En los últimos años decenas de defensores de derechos humanos y activistas comunitarios han sido asesinados, han desaparecido o han sufrido amenazas por clamar justicia, defender sus tierras u oponerse a intereses de empresas privadas. Es una tarea ésta que se ha convertido extremadamente peligrosa, todo esto en medio de una crisis de violencia que se extiende por todo el país y donde, al parecer, ni siquiera hacerlo desde las instituciones es garantía de seguridad, ya que las tasas de impunidad para este tipo de crímenes son considerablemente elevadas, y, por ende, pareciera que la situación de violencia hacia los defensores es una realidad desconocida para la población.
En 2017 México fue el tercer país más mortífero para defensores de derechos humanos en el mundo, con 31 homicidios, sólo superado por Colombia, con 91 asesinatos, y Filipinas, con 60, según el Informe Anual sobre Defensores Humanos en Riesgo 2017 de la Organización Internacional Front Line Defenders. El documento indica que fueron 312 defensores asesinados de 27 países sólo el año pasado, de los cuales el 67 por ciento pugnaba por derechos sobre la tierra, el medioambiente y los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de mega proyectos económicos y de explotación de recursos naturales; sin embargo, apenas el 12 por ciento de todos los casos de asesinato dieron como resultado el arresto de sospechosos.
Cabe mencionar que el informe se dio a conocer algunos días antes de que se anunciara que, el 18 de enero pasado, fuera asesinada Guadalupe Campanur Tapia, defensora de los bosques y activista de 32 años que había apoyado a la transformación del territorio comunal de Cherán, Michoacán. La joven era integrante activa en la lucha por la seguridad y la justicia en ese territorio, donde en 2007 inició la expulsión de talamontes, narcotraficantes y políticos de sus tierras, y en 2011 establecieron el sistema de usos y costumbres que permitía resolver, de manera colectiva en la comunidad, las operaciones económicas y sociales.
La noticia del asesinato repercutió en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, en los que personas y organizaciones sociales pidieron justicia para Campanur, destacando la enorme labor que realizaba. No obstante, ni el gobierno estatal y ni el federal se pronunciaron sobre el asesinato.
De los casos recopilados por Front Line Defenders sobre amenazas previas, el 84 por ciento de las y los defensores asesinados habían recibido al menos una amenaza antes de su muerte, y al respecto el informe destaca que si la policía hubiese tomado medidas preventivas, los ataques podrían haberse reducido drásticamente.
Hace unos días, el 28 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe “Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos”, cuyo propósito es que los Estados de la región tengan una guía que les permita desarrollar programas, políticas internas y mecanismos para la protección de activistas, en concordancia con los acuerdos interamericanos sobre derechos humanos.
Es urgente que los Estados no continúen siendo parte del problema y se siga perpetuando la actual situación de riesgo en el país. No sólo se trata de leyes y políticas, sino también que haya prácticas y mecanismos que protegan a los defensores, así como investigar con debida diligencia los actos de violencia y sancionar a los responsables intelectuales y materiales. La adopción de este tipo de prácticas es primordial para producir los resultados requeridos.
