En México es sabido que de cada 100 jóvenes, sólo 22 tienen acceso a la educación media o superior. El resto queda fuera de las universidades por diversas razones, entre ellas la falta de recursos económicos, condenados a entrar de manera temprana al mercado laboral con salarios precarios. Esa es una forma de discriminación disimulada, cuyo responsable directo es el Estado mexicano.
A decir del director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara, Trinidad Padilla López, además de las formas comunes de exclusión por preferencias sexuales, creencias religiosas o color de piel que sufren los menores en las aulas en todos los niveles educativos, se enfrentan a la falta de espacios disponibles en las universidades públicas o la carencia de subsidios para que aquellos que adolecen de recursos económicos puedan terminar una carrera.
“No hay albergues para estudiantes de comunidades alejadas o para los hijos de trabajadores, ni programas de comedores universitarios. Hay programas de desayunos escolares en educación básica, pero en el nivel medio y superior existe un déficit en programas que apoyen a los muchachos. Entre más alto es el nivel educativo menos apoyos de este tipo hay”.
Padilla López recuerda que durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, hubo intentos por crear un instituto de estudios superiores para trabajadores, que pretendía dar educación integral a los hijos de obreros y campesinos, mediante una especie de beca para terminar sus estudios que incluía el servicio de dormitorios universitarios para quienes tenían que migrar a la ciudad de México. Después, dice, hubo un cambio de facto y el Estado dejó de apoyar iniciativas de esa índole.
“Ahora cualquier muchacho tiene la libertad de inscribirse en una universidad pública, e incluso puede que ésta no le cobre cuotas, pero eso no basta para que se mantengan en el sistema educativo. En licenciaturas como medicina o arquitectura [muchos estudiantes] no pueden pagar los libros o tienen que trabajar y no pueden dedicarse de tiempo completo a esas carreras que requieren dedicación. Eso termina con la deserción”.
El académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), señala que ésta continua exclusión es un reto tanto para el Estado mexicano como para las instituciones de educación superior y para el conjunto del sistema educativo público.
“Si bien este déficit de recursos económicos, humanos y de infraestructura no es privativo de México —pues a excepción de Cuba, ningún país de Iberoamérica tiene cobertura total de servicios educativos—, nuestro país necesita recuperar el concepto de educación gratuita, laica, sustentada en valores de inclusión social, para lo cual se requieren muchos más recursos de los que en la actualidad destina a los sistemas educativos”.
Refiere que el gobierno federal destina menos del 6 por ciento del Producto Interno Bruto a la educación, y menos del uno por ciento a investigación y enseñanza superior, cuando lo deseable es que estas cifras rondaran el 7 u 8 por ciento del PIB y 1.5, respectivamente.
Padilla López y la investigadora del CUCSH Martha Vergara, participarán en el I Foro internacional sobre inclusión educativa, atención a la diversidad y no discriminación, a realizarse del 7 al 9 de octubre en la ciudad de México. El foro es organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en conjunto con diversos organismos, incluida la UdeG.
El investigador universitario menciona que disminuir la exclusión no se resuelve sólo con más dinero. “Sería un error pensar que es un asunto de cuánto [dinero] le vamos a meter, sino cuáles medidas y compromisos tendría que haber. Está bien generar, invertir en educación, pero también tiene que haber una cultura social de mayor corresponsabilidad. La educación tiene dos grandes ámbitos: uno es el escolarizado y otro el informal, en el que se van conformando los valores de los ciudadanos y que empieza en el seno de las familias, en la niñez”.
Señala que por igual el Estado y las instituciones escolares formales deben promover entre la sociedad el valor de la inclusión, por ello, enfatiza, es importante la defensa del Estado laico, que se basa en el respeto de todos los puntos de vista, en la no discriminación.
“Es esencial que [estos valores] se promuevan y formen raíz en la sociedad mexicana y que generen ciudadanos de mayor calidad. Mientras no seamos capaces de producir ciudadanos incluyentes y respetuosos de la diversidad, podremos invertir 10 veces más recursos en educación, sin embargo no serán iguales los resultados. Los dos ámbitos van juntos”.
Discusión académica
El Foro internacional sobre inclusión educativa, atención a la diversidad y no discriminación, será realizado por primera vez, con la participación de académicos de diversos centros de enseñanza de Iberoamérica y funcionarios de organismos nacionales e internacionales como la Unesco, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Unicef, la Organización de Estados Americanos, el Conapred, Consejo Nacional de Fomento Educativo y la Secretaría de Educación Pública.
