Como una reacción desmesurada y penosa calificó el especialista en Derecho Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, Manuel Becerra Ramírez, la decisión del gobierno federal de emprender cargos legales contra los ciudadanos que en días pasados presentaron una denuncia contra Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.
“La reacción del presidente me parece que es injustificada desde el punto de vista jurídico, precisamente porque está coartando el derecho de los ciudadanos de acudir a los foros internacionales, en específico de la corte internacional, una corte de la que México aceptó su competencia, en ese sentido me parece que es una posición por parte del presidente desmesurada”.
Becerra Ramírez, quien participó en el XV Encuentro Internacional de Juristas, organizado en el marco del Feria Internacional del Libro, hizo énfasis en la falta de conocimientos acerca del Derecho Internacional por parte de los asesores del gobierno, razón que, dijo, los lleva a cometer estos errores.
“La demanda está en el marco del derecho de los ciudadanos, es decir tanto la declaración universal de los derechos humanos en principios meramente declaratoria y después se convierte en una norma internacional como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los pactos en 1966, la convención americana, dan el derecho a los ciudadanos para poder tener acceso a la justicia”.
En cuanto al concepto de agotamiento de recursos internos que la Corte Penal Internacional contempla como requisito para poder tomar en cuenta la denuncia, el jurista de la UNAM dijo que si bien es obligación de los ciudadanos acudir antes a todos los tribunales, en algunas ocasiones esto no es posible.
“Este concepto tiene también sus bemoles, en algunos casos es imposible agotar los recursos internos, porque no existe justicia a nivel interno, muchas veces los sistemas mismos no dan la posibilidad de agotamiento de recursos internos, en consecuencia no se le puede exigir eso al ciudadano”.
El especialista en Derecho Internacional reconoció que aún existe el debate en la Corte Penal Internacional de si se puede o no juzgar a un presidente en virtud del fuero internacional del que gozan, pero insistió en que la denuncia en la que se acusa a Calderón por crímenes de lesa humanidad, es simplemente el hecho de hacer valer el derecho del ciudadano a la justicia, independientemente si la CPI toma o no el caso a consideración.
“Lo que tiene que hacer el presidente es pedir perdón, porque es muy grave lo que está haciendo el gobierno mexicano, es ir en contra de lo que dispone la constitución, el artículo primero de la Constitución establece la obligación de que el estado mexicano cumpla con los tratados internacionales que contemplan los derechos humanos, entonces esto es terriblemente grave, y es además un precedente bastante penoso”.
Manuel Becerra Martínez fue uno de los 120 firmantes de un pronunciamiento publicado en diversos medios de comunicación en pasado 30 de noviembre en el que se solicitó al presidente Felipe Calderón, reconsiderar su decisión de emprender acciones legales contra los ciudadanos.
