“Carlos”, nombre ficticio, es un joven de 32 años que estuvo en prisión preventiva tres años y seis meses, aun cuando le fue dictada su sentencia año y medio después de su reclusión por falta de espacio en Puente Grande, lugar donde pasó el tiempo restante de su condena.
Durante su estancia en el reclusorio, tuvo el derecho de asistir a la escuela y a trabajar internamente, además de asistir a diversos cursos de capacitación en elaboración de fajos piteados, tallado de madera, repujado, pintura y alfarería, así como en distintos servicios: como dependiente de tiendas de abarrotes, mesero en terrazas, estafeta, “talachero”, etcétera. Ninguna de estas actividades fue obligatoria, pero son un requisito al concluir la sentencia.
Con todo, esto no representa la ayuda que pudiera esperar para reinsertarse en la sociedad y sobre todo encontrar un puesto de trabajo.
En materia laboral, el artículo 18 de la Constitución mexicana señala que el sistema penitenciario debe ser organizado para garantizar los siguientes derechos humanos: trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción de los internos.
Dante Haro Reyes, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), señala que en Jalisco existe aproximadamente una población de 18 mil personas internas en centros de readaptación social, de las cuales 54 por ciento se encuentran en prisión preventiva, es decir, que más de la mitad de esta población no cuenta con sentencia. Esto provoca que estén detenidos sin laborar. El resto de los internos con sentencia asciende a 8 mil, aproximadamente, y ellos de alguna manera están trabajando dentro de los centros de readaptación.
“Para salir del reclusorio piden que llenes una hoja con sellos, donde digas que has asistido al área educativa, que nunca tuviste comportamiento violento, y que trabajaste o tomaste algún curso”, dice “Carlos”. El problema es que “cuando te interesas por algún trabajo, nadie te capacita. Todo es entre compañeros: te acercas al que más sabe (el que más tiempo tiene allí haciéndolo) y le pides que te enseñe”. No hay un “maestro o experto” que les capacite.
Esta “capacitación” ofrece a los reclusos la oportunidad de autoemplearse internamente, pero no garantiza que les ayude a obtener un trabajo y mayores ingresos al obtener su libertad, coinciden Haro Reyes y “Carlos”.
Un sueldo en prisión
Los trabajos en los centros de readaptación son en áreas como cocina, jardinería, y mantenimiento, cuenta Carlos, quien hace más de dos años que salió de prisión. En el centro penitenciario estudió para técnico en informática, en el Centro de Bachillerato Técnico, Industrial y de Servicios, (Cebetis), y actualmente trabaja en una empresa que elabora productos de seguridad industrial.
Los fajos piteados y juguetes de madera que elaboraba en el reclusorio, cuenta Carlos, se los entregaba a su mamá, quien los vendía fuera del centro de readaptación. Con el dinero que obtenía apoyaba a su familia. Comenta que en el centro los internos reciben un pago aproximado de 40 pesos a la semana, por una jornada mayor a ocho horas diarias.
El investigador José Manuel Escamilla Jaime, colaborador de Dante Haro, señala que la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco presenta importantes inconsistencias. Por ejemplo, la ilegal distribución del salario de los reos, además de la falta de oportunidades laborales garantizadas por el gobierno, tanto dentro de estos centros como al salir de ellos.
Sólo 24 empresas en Jalisco ofrecen oportunidades laborales a exconvictos, según datos del Injalreso (Industria Jalisciense de Rehabilitación Social), y apenas el tres por ciento de las personas recluidas labora bajo una denominación de trabajo personal subordinado.
“No se han encontrado elementos en la Constitución para negarles empleo (fuera y dentro de los centros de readaptación) y un salario acorde al trabajo que realizan”. Los reclusos deben recibir el salario mínimo que marca la ley, pero es ilegal que les hagan un descuento al salario que perciben, dice Escamilla Jaime, quien menciona que estas condiciones los vuelven mano de obra más barata, sobreexplotada y forzada a trabajar en condiciones de desventaja y sin prestaciones.
Al salir de los centros de readaptación, encontrar un empleo estable se vuelve difícil, ya que deben acudir a realizar trabajo comunitario, asistir a un área psicológica y en su caso, a la escuela. Cumplir con estas consignas le consume días laborales. “Te roban tres días a la semana y en un horario de 8:00 a 13:00 o 14:00, lo único que puede ayudarte es encontrar un trabajo de medio turno”, explica Carlos.
Regular para una solución
Haro Reyes y Escamilla Jaime, en su investigación “El sistema penitenciario en México: retos y realidades”, proponen homologar la regulación del estado con la legislación federal en materia de trabajo para el reo, es decir, que los reclusos trabajen bajo las condiciones que marca la ley, y generar incentivos a empresas para contratar a expresidiarios, como incentivos fiscales, impuestos sobre la renta, impuestos federales, así como otorgar beneficios administrativos y fiscales dentro del ámbito de competencia de la entidad federativa en cuanto al uso de la fuerza de trabajo de los reclusos, pero nunca en función de proveer beneficios menores a los establecidos en la legislación laboral, como por ejemplo un salario menor al mínimo, comentan.
La seguridad social es un punto esencial dentro de la cuestión laboral. Para solucionar este aspecto, los investigadores proponen que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) provea beneficios a las empresas privadas que integren dentro de sus filas a trabajadores en esta situación; que el asegurado y sus beneficiarios tengan derecho de cotizar en el régimen obligatorio y, por ende, tener una cuenta individual especial para sus aportaciones y ahorros, tanto del IMSS como del Instituto Nacional de Fondo de la Vivienda, para que se integren al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), además de todos los beneficios del sistema de seguridad social mexicano.
“Pudiera reformarse tanto la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto Nacional de Fondo de la Vivienda y la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, otorgar facilidades especiales y particulares a aquellas personas privadas de su libertad, a través de un tercero (acreditado), que pudiera acudir a realizar los trámites necesarios para tener acceso a dichas prerrogativas. Esto incentivaría la productividad de miles de personas en esta condición, así como a la economía nacional, regional y local”, dice Escamilla Jaime.
Con estas propuestas se incentivaría la economía local, regional y nacional de manera importante, sin contar otros beneficios sociales.
