JULIO RÍOS / MARIANA GONZÁLEZ
La Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) presentaron el jueves pasado las conclusiones del Encuentro de Seguridad Urbana y emitieron la Declaración de Guadalajara, en la cual reconocen que la seguridad es un derecho humano y que, por ende, su agenda académica y de políticas públicas estará orientada hacia las directrices del programa Safer cities (“Ciudades más seguras”) de ONU-Hábitat.
Ramón Reyes Rodríguez, jefe del Departamento de Proyectos Urbanísticos del CUAAD y Marco Valerio Pérez Gollaz, Administrador General de la AMS, coincidieron en que un desarrollo urbano ordenado será siempre factor para prevenir entornos hostiles que se vuelven caldo de cultivo para la inseguridad.
“Estoy de acuerdo con quienes piensan que un evento de esta naturaleza pierde utilidad cuando no tiene estrategias de aplicación, ni resultados concretos. Uno de nuestros propósitos es aprovechar lo que se ha discutido en estas mesas para adaptarlo a lo local, con los medios que contamos”, afirmó Reyes Rodríguez.
Dijo que la UdeG ha desarrollado programas para concientizar a los estudiantes sobre la importancia del urbanismo y la planeación urbana para prevenir la inseguridad.
Pérez Gollaz fue el encargado de leer la Declaración de Guadalajara, en la que, entre otros puntos, asumen el compromiso de la seguridad urbana con enfoque de género, y reconocen que un discurso de seguridad sin presupuesto, es demagogia; por lo cual, consolidarán la homologación salarial de 7 mil 500 policías de la zona metropolitana, y la AMS será promotora del fortalecimiento de las finanzas públicas en el rubro de seguridad.
“Declaramos que en la calle y en puntos de abordaje de transporte —donde se registra 13 por ciento de actos de hostigamiento y acoso a la mujer— desarrollaremos una política pública líder en parabuses seguros. Refrendamos que seremos los aliados estratégicos de ONU-Hábitat para que nuestras ciudades sean más seguras y eliminar el acoso sexual callejero y la violencia, que afecta a más de 66 por ciento de las mujeres, según el Inegi”, señaló Pérez Gollaz.
“Declaramos que la seguridad es un derecho humano y el trabajo del gobierno de Jalisco y de los nueve ayuntamientos que conforman la agencia, deberán garantizarlo”.
En el encuentro, que tuvo una duración de dos días, participaron expertos internacionales con el objetivo de reforzar la cooperación entre los actores locales y generar una red de intercambio de conocimientos en la materia.
Se comprometieron, además, a continuar con la agenda de cooperación entre instituciones académicas, los sectores público y privado, e instituciones de la sociedad civil locales y de Norteamérica.
Juma Assiago, Coordinador Global del Programa “Ciudades más seguras”, dijo que “la declaración de hoy es una importante contribución a la Agenda 2030 en materia de seguridad y de urbanismo. Hace dos años, los Estados miembro de la ONU, en Nueva York, impulsamos este plan con los tres órdenes de gobierno de los países, buscando ciudades incluyentes, seguras y participativas. México, Canadá y Estados Unidos son importantes en esta agenda de seguridad integral”, subrayó.
El creciente número de delitos y crímenes más severos en las grandes ciudades está afectando a la ciudadanía y el orden social de las urbes, había dicho anteriormente Juma Assiago, en la inauguración del Encuentro de Seguridad Urbana “Hacia el foro norteamericano de seguridad pública”, el miércoles en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la UdeG.
Afirmó que los gobiernos municipales deben de asumir un rol líder para establecer políticas que le abonen a la prevención de la violencia criminal y para crear plataformas de intercambio con otras urbes sobre experiencias efectivas, con el fin de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
“Hay mucho por hacer. Es necesario que las autoridades locales reconozcan qué es la prevención de la violencia, el crimen y el conflicto”, aseguró Assiago.
Recalcó que garantizar la seguridad para las mujeres que viven en las grandes urbes es una de las prioridades de ONU-Hábitat, y constituye uno de los temas principales que los gobiernos locales deben de combatir.
