La prohibición no es sólo para quienes buscan la ciudadanía mexicana. También para aquellos que pretenden trabajar de manera legal en nuestro país, como Leopoldo, un médico cubano que desde septiembre de 2005 llegó a Guadalajara para participar en un congreso científico y aún no consigue legitimar su situación migratoria.
“Estuve tres años y siete meses como indocumentado. En febrero de 2006 presenté en Gobernación una oferta de trabajo y los documentos para que me dieran el cambio de actividad y de situación migratoria, para pasar de no lucrativo a lucrativo, pero la respuesta fue negativa, solo una explicación jurídica que no es fácil entender. Apelé la decisión, pero la respuesta otra vez fue no”.
Leopoldo, quien hace más de cuatro años dejó de ver a su esposa e hijos, que permanecen en Cuba, tiene el propósito de conseguir la forma migratoria para trabajar. “Alguna gente me prometía hacer la gestión, pero yo no puedo pagar. Los cobros no eran menores de 40 mil pesos. Uno viene de un país que no tiene recursos, y yo sin trabajar aquí tampoco, ¿cómo voy a tener 40 mil pesos?”.
Las restricciones de México para otorgar la ciudadanía a extranjeros provenientes principalmente de países de Centro y Sudamérica, Asia y Cuba en particular, so pretexto de proteger su soberanía y en algunos casos en respuesta a convenios con otras naciones, permite que en el mercado negro extorsionen y abusen de quienes pretenden la nacionalidad mexicana.
A petición del gobierno cubano, México se comprometió a limitar conceder la ciudadanía a los nativos del país caribeño, quienes se presume buscan una triangulación de nacionalidades hasta obtener una visa estadounidense. Lo mismo ocurrió con Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Caso aparte es Colombia, con quien México decidió demarcar la relación por los vínculos de aquel país con el narcotráfico.
El doctor Juan José Serratos Cervantes, jefe del Departamento de Derecho Social, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, explicó que a causa de las limitantes que nuestro país impone a estas personas, es fácil que se dejen engañar y cubran cantidades extraordinarias, por encima de los 10 mil pesos que de manera normal costaría el trámite.
Los impuestos establecidos en la Ley Federal de Derechos no supera los 10 mil pesos, costo total del proceso de investigación, mientras que en el mercado negro alcanza hasta los 80 mil pesos un trámite que normalmente sería rechazado, como en los casos de los extranjeros provenientes de los países citados anteriormente.
Para evitar engaños, la diligencia puede ser realizada por un gestor, explicó el especialista universitario: “alguna persona o experto en la materia que ayude con asesoría y cobre sus honorarios. Lo aconsejable es que el interesado acuda a la secretaría y realice el trámite de manera personal”.
Así lo aconseja el jefe del Departamento Jurídico, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Samuel Jaureguí, después de informar que el costo del trámite es de mil 250 pesos, y solo se eleva a 3 mil 540 para quienes tienen cinco años en el país.
El funcionario indicó que en promedio, son entre dos y tres los extranjeros que cada semana se acercan a solicitar información del trámite, pero debido a que los requisitos se incrementaron, no todos regresan. Refirió que a nivel nacional, se entregan anualmente entre cuatro y cinco mil cartas de naturalización. En 2008, se entregaron 4 mil 471.
La corrupción es otro tema con el que los extranjeros tienen que lidiar, pues si bien existe un avance significativo en su lucha, gracias a la información de los portales de internet de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la puesta en marcha de la ley de transparencia, el problema no ha sido erradicado del todo y hay quienes utilizan resquicios para engañar.
Los abusos se dan de los dos lados, admite el doctor Serratos, quien habla de una doble explotación. “Hay mexicanos que amenazan a extranjeros con denunciarlos o iniciarles un procedimiento migratorio si no hacen lo que ellos quieren, y éstos, por su lado, llegan a ofrecer dinero o algún tipo de servicio con tal de obtener su propio beneficio”.
Andreína, una chica venezolana, confesó haber recibido una propuesta de matrimonio cuando apenas tenía dos meses en Guadalajara. “Fue un poco fría y monetaria, ya que tenía que “bajarme de la mula” (dar el dinero) con 20 mil pesos en dos partes, las dos antes del matrimonio. Todo venía con la supuesta seguridad de que la persona se divorciaría de mí, pero yo tenía que pagar todo el servicio de separación”.
El proceso ahora es más asequible, sobre todo desde la última reforma a la ley de nacionalidad y naturalización mexicana, realizada hace un año. Establece un pago para el trámite de investigación, viajar a la ciudad de México o ser verificado por la Interpol y acreditar el conocimiento del idioma, cultura, historia y tradiciones mexicanas, así como el pago de derechos.
Por cinco mil pesos extra, como pago de honorarios, un bufete de abogados (como los que se anuncian en internet), se encarga de llevar a cabo el trámite completo. Por la misma cantidad, promete dar seguimiento al caso durante el tiempo que sea necesario hasta obtener el documento e incluso ofrece un acordeón con las preguntas del examen.
Para Leopoldo, con deseos de trabajar en nuestro país, quien poco entiende de términos jurídicos, pero que tiene como único pecado haber nacido en la tierra de Fidel Castro, el costo es diferente: se eleva a 40 mil pesos, equivalentes al sueldo de 13 años de trabajo de un obrero que se consideraría “bien pagado” en Cuba.
