecidas en el país, 15 mil 034 ocurrieron en Jalisco, es decir, 14 de cada 100 suceden en la entidad, lo que nos ha convertido no sólo en el lugar con mayor número de desapariciones, sino el que tiene el mayor número de fosas clandestinas y de personas sin identificar al interior de ellas.
Recalcó que 45 por ciento de las 15 mil desapariciones fueron en los últimos tres años, lo que evidencia un agravamiento de esta crisis y “la amplia responsabilidad” de las autoridades actuales, pues no se trata sólo de un problema que le fue heredado a la actual administración encabezada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, sino del desprecio hacia al tema.
Rubén Martín, periodista independiente, dijo que las desapariciones en México suman más víctimas que las de los gobiernos dictatoriales de América Latina. En el caso de Chile, el gobierno de Augusto Pinochet dejó 3 mil desparecidos; en la dictadura argentina sumaron 30 mil; la guerra civil en Guatemala en las décadas de los años 70 y 80 dejó 45 mil desaparecidos; además, los gobiernos militares en Colombia dejaron un saldo de 80 mil desaparecidos en 60 años.
Agregó que Jalisco tiene cinco veces más que las víctimas de la dictadura chilena y se ha convertido en el epicentro de las desapariciones en México, además de la crisis forense de tres mil 500 restos de personas sin identificar en los servicios médicos forenses. De los 24 casos de personas desaparecidas a la semana en promedio registrados en la entidad, únicamente son localizadas cinco con vida, una sin vida y 18 no son localizadas.
Las y los ponentes coincidieron en que la crisis de desapariciones no disminuirá si la sociedad y las universidades no se unen a la lucha de los colectivos para buscar a las y los desaparecidos, identificar los restos encontrados y exigir justicia y esclarecimiento de los casos.
