En México, como en toda América Latina, la cobertura periodística de asuntos relacionados con el problema de las drogas se ha centrado en el seguimiento policiaco del narcotráfico (violencia, decomisos y detenciones), y ha dejado de lado el abordaje integral de este fenómeno global (aspectos de salud pública, redes de corrupción e impacto económico, social y cultural en las sociedades). La mayor parte de los medios cubre con la lógica de la nota roja: sin contexto, sin historia, sin referentes, sin análisis. El seguimiento periodístico de la llamada “guerra contra el narco” ha puesto en evidencia éste y otros problemas estructurales del periodismo mexicano.
Desde la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente hasta la fecha, es posible distinguir dos fases en el tipo de cobertura que han hecho los medios mexicanos sobre este proceso de violencia sin precedente.
La primera se inscribe en los dos años iniciales del sexenio, a partir de la declaración de una guerra frontal sin cuartel y de “tolerancia cero” en la lucha contra el crimen organizado. La metáfora de la guerra desencadenó un seguimiento periodístico inmediatista, con un estilo entre la nota roja y la crónica deportiva, centrado en las cifras y a la espera del ganador.
El conteo diario de los ejecutados y los caídos en combate se convirtió en notas de ocho columnas y en numeralias —que no análisis— en los artículos de opinión. La danza de cifras, el exceso de ejemplos gráficos de la violencia, la falta de contexto y la ausencia de información sobre diferentes aspectos del conflicto durante esta fase de la cobertura, alimentaron en la sociedad más el miedo que el entendimiento.
Se evidenciaron el desconcierto y la indefensión de los periodistas, para dar cuenta de un proceso sin reglas claras (distinto al de una guerra), pues en muchos medios no se sabe qué hacer para cumplir con la responsabilidad social de informar, sin resultar involucrados, amenazados o utilizados por alguna de las partes del conflicto (el Estado y los cárteles enfrentados).
El primer momento de la cobertura periodística de los medios mexicanos sobre la “guerra contra el narco” mostró que no hay acuerdos claros ni al interior de los medios, ni entre los medios sobre cómo informar al respecto, y que no se tiene una postura gremial cuando están en juego aspectos de seguridad nacional, personal y de ética periodística.
La segunda fase identificable en el seguimiento periodístico de este proceso se define claramente a partir del pasado marzo, tras el discurso del ahora exprocurador general de la república, Eduardo Medina Mora, en la inauguración del foro “La responsabilidad de los medios de comunicación ante la lucha contra la delincuencia organizada”.
El mensaje fue un exhorto a los medios a limitar la difusión de los actos violentos de las organizaciones criminales, a equilibrar la información, de manera que presentara no sólo las fallas, sino también las fortalezas y resultados de la lucha emprendida por el Estado, y a evitar ser utilizados como mensajeros involuntarios. Después de este llamado, el tono de las notas sobre hechos violentos vinculados al “narco” se neutralizó; su ubicación y tamaño fueron más discretos y el número de reportes se redujo.
El informe 2008 del Centro de periodismo y ética pública (Cepet), que evalúa la situación de la libertad de expresión en el país, sostiene que los comunicadores se encuentran “entre dos fuegos”, porque además de la violencia y actos intimidatorios vinculados a la delincuencia organizada de los que son objeto, los periodistas son agredidos por las fuerzas públicas en el intento de realizar su cobertura. Los medios no están seguros de lo que deben hacer. Publicar es riesgoso y no publicar también.
Los medios mexicanos están tomando decisiones bajo la presión de las amenazas y las agresiones. Una de las políticas editoriales que debería ser norma en los medios en cualquier circunstancia se está asumiendo en la situación de emergencia provocada por la exacerbación de la violencia vinculada con el crimen organizado: acreditar la información con el mayor número de fuentes posibles, verificar y buscar el balance en las notas, como medidas de protección en coberturas de riesgo. Se sabe que los actores de la delincuencia organizada también “monitorean” a los medios para valorar si la cobertura que reciben sus actos es parcial o injusta, y sus reclamos son más énfaticos que el retiro de una pauta publicitaria.
Las dificultades y dilemas que enfrentan los periodistas mexicanos para dar cuenta de la llamada “guerra contra el narco” son resultado tanto del fenómeno de la impunidad, que permea a todas las instituciones de la sociedad, como de problemas estructurales del periodismo en México, entre los que sobresalen: las débiles condiciones laborales de los periodistas, en este caso porque no se les brinda ni la preparación ni la seguridad adecuadas para desenvolverse en situaciones de alto riesgo; la visión sobre el papel social de los medios, implícita en el modelo predominante de periodismo orientado por el mercado, que busca la rentabilidad, privilegia el sensacionalismo y prácticamente no invierte en la investigación, y las complejas relaciones existentes entre los poderes y el periodismo en México, que de muchas maneras limitan la libertad de expresión, y alimentan con ello la impunidad prevaleciente.
Los dilemas y problemas que enfrenta el periodismo mexicano no pueden resolverse de manera independiente por cada medio, menos aún por cada periodista. Más que nunca, la situación exige una reflexión gremial sistemática y el reconocimiento de las enseñanzas de la experiencia internacional.
