La decisión de la Comisión de Tarifas del Transporte Público de aumentar el pasaje en la Zona Metropolitana de Guadalajara, de 6 a 7 pesos, y en general de un peso en las demás ciudades medias del resto del estado, ha incrementado el descontento entre los integrantes de dicha comisión y sobre todo entre quienes se verán afectados por esta medida.
“Ya me estoy preparando para lo que viene”, dice Delia, una señora que vive en Tonalá y trabaja haciendo la limpieza en varias casas de Guadalajara y Zapopan. “Yo tengo que tomar cuatro camiones todos los días: así no me ajusta”.
El disgusto no es solamente de los usuarios, sino también de algunos choferes, como un conductor gruñón de la ruta 629: “A mí qué me importa el aumento. A nosotros no nos va a beneficiar en nada. El gobierno sigue subiendo el diesel. Me gasto mil 200 pesos por turno. Un peso no me cambia nada”.
Sin embargo, no es solamente el incremento lo que causa inconformidad, sino la forma en que fue decretado: “Se consuma un atraco a la población en general. En ninguna comisión del mundo se toman los acuerdos como se tomaron aquí. Nos presentaron el estudio hoy y quieren que hoy mismo lo aprobemos, sin disertación”, dijo al final de la reunión de más de tres horas de duración, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Marco Antonio Núñez Becerra.
“Es una comisión de la farsa”; agregó el líder estudiantil: “Es notorio que hay un acuerdo con los transportistas. Estamos desilusionados. Se demostró una vez más que los transportistas aumentan las tarifas cuando ellos quieren”.
La forma en que trabajó la comisión fue criticada también por el alcalde interino de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe Camacho y por el presidente de Coparmex, Óscar Benavides, quienes votaron en contra de los aumentos.
“Hay justificación para tener un alza. Es el formato de la reunión el que me parece incorrecto: que en algo de una trascendencia tan alta se tome una decisión en unos cuantos minutos. Creo que la mayoría de los ciudadanos jaliscienses no nos merecemos esto”, afirmó Benavides.
Otro aspecto que criticó fue la falta de equidad en una reunión en la que estaban representados todos los transportistas, pero faltaba una representación ciudadana. “No voté en contra porque no estemos de acuerdo con un incremento en las tarifas del transporte público, sino porque no van amarradas con su respectiva calidad y seguridad, seguridad que pone en riesgo, tanto a los choferes como a los pasajeros y peatones”.
Justamente el tema de la calidad del servicio fue otro ausente: “Como cada año dicen que quieren un aumento para mejorar el servicio, pero no han cumplido, estos señores no tienen credibilidad en absoluto. Todo queda en el aire, porque no hay ni un acuerdo jurídico para que mejoren el transporte público”, señaló al respecto Núñez Becerra.
El aumento no satisfizo tampoco a los transportistas, cuyo estudio técnico arrojaba un costo del pasaje promedio de 8.66 pesos. “Si no aceptamos esta tarifa de siete pesos, en lugar de hacer un paro, no vamos a poder operar”, aseguró al respecto Hugo Higareda, representante de TUR. “Aceptamos con la condición de que se convoque nuevamente a la Comisión de Tarifas y efectivamente, que se les den los estudios a todos los que participan, para que vean cuál es la tarifa real, en función de la calidad del transporte”.
En cuanto a mejorar el servicio, dijo que “no podemos hacer esto solos. Necesitamos que muchas iniciativas se voten en el Congreso a favor de ruta-empresas, que se dejen de otorgar concesiones sin estudios completos y necesitamos que la gente nos diga qué tipo de transporte quiere, no cuánto quieren pagar. Yo como transportista estoy harto de que la variable más importante no es la tarifa, sino la política: si le quitamos política vamos a lograr lo que la gente quiere”.
También Jorge Higareda, presidente de la Alianza de Camioneros, además de declararse inconforme con el alza de un peso, lamentó el formato de la sesión. Con respecto a la reforma “exprés” a la Ley de Servicios de Vialidad, que se votó y publicó un día anterior a la reunión con insólita rapidez, y con la que el gobierno del estado otorgó la plena facultad de decisión a la comisión, aseveró: “Le quitaron al gobernador la resolución del problema. Es lo que hicieron ayer, y preparar todo para que fuera de una manera: que sin tomar en cuenta los estudios, se dictaminara políticamente”.
Afirmó que “la gente no tiene para qué pagar más por el incremento, que el gobierno lo subsidie”, y reconoció que la calidad del servicio que ofrecen no es satisfactoria: “Necesitamos los medios para mejorarlo, pero con este peso no nos alcanza: vamos a empeorar día con día. No podemos dar mantenimiento continuo y esto va a repercutir en el servicio”.
Juan Carlos Villarreal Salazar, presidente del Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios de Jalisco (FUSCEJ), se manifestó a favor del aumento de un peso. “No compartimos que se pida una tarifa ofensiva para el ciudadano, y que luego se negocie por debajo del agua algún otro beneficio. El gobierno de todos modos sale y nos dice la tarifa que ellos quieren. Entonces se nos hace burda la estrategia. Creemos que los aumentos deben ser graduales. No puede ser un aumento de dos o tres pesos al ciudadano, porque esto desincentiva el uso del transporte público. A la gente le representa cerca del 20 o 30 por ciento de sus ingresos el gasto en transporte público. Si nosotros le aumentamos el 30 o el 40 por ciento, como se quería, de nueve pesos, la gente se va a bajar de los camiones”.
El FUSCEJ pide al gobierno no sólo el aumento de tarifas, sino también reiteró algunas demandas, como que no se den permisos nuevos, que no sobresaturen las rutas, que no otorguen ampliaciones nuevas y que, por el contrario, piensen en una reestructuración de rutas, que se ocupen de la credencialización de los usuarios del transvale y el prepago. “Varias cosas que podrían ayudarnos a racionalizar, a hacer más eficiente el cobro del pasaje y que nos traerían beneficios”.
Villarreal comenta que hace falta que los transportistas tengan disposición para los cambios comentados. “Debería existir un proceso de selección y saber qué perfiles de operadores tenemos que traer en el volante. Ahora nuestro sistema nos dice que los conductores que andan en nuestros camiones llegan con una licencia que sacaron en la Secretaría de Vialidad con un curso de una tarde y sin ninguna experiencia. Por la necesidad y la falta de organización, esas personas se suben a manejar un camión, cuando hay países en Latinoamérica en donde duran hasta tres meses estudiando para ser conductor de transporte público. Creemos que debe haber mucha voluntad política para pensar en institucionalizar este tipo de cuestiones, de hacer un plan que a lo mejor nos lleve seis años, pero que se vayan implementando estos proyectos poco a poco”.
El FUSCEJ, junto con la Universidad de Guadalajara y con el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, comenzó una certificación de operadores, lo que implica cerca de 40 horas de capacitación a choferes, quienes salen graduados como promotores de la seguridad vial y para responder a primeros auxilios. Acaba de egresar la cuarta generación de los cursos, que se traduce en 90 usuarios beneficiados por día en el transporte público. Existe el propósito de que éste sea un proceso institucionalizado y que constituya una obligación para todos los conductores.
Villarreal destaca las malas condiciones de trabajo de los choferes: horarios injustos y diferenciación en salarios por el mismo trabajo. “Es una parte que reconocemos que nos hace falta homologar. Sin eso es difícil que avancemos en el servicio”.
Con todo, lo que ha dejado en claro la reunión de la Comisión de Tarifas es que la discusión sobre el transporte público, lejos de estar resuelta, apenas empieza. Por una parte los transportistas requieren que convoquen pronto a otra sesión, mientras la ciudadanía precisa organizarse.
Marco Antonio Núñez ha declarado que la FEU revisará las actas de la sesión del miércoles, para buscar elementos jurídicos y verificar la validez del alza en las tarifas, en coordinación con otras organizaciones civiles.
La federación estudiantil está organizando acciones y manifestaciones para impugnar esta decisión: “No descartamos nada. Siempre hacen esto cuando la Universidad está descansando, porque le tienen miedo a la movilización de estudiantes que con una causa justa como esta se puede articular. Nosotros estamos definiendo acciones. No descartamos una movilización mayor. Sin embargo, vamos a seguir haciendo cosas”.
Núñez Becerra comentó que darán seguimiento a la solicitud de transparencia presentada en la Secretaría de Vialidad y Transporte: “En las últimas fechas nos hemos enterado que es irregular la concesión, son irregulares los permisos y todo parece indicar que no hay sanciones. En un oficio solicitamos, entre otras cosas, los contratos, los convenios, las concesiones, los permisos y las subrogaciones del transporte público, con su antigí¼edad y el cumplimiento de mecanismos legales que les exige la ley. Ante esto nosotros vamos a convertirnos en un observador del transporte público a fondo e invitamos a la sociedad en general a que se sume a ello. Que sepan que los vamos a traer a raya, porque eso es lo que justamente quieren, que los ciudadanos les exijamos”.
