Rocío y Raúl, a pesar de no conocerse y vivir en ambientes distintos, tienen muchas cosas en común. Ella es una joven indígena de Mezcala, él un señor mestizo de El Salto, pero ambos pugnan por la dignidad de los pueblos originarios de México. También comparten una lucha por los derechos de su gente. Rocío por la defensa del territorio ancestral y Raúl contra de la contaminación que afecta la salud de su región. Pero, sobre todo, los dos son activistas que han sido hostigados, difamados e incluso detenidos ilegalmente debido a las acciones de promoción y defensa de los derechos humanos que implementan en sus comunidades.
Ellos conocen los riesgos relacionados con esta actividad en México, que denunciaron tanto la ONU como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en dos diferentes informes. El de esta última institución revela que entre 2005 y mayo de 2011, con base en 363 quejas, se documentaron 523 casos de violaciones a los derechos de los defensores de los derechos; un paradójico trabalenguas que se destraba en una realidad en que estos activistas son amenazados, acosados, detenidos, desaparecidos y hasta asesinados.
Jalisco ostenta el primer lugar en este rubro: del total de quejas, 97 fueron presentadas en este estado, muy por encima del segundo y el tercero, que son el Distrito Federal (con 46) y Chiapas (44).
Ambiente “hostil”
“El 26 de enero de 2008 estaba junto con otras organizaciones ambientalistas en una reunión con el director de ecología del ayuntamiento, que era nuevo y nos quería conocer”, cuenta Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, Jalisco.
“Estábamos sentados a la mesa, cuando llega una señora llorando y dice que en el hospital hay un niño que quedó en coma después de caer el día anterior en el canal del Ahogado. Todos se quedaron tranquilos, como si nada. Yo fui a hablar con ella. Empezó a darme detalles e inmediatamente me puse en contacto con los padres. Y empecé a destapar el asunto con la prensa”.
El niño se llamaba Miguel íngel López, de ocho años, quien fallecería 13 días después en el hospital por intoxicación por agentes químicos. A partir de ese momento los acosos en contra de Muñoz Delgadillo empezaron a recrudecerse: “Antes ya había habido amenazas por parte de las autoridades, que me decían ‘ya bájale’, me descalificaban, pero yo no las tomé mucho en cuenta”.
Las amenazas se hicieron efectivas en julio del mismo año: “El día 7 se inundó la colonia La Azucena, donde cayó el niño, y otra vecina. Al día siguiente estuve allá hablando con los afectados que me dijeron que no tenían apoyo por parte del gobierno del estado, por lo que le propuse hacer una manifestación en Guadalajara para el 9 de julio”.
Ese día se reunieron en la colonia a las 10 de la mañana: “Tenía poco allí, cuando llega una patrulla y los policías me dicen que quieren hablar conmigo en la presidencia. En cambio me llevaron directamente a los ‘separos’”.
Por una distracción de los policías, logró comunicarse con varios periodistas que estaban esperando la manifestación, por lo que dieron a conocer su detención. A las cuatro de la tarde lo trasladaron a la Procuraduría General de la República, delegación Jalisco. A las ocho de la noche, cuando lo presentaron ante el Ministerio Público Federal, aún no sabía el motivo de su reclusión. “Él me dijo que estaba detenido por posesión de droga, 46 gramos de mariguana con fines de venta. Hasta malos son para hacer las cosas, pensé cuando me lo dijo”, afirma riéndose.
El Ministerio Público lo interrogó y se fue; “al rato regresa y me dice: ‘A ver, la neta cabrón: ¿quién eres tú?’. ‘Ya les dije que soy un ambientalista y que me detuvieron cuando estaba encabezando una manifestación’. ‘La neta, porque hay 200 cabrones adentro de la Procuraduría que no se quieren salir si no te soltamos’. Ya habían llegado mis compañeros y tomado las instalaciones de la PGR, gritando mi nombre”.
A la una de la mañana dio su declaración y le fijaron una fianza de cuatro mil pesos: “Entre toda la gente cooperaron para sacarme. Fue algo que me sorprendió y me emocionó”. Agrega que “todavía hay presiones. Aquí cerca de mi casa seguido tengo rondines de la policía. Hago varios trabajos que les incomodan, por lo que tratan de mantener la presencia. Desafortunadamente en México ser activista es un riesgo”.
Derecho indígena: fallas “originarias”
Mediante el Informe sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en México 2009 y su actualización del año pasado, la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH) documentó 165 agresiones en contra de activistas y defensores en el periodo de enero 2006 a octubre de 2010.
De estas, las principales fueron agresiones físicas, detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento y uso arbitrario del sistema penal. En cuanto a los autores de estas violaciones, indica: “El nulo o poco avance en el esclarecimiento de la autoría material y, de ser el caso, de la autoría intelectual de este conjunto de agresiones continúa siendo una constante y es un reflejo directo de las falencias en las investigaciones que están a cargo de las autoridades competentes”.
En más del 50 por ciento de los casos se desconocen los responsables de estos actos y, además, la comisión comprobó que en esta materia existe un nivel de impunidad del 98.5 por ciento. En cuanto a las actividades de los defensores, señala que uno de los grupos más vulnerable son los defensores de los derechos indígenas.
Es el caso de Rocío Moreno, que fue detenida ilegalmente el pasado 6 de septiembre. Ella es comisionada de la comunidad indígena de Mezcala, donde hace 11 años inició un conflicto en contra de un empresario de Guadalajara que invadió 11 hectáreas de terrenos comunales, sobre los cuales existe un juicio a favor de la comunidad.
Sin embargo, “desde hace tres años el invasor comenzó a corromper a algunas autoridades de la comunidad, y contrató a paramilitares que andan encapuchados y armados amenazando a la gente que se acerca a la zona invadida”, asegura Rocío.
“José Paredes, el comisionado de ecología, está trabajando en la reforestación en el cerro donde se encuentra la ‘propiedad’ del empresario, y los paramilitares los emboscan en las camionetas, le tiran piedras o disparan al aire”.
La situación llegó a su punto crítico cuando el empresario en enero de este año empezó a desviar los cauces de algunos arroyos y puso un panel solar para bombear el agua a su terreno: “En una asamblea se comisionaron a 50 personas para que el 10 de abril desmontaran el panel y lo entregaran al Ministerio Público”.
A raíz de esto, el empresario puso una demanda y el juzgado giró órdenes de aprehensión en contra de 11 autoridades y comisionados de la comunidad, entre los cuales se encuentra Rocío, a pesar de que el día en que se desarmó el panel ella estaba en un seminario del CIESAS.
En septiembre la joven indígena fue citada a las instalaciones del periódico Milenio, por personas que se presentaron como periodistas, donde la detuvieron judiciales y la llevaron a la Procuraduría de Justicia. Al día siguiente, el 7 de septiembre, fue trasladada al juzgado de Ocotlán, donde salió bajo fianza. Tres semanas después obtuvo la absolución por falta de pruebas. Pero sobre los otros 10 comuneros pende todavía una acusación por daño a las cosas.
“El empresario, junto con el MP construye un expediente totalmente maquillado, ya que nunca se entregó un título de propiedad del terreno donde instaló el panel o los permisos de Semarnat y Conagua por el desvío de los arroyos. Además, de las 11 órdenes de aprehensión, en cinco casos no existe ni querella”.
Agrega que “lo que está en tela de juicio es que las autoridades no quieren tomar en cuenta los acuerdos del gobierno tradicional, aunque sí está reconocido constitucionalmente a través de la Ley Agraria. De nuevo quieren golpear la organización de la autonomía de la comunidad. No le dan personalidad jurídica en las pruebas del caso. Esta es la forma en que nos criminalizan.
”Ahora resulta que nosotros somos los que pisamos la cárcel, cuando son los otros quienes tienen las armas, que nos están invadiendo cuando sólo estamos habitando la tierra que nos han dejado nuestros padres”, concluye Rocío.
Violaciones en aumento
En la presentación del citado informe de la CNDH, el ombudsman Raúl Plasencia reconoció que “los ataques de todo tipo contra los activistas son cada vez más frecuentes”. De hecho el documento hace hincapié en el preocupante incremento que se registró el año pasado en las violaciones a los derechos de los defensores: si entre 2005 y 2009 abrieron en promedio 21 expedientes por año, en 2010 estos fueron 48, lo que implica un aumento del 128 por ciento.
Plasencia dijo que en el mismo periodo “se han documentado un total de 27 homicidios de activistas por los derechos humanos”, y reconoció que en las violaciones en contra de defensores existe “una cifra negra” porque las “víctimas o familiares se resisten a hacer una denuncia o a hacer público su asunto por amenazas o desconfianza a las autoridades”.
Reafirmó la constatación de las Naciones Unidas al señalar que “la inmensa mayoría de estos asuntos está en la impunidad, sin la detención de los responsables de estas agresiones, que son tanto autoridades como agentes no gubernamentales”.
De Disneylandia a El Salto: una vida para el activismo
Cuando tenía 22 años, Raúl Muñoz quiso conocer el sueño americano, pero no lo encontró en Estados Unidos, sino el húmedo terror de la sierra salvadoreña. Allí –dice– descubrió que el verdadero rostro del Tío Sam es el de un delincuente. Y se puso del lado de las víctimas.
“En el 1980 me dije: ‘Vamos a Estados Unidos, a ver qué tal’”, cuenta el activista de 50 años, nacido en la Ciudad de México, pero criado en El Salto. “Quise además vivir la experiencia de pasar de indocumentado. Cruzamos por Tijuana seis personas en la cajuela de un Gran Marquís, hasta San Diego”, explica dando una bocanada a su cigarrillo.
Allá se puso a trabajar en un taller de laminado de carros, donde conoció a un grupo de salvadoreños: “Ya estaban muy activos, porque la guerrilla en su país había empezado. Me invitaron a reuniones del movimiento y me integré en la organización de eventos para recaudar fondos”.
Fue el 15 de mayo el día que cambió su vida: “hicimos una protesta muy grande afuera de la Colt, en Los íngeles, que empezaba a fabricar R-15 para venderlos al ejército salvadoreño.
“Inició la marcha y al mismo tiempo la represión. Damián García, un compañero de trabajo de Ciudad Juárez, y yo, íbamos entre el grupo que encabezaba la manifestación. Al doblar una esquina vimos a unos policías hincados: de repente empezaron a tirarnos proyectiles de goma”.
Él cayó al piso al recibir un impacto en el pecho. “Todos empezaron a dispersarse; dos compañeros me recogieron y me arrastraron, corriendo. Después de la corretiza me di cuenta que Damián no estaba”.
Empezó a buscarlo, cuando de repente vio a un grupo de 50 personas paradas mirando algo en el suelo: “Me abro paso entre ellos y vi que era Damián, tirado de bruces en medio de un charco de sangre. Lo agarro del hombro para verle el rostro, pero solamente el cuerpo se volteó, mientras la cabeza quedó igual: estaba totalmente degollado. Lo único que le quedaba era la piel de la nuca.
“Escuchando a varios testigos, supe que cuando todos empezaron a correr se le acercaron dos tipos y empezaron a llevarlo corriendo. De repente vieron que se cayó y que esos sujetos siguieron su camino. Después supimos que eran agentes federales”.
De allí empezó una persecución en contra del movimiento. Los despidieron del trabajo y tuvieron que esconderse. “Me pregunté: estamos luchando por la defensa de los derechos humanos, ¿cómo es que matan a un activista de esta manera? Entonces nos organizamos para ir a El Salvador”.
Viajaron más de una semana en camión para llegar a la capital del país centroamericano. La situación ya estaba caliente. A través de conocidos del Movimiento Farabundo Martí para la Liberación Nacional, buscaron a algunos compañeros, pero cuando llegaron a los domicilios que les indicaron las casas ya habían sido bombardeadas.
“Nos vimos obligados a retirarnos a la sierra, en Chalaltenango, donde estaba más cabrón. Yo era observador, cuidaba los contactos, las comunicaciones con México y otros países, pero cuando había ataques tuve que agarrar las armas. Fue autodefensa”.
Esto fue su bautizo. Tras quedarse allá dos años, regresó a México para fungir como enlace desde aquí. “Y también por la presión de mi familia: cuando supieron dónde andaba, casi les da un ataque. Ellos pensaban que estaba allá, en Disneylandia, y no metido con la guerrilla en la selva”.
En El Salto empezó a trabajar en la fábrica de Euzkadi, y de inmediato se metió a la lucha sindical. A finales de 1993 lo pensionaron por problemas de salud. “Al mes se da el levantamiento en Chiapas. Era enero de 1994. Yo aquí me sentía como pez fuera del agua, y mis compañeros que habían estado en El Salvador me dijeron que me fuera para allá. Y me fui, no obstante las protestas de mi esposa y de mis hijos.
“Ellos me decían: ‘A poco son más importantes aquellos indígenas que nosotros’. Es muy difícil que te puedan entender, porque luchar para aquellas personas es luchar para uno mismo”.
En Chiapas se quedó siete años, trabajando de enlace entre las comunidades y las personas externas que apoyaban al movimiento zapatista y como observador ante el ejército y los paramilitares.
En 2003 regresó a El Salto: “Dejo el paraíso de la selva y me regreso al municipio de mis padres, de mis hijos, y lo encuentro devastado”. Pero no fue solo la contaminación de los mantos acuíferos y de la presa del Ahogado lo que lo desesperó: “fue la actitud de la gente: pasiva, conformista; y todavía ahora lo es. Cómo si la contaminación no los afectara”.
A partir de 2006 creó el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental: “Tenemos un perfil muy claro: no somos un grupo ambientalista dedicado a sembrar arbolitos. Nosotros nos involucramos directamente con los enfermos que están sufriendo la contaminación en El Salto”.
Nunca se han registrado como A. C.: “No confío mucho en la institucionalidad. El camino que te he relatado ha sido al margen de las instituciones, y me ha dado una forma diferente de ver las cosas: lo importante es la voluntad, no buscar recursos”.
A partir de 2007, en los barrios cercanos a la presa El Ahogado, el comité documentó mil 198 casos de diferentes enfermedades que pudieran estar relacionadas con la contaminación.
“Ahora tenemos 366 casos de insuficiencia renal. Además, 19 leucemias en mujeres menores de 17 años y 87 con cáncer de diferentes tipos, de los cuales 23 son mujeres menores de 40 años, la mayoría de mama y cérvico uterino. El año pasado fallecieron 41 personas. En lo que va de este año ya son 39”.
Entre represiones y represalias, Raúl sigue su lucha. De Disneylandia a la guerrilla, del paraíso a El Salto, su misión es defender los derechos de los indefensos: “Nuestro trabajo es darle voz a los enfermos y a los muertos”.
