En Jalisco podrían perderse hasta 155 mil empleos formales. Éstos podrían restarse al mercado laboral en el periodo de marzo hasta septiembre, y podrían tardar diez años en ser recuperados, afirmó Christian Sánchez Jáuregui, Secretario Ejecutivo del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG.
Esto se deberá a que no sólo hay que enfocarse en los empleos perdidos, sino también en que cada año se incorporan más personas al mercado formal, explicó.
En Jalisco se perdieron aproximadamente 44 mil empleos hasta abril, lo que representa 2.4 por ciento de los empleos formales que están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como consecuencia de las políticas de confinamiento que se tuvieron que adoptar en el estado por causa del Covid-19.
Especificó que el virus llegó a México a finales de febrero, y el problema real en Jalisco fue más evidente a partir de las políticas de restricción y confinamiento adoptadas a mediados de marzo, cuando se perdieron cerca de seis mil empleos; sin embargo, fue en el mes de abril cuando se perdieron 38 mil.
Una vez que se eche a andar la economía, no se va a poder incorporar este año a todas las personas que se quedaron sin trabajo, tomando en cuenta que el año pasado Jalisco generó 51 mil nuevos empleos formales.
Sánchez Jáuregui destacó que uno de los sectores más afectados de la economía jalisciense en materia de empleo ha sido el de servicios y, dentro de éste, el turismo.
Expresó que las cifras sobre el desempleo no abarcan a los empleos informales que representan cerca de 50 por ciento de los trabajadores totales en Jalisco, y que tienen una disminución en su ingreso de hasta 70 por ciento. Lo que es muy grave, subrayó.
Las políticas estatales y federales han sido insuficientes para combatir el desempleo en Jalisco a partir de las medidas de confinamiento provocadas por el Covid-19, afirmó.
Hay una falta de coordinación y carencia de conexión entre la política del gobierno federal y la del gobierno estatal, dijo el investigador, y añadió que cada uno trae su propia lógica de trabajo. Tal vez tengan la misma dirección, pero utilizan recursos físicos, materiales y administrativos distintos, lo que podría implicar un derroche de recursos.
Enfatizó la necesidad de una mejor comunicación entre los dos ámbitos de gobierno y una política pública conjunta para mejorar las condiciones del mercado laboral jalisciense; además de mejorar los mecanismos de vinculación y formación laboral, impulsar programas de empleo temporal y ver cómo incorporar a los colectivos con mayor problema para ingresar al mercado laboral, como los jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y con discapacidad.
En el estado no se han abordado temas como el seguro de desempleo y cómo mejorar la productividad y el salario de los trabajadores; ni se habla de tomar en cuenta a las personas que laboran en la economía informal, que siguen olvidadas.
En cuanto al endeudamiento por parte del gobierno estatal, Sánchez Jáuregui explicó que la deuda en sí no es mala, “lo que pasa es que estamos acostumbrados al mal uso de la misma. Si es manejada de manera correcta, puede ser beneficiosa para la población”.
