La innovación tecnológica es avasalladora. Hoy las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han generado profundas transformaciones en la economía y en la sociedad. Pero, ¿cuál es la magnitud de ese impacto?, ¿qué alcances y beneficios sociales tienen las TIC como políticas públicas?
Los bienes públicos están al centro de los debates de las políticas públicas. Constituyen una de las principales justificaciones de la intervención del gobierno en el mercado, y el mercado de las TIC no es la excepción. Sin embargo, su aplicación, financiamiento y el nivel de su producción óptimo presentan un problema para determinar la demanda y beneficio social. Aún cuando el uso de las TIC ha permitido reducir el costo a los usuarios para comunicarse y transmitir información.
El municipio de Guadalajara cuenta con el programa “Guadalajara libre”, el cual busca ampliar y “democratizar” el acceso a los servicios de internet de banda ancha en su población, al ofrecer una señal gratuita en los principales espacios públicos, con apoyo de una empresa telefónica que proporciona servicio de internet.
Lo anterior es una política pública prometedora, innovadora, que involucra a la sociedad en las nuevas tecnologías de información y comunicación, contribuye a la modernización social y la competitividad. Pero también una política que tiene diversas implicaciones económico-sociales.
Las aplicaciones de las TIC en y por el gobierno facilitan la transparencia, las interacciones gobierno-ciudadano, la rendición de cuentas y refuerzan el compromiso cívico. También permiten agilizar los trámites, reduciendo costos y tiempo, teniéndolas al alcance de los usuarios, desde una amplitud geográfica virtual en tiempo real.
La capacidad para procesar y transformar la información que se consume como un bien generador de servicio llega a producir beneficios sociales, pero ¿Sólo para quienes cuentan con el acceso a esas tecnologías? ¿Qué pasa con quienes no tienen acceso? Esto representa un problema respecto a la brecha digital. Un problema que se vuelve público, porque del aprovechamiento de las TIC depende la competitividad y de los beneficios a los individuos, empresas, ciudades y países.
El rol de las políticas públicas de los gobiernos es en gran medida ofrecer crecimiento colectivo con base en las TIC, porque su gestión y ejecución son parte del reto del diseño de políticas orientadas a la modernización. Sin embargo, el diseño de una atinada política pública va más allá del solo dote de redes inalámbricas. Es todo un programa que debe involucrar aspectos de aprendizaje, concientización, formación y perfeccionamiento en su aplicación, centrándose en las implicaciones sociales, económicas y tecnológicas.
El uso de las TIC ya se proyecta con una tendencia al crecimiento competitivo, pero es difícil estimar cuantitativamente el impacto de este tipo de políticas públicas.
