Educación y subdesarrollo

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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha resaltado el interés central y estratégico que tiene la educación para el desarrollo socioeconómico y cultural de las naciones. Insistente ha sido sobre las consecuencias que acarrean en la calidad de la educación las restricciones presupuestales, sugiriendo invertir cuando menos el ocho por ciento de su producto interno bruto (PIB).
En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hace público que México es de las naciones que menos invierte en educación; criterio por el que nos ubican, de acuerdo con los indicadores y estándares de crecimiento y desarrollo, como nación subdesarrollada.
A pesar de recomendaciones y señalamientos de organismos internacionales, las políticas nacionales de inversión educativa han determinado en los últimos años su restricción presupuestal.
Los limitados recursos destinados a las instituciones de educción superior están afectando la cobertura de ingreso, el incremento y calidad en los proyectos de investigación, la capacidad para realizar innovaciones académicas, las condiciones salariales, posibilidades de promoción y ascenso de los trabajadores universitarios, y repercutido en los gastos de operación que posibilitan su funcionamiento.
Si la intención del abandono presupuestal no es menoscabar las estructuras de la educación pública, está dando ese resultado. Hoy alrededor de 10 universidades públicas estatales se encuentran al borde de la quiebra financiera.
Esta impositiva realidad presupuestal por si misma acusa el inaceptable estado que actualmente guarda la educación pública. El porcentaje destinado es del 5.4 por ciento del PIB, inferior al ocho por ciento ordenado por la Ley General de Educación y menor aún al 10 por ciento que invierten naciones desarrolladas.
La cobertura nacional de acceso a estudios de nivel superior es apenas del 27 por ciento, comparado con países del cono sur que promedian entre 45 (Chile), 50 (Venezuela) y hasta 60 (Argentina) por ciento o frente al 70 u 80 (España, Francia, EUA).
A la función sustantiva de investigación y desarrollo se destina tan sólo el 0.4 por ciento del PIB, frente al promedio de la Unión Europea de 1.81 por ciento o al 3.5 (Suecia) y 4 por ciento de Japón.
El promedio nacional de investigadores por cada mil habitantes es de 0.9, frente al 7.2 (Alemania), 9.2 (EUA) o 10.3 (Japón). En cuanto a la cantidad de posgraduados que generen conocimientos indispensables para formar parte de las sociedades de la información y aprendizaje nos encontramos muy rezagados respecto a otras naciones.
Datos y cifras evidencian nuestro subdesarrollo educativo: ubican a nuestra nación por debajo de los estándares internacionales y denuncian que no sólo los países desarrollados tienen mejores partidas de gasto por alumno en educación básica, media superior y superior, sino incluso países de peso económico semejante.
¿Con la implementación de políticas públicas de pertinencia presupuestal, aspiraremos a cambiar nuestra condición de nación subdesarrollada, y enfrentaremos competitiva y exitosamente a las actuales sociedades del conocimiento; podremos brindar oportunidades de bienestar, crecimiento y desarrollo educativo que contrarresten la pobreza e ignorancia o abatiremos los crecientes índices de delincuencia y desigualdad social? Definitivamente creo que no.
Las obstinadas políticas de restricción presupuestal dejan en claro que los gobiernos tecnocráticos y neoliberales de las últimas décadas, sin importar la calidad de la educación y carentes de todo proyecto en sustentabilidad educativa, han implementado políticas gerenciales de adelgazamiento del Estado, con el propósito de diluir la responsabilidad social, constitucional e histórica que tiene en todos los niveles educativos. Su obvia y notoria falta de compromiso con la educación pública ha llevado a las universidades estatales a una deficitaria situación económica que ha puesto en riesgo, en perjuicio de la sociedad, la existencia misma del sistema nacional de universidades públicas.