El mundo del trabajo ha cambiado. La época del pleno empleo, en la que una persona tenía una ocupación remunerada por tiempo indeterminado y con todas las prestaciones de ley, no volverá. En opinión del doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, coordinador del doctorado en derecho y jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas, del Centro Universitario de Tonalá, esta es una premisa que deben tomar en cuenta los jóvenes.
“Esto hay que decírselo a los jóvenes universitarios: el pleno empleo no regresará jamás, porque la tecnología nos ha cambiado todo. Cambió el mundo del trabajo, porque estamos en la era del conocimiento y del empleo virtual. El futuro del trabajo estará en la autoocupación. Hay que formar una cultura diferente con los jóvenes, para que éstos piensen que van a ser empresa y que no proyecten emplearse, ya que cada día, a nivel mundial hay un rezago de empleos grande. Que hagan algo que les guste, en lo que sean expertos y que puedan ofrecer sus servicios”.
Indicó que esta idea debería ser apoyada por los gobiernos con estrategias como sólo cobrar el 50 por ciento de impuestos durante los primeros dos años de existencia de empresas recién creadas, con el fin de evitar su quiebra.
Respecto a las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo, conocidas como Reforma Laboral (la que dicen las autoridades fue hecha para los jóvenes), el también presidente internacional de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, aseguró que no generarán más empleos ni equidad.
“No sé si va a funcionar, pero habrá que perfeccionarla. Había una necesidad de modificar la Ley Federal del Trabajo, porque la misma data de 1970. Creo que es mejor la legislación que teníamos antes. Estas reformas, en automático no van a generar más empleos ni más equidad. Ni respetan más la dignidad del trabajo. Deberíamos darle oportunidad de que sea puesta a prueba, porque en cierto modo para muchos trabajadores puede ser mejor que quedarnos con la ley anterior”.
Ocho de cada 10 ocupaciones en el mundo se generan en el mercado informal. Ante la realidad de que no todas las personas tienen un trabajo formal, el presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo consideró que “en esta reforma se dejó fuera al sector informal de la economía, a todos aquellos que hacen el trabajo de subsistencia y que tienen derecho al trabajo”.
Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), existen 15.5 millones de trabajadores informales en México. Ruiz Moreno dijo que en realidad son cerca de 40 millones quienes sobreviven a través del trabajo informal no regulado.
“Lo que conviene al Estado es que conozca quienes son ellos, porque ahí se esconde el crimen organizado. También debería hacer una inversión social, dejando de gastar en otras cuestiones que no son prioritarias”.
Temas de la reforma, como los contratos a prueba, la capacitación, los derechos de los sindicatos y la contratación por outsourcing, tercerización del trabajo, suministro interno, son cuestionados por empresas y trabajadores. Al respecto el especialista indicó que “por fin se ha regulado aquello que estaba en la práctica y a discrecionalidad de patrones y trabajadores. Hay el outsourcing o los contratos por hora, pero en las universidades trabajamos por hora y no recibimos ninguna afectación. Todo esto son verdades a medias”.
Respecto a poner auditores externos en los sindicatos, Ruiz Moreno indicó que ello violentaría el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue adoptado por México el 1º de abril de 1951, el cual establece en el Artículo 3 que “las organizaciones de trabajadores tienen el derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, de elegir libremente a sus representantes, de organizar su administración y sus actividades y formular sus programas de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención o injerencia que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal”.
En un plazo que vence el 30 de octubre de este año, el Senado de la República deberá determinar si aprueba el decreto enviado con las reformas hechas por la Cámara de Diputados.
