La reforma electoral será puesta a prueba este 7 de junio. El gran desafío: abatir el abstencionismo ante una sociedad que se siente despreciada por la clase política, consideran politólogos consultados por La gaceta.
Reformas van y reformas vienen, y la consolidación del sistema electoral en México parece un proceso inacabado. La dinámica de emprender reformas inmediatamente después de los comicios, se ha convertido en un entramado cada vez más complejo y caro. Es así como el recién creado Instituto Nacional Electoral (INE), que cuenta con 74 nuevas atribuciones, enfrenta su primer gran examen en la próxima jornada electoral.
El especialista en Derecho e instituciones electorales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Alejandro Arciniega Jaime, considera que todo apunta a que una vez que pasen los comicios el destino inevitable será otra reforma, pues los problemas de fondo no han sido resueltos.
El alto costo, por ejemplo, no se enmendó. A nivel federal se destinarán 18 mil 572 millones de pesos, 12 por ciento más que en el 2012, pues la estructura duplicada de un instituto nacional y organismos locales permanece. En lo logístico, una de las novedades es la creación de las casillas únicas, de las cuales habrá 9 mil 962, pero hay dudas sobre la operatividad de esa medida.
“Estamos ante un nuevo modelo electoral en que el INE lleva preponderancia, lleva la batuta y regula a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). El espíritu era reducir el costo de los procesos y evitar intromisiones de cualquier índole, pero al final habrá de evaluar y ver cuál será el saldo que nos va a dejar esta reforma. Algunos estudiosos ya han empezado a sacar análisis, los cuales reflejan que a pesar de que la reforma buscaba reducir costos, en los 17 estados donde hay elecciones concurrentes, si sumamos lo que se invierte entre el INE y los OPLES, no estamos cumpliendo con ese objetivo”, dice Arciniega Jaime.
El académico de la UdeG Carlos Navarrete Ulloa explica que la reforma tampoco ha servido para revertir el distanciamiento entre la sociedad y la clase política, e invoca en este sentido el término de “cartelización de la política”.
“La clase política mantiene un acuerdo tácito para repartirse el poder sin necesidad de competir, y la reforma política está inmersa en esa profunda crisis del sistema electoral y responde únicamente a los intereses de los reformadores. Hay una paradoja en los procesos reformistas: los que reforman son los que deberían de ser afectados. Las reformas deben de afectar a los reformadores. Y obviamente los reformadores no se van a autoflagelar, a autocastigar, ni van a retirar todas las ventajas que han obtenido en este proceso reformista desde hace algunas décadas”.
Un sistema cada vez más complejo
Con la reforma electoral el INE adquirió 74 nuevas atribuciones, 53 de ellas de carácter nacional. Ahora debe capacitar a todos los funcionarios de casilla del país y fiscalizar los gastos de campaña de todos los candidatos —incluidos alcaldes y regidores, que antes correspondían al Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) de cada entidad. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales alcanzó 493 artículos además de los 97 de la Ley General de Partidos Políticos.
“Se supone que reglas más sencillas, pero sustantivas y esenciales, norman mejor las relaciones, pero a su vez también el minimalismo abre espacios a la discrecionalidad. Y en ese caso la institucionalidad informal tiende recurrentemente al clientelismo, entonces estamos en desprotección con esas normas minimalistas. Pero esa lógica nos lleva a creer que haciendo normas más complejas y más detalladas vamos a resolver el problema, lo cual no es cierto”, explica Navarrete Ulloa.
Y añade: “La cuestión tiene que ver más con el respeto al ciudadano. Y hay desprecio de la clase política al ciudadano y mientras eso persista, seguiremos teniendo una sociedad no interesada en ser partícipe, responsable, exigente de rendición de cuentas”.
Navarrete Ulloa cree que a lo que ha llevado el reformismo es a hacer más y más complejo el proceso electoral y más incomprensible para el ciudadano común y corriente, pero los partidos políticos al final tienen facilidades, pues siempre encuentran los vacíos o la forma de sacarle la vuelta.
Para Arciniega Jaime la importancia del examen del 7 de junio, es que esta reforma sienta el precedente de cara al 2018. Sin embargo, cree que nada cambiará mientras los actores políticos sigan con el doble juego de sentarse a la mesa a poner reglas para romperlas en cuanto se levantan.
“Es el preámbulo. Viendo lo que suceda en esta elección es como veremos qué tal funcionó, y desgraciadamente después de tanta reforma no vemos la luz al final del túnel. Parece que tenemos pendiente otra reforma, y no terminamos de darle el cierre a la cuestión electoral de este país. La cadenita es elección–reforma-elección-reforma. Ese ciclo nunca va a terminar porque no nos comprometemos realmente a apegarnos a las reglas del juego”.
Navarrete concluye que el gran desafío es sacar a la gente a votar el 7 de junio, pero sospecha que se vivirá un abstencionismo nunca visto antes.
“Me baso en el mensaje de los políticos que es de desprecio a la población y por consecuencia no resuelven en nada el desafecto que sienten los ciudadanos por ellos. La clase política está desprestigiada, casi al nivel de las policías. De manera que para las elecciones en junio el gran reto, y lo que quedará como evidencia del nivel de éxito de las reformas de la clase política y del propio Instituto, es si la gente sale a votar o si la gente sale escasamente a votar”.
