El Nixticuil en peligro

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La voracidad de los empresarios afecta al bosque El Nixticuil. Fraccionamientos en construcción en la zona declarada como área natural protegida y algunos más en zonas aledañas, incluso la perforación de un pozo con permiso otorgado por Semarnat, hacen que el hombre sea su peor amenaza.
Desde incendios provocados para quitar los árboles, hasta la falta de guardabosques, la responsabilidad es compartida con la autoridad. Sin embargo, para los vecinos, la preocupación va más allá, pues aunque se tiene la declaratoria municipal y está en proceso la federal, se teme que se siga cambiando el uso de suelo o se continúen aprobando licencias de construcción sin estudios de impacto ambiental.
Por ese motivo y en caso de comprobar anomalías, es que el regidor perredista de Zapopan Manuel Villagómez podría proponer juicio de lesividad contra funcionarios de la pasada administración, entre los que se incluirían directores de áreas (obras públicas, en ese tiempo Ignacio Vázquez Ceseña) e inspectores, entre otros.
“Nosotros tenemos que insistir hasta el cansancio en que no podemos interponer el interés económico, sobre el ecológico. Procede si la autoridad dio licencia de construcción donde no debió darlo y está violando leyes estatales, federales y reglamentos; si llegara a proceder se tendría que ir contra la administración que era del PRI”.
De aprobarse este juicio, sería sindicatura quien diera seguimiento y posteriormente se presentaría ante el Tribunal de lo Administrativo.
Y es que uno de los fraccionamientos que está dentro del bosque es Verde I Serena, al parecer del empresario Francisco Ibarra García de Quevedo. Éste abarca 17 hectáreas que están dentro de la zona protegida, que es de mil 591 hectáreas, declaratoria que se dio en diciembre del 2006.
Por lo pronto, lo que sí puede hacer esta administración, además de iniciar el juicio de lesividad, es no otorgar más permisos de construcción en zonas aledañas al bosque. Pero hay dos proyectos más de fraccionamientos: La Cima, al parecer de Promotora Ochoa Bienes y Raíces, y San Lorenzo y Santa Luza de Home Financial, las cuales, a juicio de los vecinos afectados, invaden cerca de 12 hectáreas, siendo las cañadas una de las partes afectadas y que al parecer no se incluyeron en el polígono protegido El Nixticuil, El Diente y San Esteban.
“Lo primero que tenemos que hacer es aplicar la ley, dónde sí se puede construir y dónde no; hacer valer la ley de desarrollo urbano, la ley de ecología y de protección del medio ambiente del estado, un programa de zonificación y el reglamento de construcción que tiene el ayuntamiento, pero también está la ley de equilibrio ecológico que aplica la Semarnat y que tiene de vigilante a la PROFEPA”, agregó Villagómez.
Por su parte, Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), profesora e investigadora del Departamento de Estudios e Investigaciones Jurídicas del CUCSH y coordinadora del área de legislación ambiental, consideró que la presente administración no está actuando por el bosque.“Yo creo que ahorita no están haciendo nada, incluso hemos dado seguimiento de los juicios de nulidad que se interpusieron ante el Tribunal de lo Administrativo por parte de algunos vecinos de Los Guayabos”.
Y es que, por otra parte, al parecer, algunos miembros del Ejido Zapopan construyen cerca de El Nixticuil, en una zona conocida como La Roblera, lo cual también preocupa a los vecinos.

Declaratoria amañada
Para Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta de IDEA, la declaratoria de mil 591 hectáreas como área natural protegida estuvo “amañada”, porque dejaron fuera 279 hectáreas, de las cuales 64 al parecer son propiedad de la familia Leaño y el resto para fraccionamientos que fueron aprobados por la pasada administración.
Con documentos en mano de las propuestas de declaratoria -de los cuales La gaceta tiene una copia-, expresó que las proposiciones de IDEA y de otras organizaciones para incrementar el polígono fueron rechazadas. Incluso en 2006 la Universidad de Guadalajara, a petición del propio ayuntamiento, realizó el estudio justificativo que indicaba que en esa zona habitan 105 familias de plantas, 538 especies de árboles, hierbas y arbustos, considerando conveniente que fueran mil 870 hectáreas las protegidas.
Por su parte Julio Vizcaíno Gutiérrez, de la Dirección de protección al medio ambiente, informó que la declaratoria municipal aprobó que estuvieran -por su ubicación y por ser de baja densidad- las 17 hectáreas del fraccionamiento Verde I Serena dentro de la declaratoria como área natural protegida.
A la pregunta expresa de por qué no se revocó la licencia de construcción para ese fraccionamiento, respondió: “Si nosotros hubiéramos tratado de revocar esa licencia, ese permiso, no se hubiera logrado la declaratoria y es mucho mejor tener mil 591 que 17. Todo el municipio tiene propietarios y a nosotros nos costó mucho trabajo que aceptaran, y no nos detuvimos por esto, no nos atoramos, preferimos las mil 591”.
Dentro de este panorama, que se puede considerar desalentador, la buena noticia es que está en marcha la propuesta de la declaratoria nacional. De hecho, en el Diario oficial de la federación apareció la consulta pública; ya tienen los estudios justificativos que fueron los que se entregaron y en caso de que no hubiera observaciones se podrá dar la declaratoria próximamente, sin que exista fecha para ello, pero ya es un avance, manifestó la investigadora universitaria y presidenta de IDEA.

Incendios provocados
Sumada a los fraccionamientos, hay otra amenaza: los incendios. Adriana Hernández, miembro del Tigre II Salva bosque, denunció incendios, en su mayoría provocados, siendo los vecinos quienes, exponiendo sus vidas y ante la falta de guardabosques, son los encargados de apagar el fuego en la mayoría de los casos.
“Es lamentable, pero sí lo hacemos, porque nos damos cuenta y no hay de otra, ya más o menos sabemos cómo entrar y salir sin quemarnos; sí nos da mucho miedo, pero sobre todo coraje, porque eso de quemarlos es una de las estrategias para seguir fraccionando”.
Mencionó que contabilizan la destrucción de más de 800 árboles por esta causa, siendo la mitad de ellos árboles pequeños y el resto adultos, por lo que las acciones de reforestación y hasta de replantación pueden resultar mínimas ante los daños causados.

Fraccionamiento “sin impacto”

Fraccionamiento “sin impacto”
para Julio Vizcaíno, de la Dirección de protección del medio ambiente, Verde I Serena, el fraccionamiento aprobado por la pasada administración, es un complejo habitacional de baja densidad, que además ha cumplido con el transplante de árboles.“Son 17 hectáreas, serán 18 predios, no necesitan tumbar arbolado y sí han cumplido con el transplante, pues de 15 árboles llevan con éxito el 95 por ciento”.
La obra está detenida desde hace seis meses por la propia constructora, porque al parecer el suelo presenta dificultades; se piensa “que pretendían hacer un muro, pero se toparon con un suelo muy difícil”.
El funcionario aseguró que no hay otro fraccionamiento en construcción en la zona declarada como área natural protegida. No obstante, al haberse otorgado licencia de construcción, se viola la ley general de equilibrio ecológico, la ley general de vida silvestre, la ley de aguas y la ley general para el desarrollo forestal sustentable, indicó Gutiérrez Nájera, quien mencionó que la zona que invade este fraccionamiento es de cañadas, con lo que algunas especies –como el búho americano– corren peligro de extinción, así como otras variedades tanto de flora como de fauna.
Por su parte, para los vecinos de la colonia Los Guayabos, no fueron 15 árboles derribados ni transplantados, sino cientos de especies, con lo que se daña severamente la flora y fauna. Por esta preocupación, ellos han interpuesto varias denuncias, principalmente ante la PROFEPA, agregó Consuelo Márquez.

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