Cuando los militares de la 41 Zona Militar de Puerto Vallarta llegaron al rancho de El Limoncito, municipio de La Huerta, no podían creer a lo que vieron: en chozas dispersas y camufladas en medio de la tupida vegetación de la selva, estaba uno de los narcolaboratorios más grandes que se había encontrado hasta entonces en Jalisco. Lo más increíble, que militares y agentes de la procuraduría no lograron explicarse fue cómo, a pesar de que al lugar se podía acceder solamente después de dos horas de camino a pie, la fábrica de drogas sintéticas pudiese estar equipada con reactores de dos metros y medio y dos plantas de luz, una de las cuales pesaba cuatro toneladas.
Era el 20 de noviembre de 2010. Ya entonces el descubrimiento de laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas en nuestro estado no era una novedad, pero en los últimos cinco años esta ha ido aumentando exponencialmente, hasta hacer de Jalisco la segunda entidad del país donde se destruyeron más narcolaboratorios, después de Sinaloa y por encima de Michoacán.
Según datos de la SEDENA, en 2007 fueron solamente dos, en 2008 subieron a 31, mientras que en 2009 y 2010 se estabilizaron en 28. Fue el año pasado cuando las incautaciones de laboratorios de producción de droga sintética se dispararon a 58. En lo que va de 2012 ya van siete, el último de los cuales, realizado el pasado 7 de febrero en un rancho de Tlajomulco, fue el más grande decomiso de droga sintética del país, con 15 toneladas de metanfetaminas aseguradas, por un valor estimado de 58 mil millones de pesos.
Nuevo business
Estos datos muestran cómo la producción de drogas sintéticas se está convirtiendo en el nuevo negocio para los cárteles mexicanos, y eso por varios motivos.
En primer lugar, producir la metanfetamina es mucho más redituable para los grupos delictivos que importarla de otros países, como explicó en rueda de prensa el general Gilberto Hernández Abreu, comandante de la 15 Zona Militar de Zapopan: “Hemos sabido desde hace años de aseguramientos importantes, por ejemplo, en países de Europa y otras partes del mundo de donde se importaba ese tipo de drogas. Y con esto los delincuentes se dieron cuenta que es más fácil comprar los químicos y fabricarlas aquí mismo en el país”.
Pues hay que considerar que un kilo de metanfetamina cuesta 20 mil dólares en Estados Unidos, principal mercado al que está destinada esta droga, y que en algunos laboratorios se llegan a producir hasta 30 kilos por día.
Además, el consumo de esta droga está en expansión: “Los delincuentes están queriendo posicionar más al crystal que a la cocaína desde México, porque producir el crystal aquí lo hacen a partir de procedimientos químicos, la cuestión logística es mucho más fácil que estar trayendo droga desde otros países”, dijo el general Genaro Fausto Lozano Espinosa, comandante de la V Región Militar.
Impunidad intrínseca
Otro aspecto que hace atractivo este tipo de droga, para los grupos de la delincuencia organizada, es la dificultad para averiguar y en consecuencia demostrar legalmente el proceso productivo.
Primero, los laboratorios se encuentran en lugares aislados, donde para los delincuentes es muy fácil controlar las vías de acceso, permitiendo así la fuga en caso de que lleguen los militares o la policía. Lo demuestra el hecho de que en la PGR de Jalisco, pese a que en 2011 se abrieron 62 averiguaciones previas por narcolaboratorios, se están investigando solamente a 43 detenidos.
Por otro lado, el proceso de producción de las drogas sintéticas se compone de tres etapas: la compra de sustancias químicas de base, la elaboración de los precursores químicos y la del producto terminado.
Como explica Ulises Enríquez Camacho, enlace en Jalisco de la PGR, “para demostrar que existe un ciclo de producción, hay que unir las tres fases, pero es muy difícil, porque lo fundamental es encontrar el producto terminado, y eso no siempre se hace”.
Explotación
Además, los grupos delictivos emplean mano de obra desesperada y barata. Enríquez explica que la mayoría de los laboratorios de la ZMG y de los Altos, donde se decomisaron la mayoría, pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación y la Resistencia, mientras que los 15 que se encontraron en los límites con Zacatecas son operados por el Cártel del Golfo.
Estos últimos presentan una particularidad: “Con las investigaciones hemos detectado que este grupo secuestra a migrantes centroamericanos que viajan hacia Estados Unidos en los trenes de Veracruz, y los traen para que trabajen en la elaboración de droga”, explica Enríquez.
“Los engañan, esta gente refirió que los narcos le dicen que van a trabajar un año para ganarse el dinero para ir a Estados Unidos; no se dan cuenta en lo que están metidos e incluso muchos de ellos han declarado que no saben ni donde están”, concluye el funcionario.
La realidad desde el otro lado
José Díaz Betancourt
Al tiempo que hay muchos analistas y organismos en el mundo que estudian la estrategia de combate al crimen, del presidente mexicano Felipe Calderón, “la realidad es otra y lo sabemos. Él tomó la posición de desarrollar e implementar una estrategia de mano dura, pero quizá lo que no se esperaba es el nivel de la violencia y con ello las lamentables cifras de muertes y de víctimas de esa estrategia”.
Así lo aseguró la doctora Celina Realuyo, durante la conferencia “Crimen trasnacional organizado y redes ilícitas”, organizada por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del estado de Jalisco, el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de Washington, DC –donde Realuyo es académica– y el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.
Lo que hemos visto en otros países, dijo Realuyo en una videoconferencia transmitida el pasado 2 de febrero en varios escenarios locales, es que hace falta un esfuerzo comprensivo, es decir, no solamente lo que se llama la fuerza en contra de los grupos del crimen organizado, “sino la incorporación de otros programas de tipo socioeconómico para en realidad canalizar a todos los que han sido reclutados por estos grupos, principalmente jóvenes”.
“Los que estamos afuera, vemos que las cifras de las víctimas de la violencia aumentan cada mes y entonces lo que tenemos que preguntarnos es por qué en realidad esta estrategia no está teniendo el éxito que la población mexicana quiere”.
En otros pasajes de esta videoconferencia, transmitida desde Washington a varias universidades, así como a personal adscrito a diversas esferas de seguridad en Jalisco y en diversas aulas universitarias de la UDG, la doctora Realuyo dijo que es urgente reconsiderar nuevas formas de combatir al crimen organizado, bajo factores determinados, como: la investigación de las cadenas de suministro de los productos del crimen.
Para ello, recordó que entre otros, los tres principales rubros del crimen son: el narcotráfico, la trata de personas y las armas. “Por eso hay que desnudar a los encargados de las cadenas, quién los financia, sus mecanismos de movilización, tomando en cuenta que no sólo se trata del aire, el mar y la tierra, sino del ciberespacio también”.
La especialista señaló que el principal reto de los países es la lucha contra las organizaciones criminales, que tienen las características de trasnacionalidad. “El crimen organizado ha estado aprovechando condiciones de ingobernabilidad, de corrupción y de economías en conflicto para asentarse en distintos países, modificando el paradigma de la lucha contra el crimen organizado”.
También agregó que actualmente aparecen convergencias totales o cercanas entre crimen organizado, insurgencia y terrorismo y viceversa, cuyas principales motivaciones son las religiones y la avaricia.
Sugirió tomar en serio los nuevos niveles a los que Estados Unidos ha ajustado su combate, homologando la intensidad y las características de su lucha, tanto para el crimen organizado como para el terrorismo.
También recomendó que la estrategia global a seguir sea reconocer el grave problema y avance del crimen organizado: “Generalmente van dos o tres pasos adelante”; además de organizar cuadros de inteligencia, combatir los campos financieros y los mercados, reforzar la procuración de justicia y promover la cooperación internacional.
Legalizar para controlar
Mariana González
La legalización de las drogas en México debe ser una decisión consensuada entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, y no una imposición unilateral, consideró el especialista en seguridad y defensa nacional de Estados Unidos (EU), Craig A. Deare, en su conferencia del pasado 7 de febrero, titulada “Implicaciones de la legalización de las drogas en México”, en el Auditorio Silvano Barba, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en la que destacó que más que un asunto de combate al crimen organizado, este tema debe abordarse desde la perspectiva de la salud pública.
“Cualquier decisión que se tome debe llegar a acuerdos entre los gobiernos y las sociedades de México y Estados Unidos, porque la demanda que existe en territorio norteamericano está afectando a los mexicanos. Entonces debe haber una decisión compartida”, aseguró el decano de la National Defense Universidad de Washington, en EU.
Afirmó que una posible legalización de las drogas no significa que los capos de los cárteles de la droga no vayan a ser perseguidos, sino que el gobierno tomaría el control y daría a empresas legítimas la concesión para producir y distribuir las drogas y a la vez allegarse de impuestos.
“Es cierto que al quitar estos ingresos, les dejarían otras actividades delictivas, pero con ganancias más pobres. Con eso se les quita su principal fuente y la posibilidad de distribuirlas. Así se cambia ese esquema y se controla. A la larga los costos sociales y de inseguridad podrían disminuir”.
Ante ello, los gobiernos deberán apostar a la educación de la ciudadanía, con la finalidad de que conozca los posibles daños como consecuencia de su abuso y tenga las herramientas para decidir si quiere probarlas y consumirlas con regularidad, agregó Craig A. Deare.
El especialista ejemplificó con el caso del tabaco en Estados Unidos, que en los últimos 15 a 20 años ha disminuido su consumo gracias a las campañas educativas en las que se previene de los daños que representa el tabaquismo a la salud humana, “por lo que podría hacerse algo similar con el abuso de las drogas ilegales”.
