Las autoridades no han cumplido con su obligación de otorgar la seguridad pública, lo que ha ocasionado que algunas ciudades del territorio nacional se encuentren en proceso de Estado fallido, dijo el doctor Dante Haro Reyes, investigador del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
Por lo que, “en la ausencia de un Estado de Derecho, de protección y garantías, la delincuencia organizada aprovecha el caldo de cultivo y perpetúan actos para sembrar terror”.
Por su parte, Arturo Villarreal Palos, el investigador y doctor en Derecho del CUCSH, destacó que desde hace varios años el país vive lo que llama un ‘relajamiento del Estado de Derecho’ por lo que existen zonas de ingobernabilidad de la autoridad.
“Tiene que ver con la impunidad y nuestro sistema de persecución penal en crisis porque es ineficaz para solucionar las conductas delictivas. Este relajamiento genera que el sistema no disuada la delincuencia y existan espacios de vacíos de poder”.
Estas afirmaciones fueron realizadas después del ataque al Casino Royale, ocurrido el pasado jueves 25 de agosto, en Monterrey, Nuevo León, y que dejó más de 53 personas muertas.
“El ataque fue a las instalaciones, pero los terceros perjudicados fueron la sociedad civil. A los delincuentes les interesa posicionar el terror y brutalidad en los actos, que mientras mas brutales, inhumanos y violentos sean, puedan posicionarse en el colectivo y que les resulten más fáciles los cobros de derecho de piso. Los grupos de la delincuencia organizada como el narcotráfico, la venta de armas, la trata de blancas y prostitución tienen como modus operandi vender terror“, dijo Haro Reyes.
Mientras que Villarreal Palos indicó que la actitud del crimen organizado de agredir a personas que no tienen que ver con el crimen organizado no es un fenómeno nuevo.
Además, los ataques en los que muere población civil alimenta la vulnerabilidad de la población al ver que las autoridades no los protegen, agregó Dante Haro Reyes.
“Nos repercute en el colectivo de una ausencia de derechos y una impotencia porque el Estado no erradica a la delincuencia organizada de una manera correcta y los delitos crecen día con día”.
Al cierre de la edición, diversas agencias noticiosas informaron que el grupo de Los Zetas cobraban al Casino Royale 130 mil pesos semanales. En ciudades del norte del país, el crimen organizado cobra una “cuota de derecho de piso”.
Al respecto Haro Reyes refirió que “Al no pagar (la cuota) se perpetúan actos para sembrar terror”, y enviar mensajes a otros que de no cumplir les puede pasar lo mismo. La vulnerabilidad de estos ciudadanos es síntoma de un Estado de Derecho en extinción.
Ante el suceso, los investigadores proponen que la ciudadanía se involucre como colectividad en este tipo de hechos, mientras que las autoridades, deben reconocer que no se está ganando esta batalla.
“Lo que pasa es que tenemos memoria corta y las señales nos pasan de largo. Muchas personas la próxima semana lo olvidaran y estarán inmersos en lo cotidiano, es lo que sucede en la mayoría de los casos. Nosotros este tipo de hechos no los sentimos cerca, razón por la que como colectividad no hacemos lo suficiente”, apuntó Villareal Palos.
“Todavía no entendemos que es una estrategia fallida y con elementos descoordinados. No hacen la restructuración y los cambios necesarios para poder tratar de revertir la situación, sigue aferrado a una política errónea. Se tienen que aplicar los cambios necesarios para que realmente puedan funcionar las cosas y no con la mal llamada Guerra contra el narcotráfico que sólo ha arrojado resultados magros”, dijo Haro Reyes.
