Ya no es como antes, ahora parece un desierto”, dijo la doctora Raquel Gutiérrez Nájera del Instituto de Derecho Ambiental (Idea). Donde era plenamente un bosque, ahora es evidente la intervención humana, y con ella, la devastación. Hay maquinaria, árboles mutilados y tierra removida.
Las ardillas corrieron por las calles porque se quedaron sin casa –comentan algunos vecinos–, y los pájaros enmudecieron. Ahora el predio está rodeado de alambrado, como privado de su libertad, de su derecho a ser bosque. Comienza a ser víctima de la mancha urbana que amenaza con sus letreros de “Propiedad privada”.
El predio en disputa son 15 mil metros que forman parte de las 90 hectáreas declaradas en 2007 como área natural protegida por el ayuntamiento de Guadalajara en el bosque de Los Colomos, en la llamada sección III, ubicado en la calle Retorno a Torreón de la colonia Colinas de San Javier.
Estos son los nombres: José ívila Sánchez, Rodolfo Camacho Salazar, Alejandro Madrigal Orozco, Alejandro Marco Morales Pérez, Guillermo Orozco Salido, Ana Rosa Pelayo Velasco, María de los íngeles Velasco Saldívar y Susana Ochoa Villaseñor, quienes se adjudican como propietarios. La constructora Oromont Inmobiliaria SC, según La Asociación Ciudadanos por los Colomos, tiene intenciones de comprar a los presuntos particulares para construir en el predio un condominio vertical de ocho niveles y 40 departamentos, lo cual, de acuerdo con la doctora Raquel, “comete un daño muy grave para la cuenca Atemajac y a todos los arroyos que nutren el bosque de Los Colomos”.
Dicha cuenca tiene una superficie de 90.5 kilómetros cuadrados y un volumen de agua de 20.21 millones de metros cúbicos, que abastece a un total de 17 colonias y 70 mil habitantes, según datos de los estudios técnicos justificativos elaborados por el Departamento de Geografía y ordenamiento territorial, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
El conflicto
La disputa comenzó cuando la asociación Ciudadanos por Los Colomos, asesorados por Idea y algunos investigadores de la UdeG se opusieron a la construcción de los edificios mediante una demanda penal interpuesta contra los supuestos propietarios –a quienes llaman invasores– y la constructora, que ya comenzó el trabajo de limpieza en el predio para la construcción, incluyendo la tala de árboles.
Nadie admite querer dañar la integridad del bosque. Los supuestos propietarios no evitan que en el predio se construya el complejo habitacional. Su argumento es que su supuesto terreno no está dentro del área natural protegida. “Mi propiedad está fuera del polígono”, comentó Guillermo Orozco, quien apareció en un debate televisivo al respecto, y aseguró además haber adquirido el terreno en el año 2000, mediante un remate.
Según el Instituto de Derecho Ambiental, independientemente de que el predio esté dentro o fuera del área protegida, se está cometiendo un delito ecológico al desmontar esa parte del bosque, pues los mantos acuíferos reaccionarán ante la zona ya devastada. “La destrucción de esta vegetación no sólo trae consecuencias directas para la flora y la fauna, sino que también amenaza la capacidad de recarga y de captación de agua de los acuíferos y mantos freáticos que se encuentran en el bosque”, menciona en los argumentos interpuestos en la demanda.
Guillermo Orozco, supuesto propietario en defensa de la construcción del proyecto habitacional, asegura que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó previamente el estudio de impacto y, según comentó, “ya se hizo una supervisión visual, y claramente dice que no hubo ningún daño al arbolado”.
Pero los investigadores de la Universidad opinan lo contrario: “Si la Profepa no encontró nada, qué lastima. Nosotros levantamos un acta ante notario público y con la asistencia de gente altamente calificada de la UdeG, en la que advertimos que el daño que se hizo (en los 15 mil metros del predio) es tremendo para la cuenca alta y los arroyos que nutren el bosque de Los Colomos”, comentó la doctora Raquel.
Defensa blandengue
La Asociación Ciudadanos por Colomos, e incluso el propio alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, señalan al gobierno estatal de no intervenir en defensa del bosque. En las demandas que se han interpuesto anteriormente contra los “invasores” el gobierno nunca se ha presentado a defender el terreno que le pertenece desde 1897, como sitio público.
Mientras que el gobierno estatal adoptó una actitud pasiva, Ciudadanos por Colomos, junto con algunos integrantes del ayuntamiento tapatío, acusan incluso al regidor Juan Pablo de la Torre Salcedo de apoyar a los constructores, pues aseguran haberlo visto en distintas reuniones manifestando su apoyo a dicho proyecto inmobiliario.
La determinación final la emitirá un juez, aunque la construcción ya inició, y con ella el daño ecológico, que ya es visible. Los daños podrían ser catastróficos mientras se antepongan los intereses económicos que deja la industria inmobiliaria, a la preservación de los espacios naturales, tal y como lo expresó el Rector general de la UdeG, Carlos Briseño Torres, quien se unió a la defensa del bosque: “La mancha urbana y la voracidad de los constructores se lo está acabando (al bosque), y se lo va a acabar si no se aplican las leyes y si los ciudadanos no cuidamos esto”.
