Desigualdad que encierra

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Crecer en entornos hostiles, con escasez de recursos económicos, pero, sobre todo, no tener acceso a la educación, son el caldo de cultivo para que alguien termine en una cárcel. Esta correlación de variables se refleja en el trabajo de la doctora Martha Fabiola García  Álvarez, del Centro Universitario de los Altos, quien coordinó a un grupo de investigadores para analizar las características de la población carcelaria en el penal de Puente Grande, y se encontró con personas que crecieron en estas condiciones de desigualdad y ahora purgan una condena.

La falta de escolaridad es la constante en las tragedias personales de cada uno de los reclusos, lo que confirma que la educación sigue siendo la clave para que alguien encauce su vida a un mejor rumbo, de acuerdo con este proyecto interdisciplinario titulado Aspectos educativos como factores que influyen en la salud mental y conducta delictiva.

“Se entrevistó al 25 por ciento de la población del penal de Puente Grande. Tomamos cuatro grupos: dos de mujeres, unas por robo y otras por homicidio, y otros dos grupos de hombres, por robo y homicidio. Y la educación, no sólo escolar, sino también la crianza en el hogar y el aprendizaje fuera de sus casas es determinante para que se involucren o no a pandillas, consuman drogas o en las calles se enrolen en conductas antisociales y delictivas”, explica la catedrática.

En el caso de las mujeres homicidas, el 70 por ciento venía de un entorno familiar violento o donde faltaba la figura del padre, madre o ambos, ya sea por abandono de hogar o simplemente falta de atención.

“Estas mujeres salen a las calles y aprenden  conductas como prostitución, consumo de drogas, alcohol y delitos menores, desde jóvenes: muchas delinquieron desde los 13 o 14 años. Y el 100 por ciento de las que entrevistamos se ve involucrado en deserción escolar. Se salieron de su hogar y abandonaron la escuela, y se involucraron con gente que consumía drogas”, explica.

Las mujeres condenadas por robo  llegaron a tener mayor grado de estudios, con un 10 por ciento menos en deserción escolar, pero aún así, la correlación entre falta de educación y criminalidad sigue siendo fuerte.

En el caso de los hombres, detalla García Álvarez, el mayor aprendizaje delictivo también se da fuera del hogar y los condenados en homicidios presentaron alta deserción escolar.

El 60 por ciento llegó hasta la secundaria, el 35 por ciento sólo a la primaria y muy pocos a la prepa. El 100 por ciento dijo que  aprendieron a delinquir afuera del hogar, tanto en asesinatos como robos. Un 5 por ciento ni ha estudiado.

“La problemática básicamente en los hombres es el aprendizaje fuera del hogar, lo que tiene mucho que ver también con crianza, desintegración familiar.  Generalmente viven en casas pequeñas, son familias numerosas, hacinadas, tienden a salirse del hogar. Los padres incluso los corren a veces para que se salgan: ‘aquí no caben’, les dicen. Luego se suman a pandillas o incluso a formar parte de los grupos criminales”, agrega.

La falta de recursos también se refleja en la falta de una defensa legal adecuada: “El 100 por ciento dijo que ni siquiera conocieron al juez que los condenó. Y el defensor de oficio no les atiende correctamente, por exceso de trabajo o falta de conocimiento suficiente.  El 80 por ciento de los reclusos tienen nivel económico bajo y por falta de defensa están recluidos. Eso lo señalaron ellos mismos sin preguntarles. Ni siquiera conocían a su defensor de oficio, hay desvinculación entre ellos”.

Otro fenómeno es el de las familias criminales, y se da entre hombres o mujeres, con casos donde el padre y la madre son cabecillas de pandillas o grupos delincuenciales, e involucran a los hijos.

“Una reclusa que entrevisté cayó por robo pero sus padres y hermanos cayeron antes por secuestro. Nacieron en ese ambiente y es una forma de vida que involucra no sólo a ellos, sino a toda la familia”
La especialista propone que el Estado emprenda verdaderas políticas de prevención, pues existen programas que se implementan a nivel federal y estatal a partir del sector educativo, pero en lugar de la educación de calidad se enfocan más a lo físico de los planteles y no a lo interno, a lo que sucede con los alumnos.

“Hay que cambiar la política. La escuela de calidad tendría que ver con profesores de calidad, contenidos de calidad y prevención de conductas antisociales y delictivas dentro de un plantel educativo. La verdad que se hacen de la vista gorda, no hay medidas para corregir a los niños y se deja pasar. Hay mucha permisividad en los planteles educativos”.

Esta investigación obtuvo el segundo premio en el IX Congreso Argentino de Salud Mental que organizó la Asociación argentina de Salud Mental, en buenos Aires Argentina, del 26 al 28 de agosto de 2015
En el trabajo premiado, también participaron Carolina de la Torre, Jorge Humberto Medina, María Gpe. Díaz Rentería, Luz Adriana Nápoles, Martha Graciela Fuentes, del CUAltos, y Dante Haro Reyes del CUCSH; además, dentro de la formación de recursos humanos, colaboraron el alumno de Psicología en CUAltos Víctor Alejandro Romero, así como Joel Dillón Franco, Steffy Zavala Dávila y otros prestadores de servicio social por el Programa de Incorporación Temprana de Investigación.

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