“Tengo dos títulos universitarios. Debo más de 60 mil dólares y apenas puedo comprar mi comida cada semana, mucho menos pagar los préstamos. Recibo más llamadas del banco que de mis amigos. Yo pertenezco al 99 por ciento”. Este testimonio es del estadunidense Robert Weiss, aparecido en el blog We are the 99 percent, que reúne historias de ciudadanos afectados por la crisis, podría ser también el de un joven chileno, de un colombiano y, en un futuro próximo, el de un mexicano.
En Chile y Estados Unidos las protestas de los movimientos estudiantiles evidenciaron las falacias de un sistema educativo excluyente y con fines de lucro, basado en créditos a estudiantes y en la privatización. Tendencia que Barack Obama está intentando revertir, mientras el gobierno de México va justamente en sentido contrario.
El pasado 9 de enero, el presidente Felipe Calderón anunció el Programa de financiamiento nacional a la educación superior, una apuesta dirigida decididamente a la educación privada en México y un primer paso hacia el retiro por parte del Estado de su responsabilidad de financiar la educación superior, coinciden en señalar tres especialistas interrogados por La gaceta. Es más, según la doctora Elia Marúm Espinosa, directora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior, de la Universidad de Guadalajara, es una medida anticonstitucional.
El discurso oficial
En la presentación del programa en el Tecnológico de Monterrey, el primer mandatario dijo que éste: “Beneficiará a los alumnos que más lo necesitan, fortalecerá la economía familiar, impulsará la competitividad y contribuirá a la generación de más y mejores empleos”.
El programa contará con un recurso de 2 mil 500 millones de pesos, que el gobierno, en colaboración con Nacional Financiera (Nafin) y cinco bancos privados, destinará al financiamiento de créditos a 23 mil jóvenes para el pago de su colegiatura en una de las 20 universidades privadas que se adhirieron al proyecto.
El plazo es de 15 años y medio para liquidar el préstamo, con una tasa de interés del 10 por ciento. No se piden garantías hipotecarias, pero sí que se contrate un seguro de vida y presentar un aval, aunque aún no está del todo clara su función.
Educación: bien público
El discurso oficial, sin embargo, dice y no dice, muestra y oculta. La doctora Patricia Gascón Muro, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad Autónoma Metropolitana-campus Lerma, explica que: “Este asunto nos preocupa, porque es una tendencia neoliberal que se veía venir desde hace algunos años, y que a través de evaluaciones recientes de casos como Chile y Estados Unidos, nos indica que va a generar verdaderos problemas nacionales”.
El problema de fondo, continúa, “está en la concepción de la educación que debe quedar garantizada por el Estado, como bien público, y más en una sociedad del conocimiento, mientras que en este caso se está apostando para que sean los propios particulares quienes corran con los gastos de su propia formación”.
La intención, según la académica, es ir abriendo la sensibilidad pública a la aceptación de esta propuesta, empezando por las universidades privadas, para luego extenderla a toda la educación superior, haciendo que el Estado se retire del sostenimiento de las instituciones educativas públicas.
Endeudamiento y recursos públicos
“Se va a generar un Fobaproa, porque los jóvenes no van a poder pagar, las tasas de interés van a ir creciendo y se va a generar una situación como la de Chile, con las familias endeudadas y créditos impagables. El Estado va a tener que entrar como garante y todos los mexicanos terminaremos finalmente pagando a estas universidades”, asegura la académica.
En esto coincide el doctor Ciro Murayama, profesor de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México: “Este plan es un desastre, sobre todo para las familias que llegaran a solicitarlo; una tasa de interés del 10 por ciento hoy en el mercado es una tasa muy alta. Así están las hipotecas, pero de por medio está la casa. Para los estudiantes puede significar que al cabo de cinco años de carrera la deuda que uno contrajo originalmente, haya acumulado intereses hasta por un 60 por ciento en términos nominales. Yo creo que al final se trata más de un anuncio político que de una política correcta”.
Adicionalmente hay que tomar en cuenta la difícil situación del mercado laboral mexicano y también que ahora, con el aumento de la demanda de educación superior, se necesita por lo menos un posgrado para garantizar la movilidad social.
“En una sociedad donde tenemos un déficit de un millón de empleos y donde los salarios son tan bajos, imaginemos cuánto tiempo les va a llevar a los estudiantes para pagar el crédito: son 215 mil pesos a un 10 por ciento de interés. Nadie puede garantizar a un recién egresado obtener un buen trabajo con un salario que le permita pagar la deuda”, dice al respecto Gascón Muro.
Hay además un aspecto cuanto menos turbio en el mecanismo de financiamiento: “Resulta sorprendente que se utilicen recursos de Nacional Financiera, que es una banca de segundo piso, es decir, que no presta al individuo, sino que canaliza créditos a otras instituciones que son llamadas de primer piso”, indica Murayama.
Esto implica que si los bancos privados prestan a una tasa del 10 por ciento, Nafin presta a un 3 o 4 por ciento de interés: “La diferencia entre tasas activas y pasivas es la ganancia de la banca privada en este negocio del programa que anunció el presidente Calderón”.
El Estado mexicano cuenta con instituciones de primer piso que hubieran podido prestar prácticamente a la misma tasa que Nafin, como es el caso de Bansefi, ahorrándole a las familias este diferencial de tasas de interés; entonces, ¿por qué meter a los bancos privados?: “Supongo, ya que el presidente dijo que este programa va a ayudar a quienes más lo necesitan, que quizá él cree que el bancario es de los sectores que más requieren el apoyo del Estado en México, y no las familias de los estudiantes”.
Anticonstitucionalidad
Elia Marúm concuerda también con que este programa es un negocio disfrazado de medida para ampliar la cobertura: “El objetivo general es seguir avanzando en apuntalar y agrandar la educación privada, pero el objetivo final es abrir un mercado atractivo para inversionistas extranjeros”.
“La educación superior privada para las clases de altos ingresos está saturada. Incluso las universidades privadas tienen un problema de baja demanda, por el empobrecimiento de la población. Entonces este programa va, primero, para compensar a ellos la pérdida de su demanda de colegiatura, y por el otro lado para mandar un mensaje a los inversionistas: en México habrá 23 mil clientes que van a tener con qué pagar su educación”.
Muchos de los recursos, a pesar de que el gobierno argumenta que financiarán una educación de calidad, se irán a universidades conocidas como “patito”, de las que en muchos casos no se puede tener la garantía de que brinden una sólida formación.
El asunto de fondo es claro, dice Marúm Espinosa: “Es seguir impulsando un proyecto de nación, en la práctica, totalmente contrario al proyecto constitucional, que garantiza en el artículo tercero a la población mexicana el derecho a la educación”.
La inconstitucionalidad del programa –añade– estriba en que: “En México la educación superior, al ser un derecho social y un bien público, no puede tener fines de lucro. Por eso las instituciones privadas de educación tienen que registrarse como asociaciones civiles. El gobierno no puede hacer un traslado de dinero público a los privados, menos cuando tenemos deficiencias en la cobertura de la educación pública y se nos dice que no hay dinero para aumentar el presupuesto”.
Se pregunta si de veras algunas universidades privadas no buscan el lucro: “Si con 2 mil 700 pesos mensuales la UdeG atiende a un alumno, invierte en cultura y en otras actividades formativas, ¿universidades que no tienen estos gastos y que cobran hasta 20 mil pesos mensuales, no tendrán ganancias?”.
“Y ahora de repente sale un Programa nacional de financiamiento, que no está previsto en el programa sectorial de educación 2007-2012, que no está previsto en el Programa de financiamiento nacional, tampoco en la Ley de ingresos y egresos, con un monto bastante importante de 2 mil 500 millones de pesos para las privadas.
”Era lo que quería hacer Vicente Fox en 2003, con el bono educativo, la propuesta de que el financiamiento se les diera a los estudiantes y no a las instituciones. Esto viola también la Constitución, porque implica que el Estado dé a cada consumidor individual, como si fuera mercado, el dinero para que compre el servicio educativo. Esto no lo dice la constitución. La Constitución declara que es responsabilidad del Estado garantizar el financiamiento de la educación”.
Privadas vs públicas
El monto previsto por el programa, opinan los académicos, podría tener un impacto social más grande si se entregara a las universidades públicas: “Se supone que va a beneficiar a 23 mil jóvenes… hacemos primero una comparación: con 2 mil 500 millones de pesos, si se los dieran a la UdeG, nosotros, con el costo que tenemos por alumno, podríamos atender a cerca de 80 mil estudiantes”, dice Marúm Espinosa.
“El problema es evidente: todos los recursos van a parar a la educación privada, y deja de recibirlos una educación pública que ha demostrado ser un vehículo para la movilidad social dentro de nuestras sociedades”, opina Gascón Muro.
Agrega que: “Es preocupante ver que nosotros, que estamos necesitando como instituciones públicas generar más plaza e incrementar la matrícula, no recibamos incrementos presupuestales”.
Ciro Murayama dice que: “La mera decisión de canalizar recursos a la educación privada” le parece un desacierto, “porque ello implica financiar a los sectores que más recursos tienen; y si de lo que se trataba era de apoyar a las familias, pues bien se hubiera podido pensar en becas para asegurar la permanencia en la educación superior pública y en ampliar la oferta educativa en este nivel”.
En este sentido, opina que si el objetivo es, como declara el mandatario, promover la equidad y la democratización de la educación, esto se hizo históricamente a través de la ampliación de la oferta pública.
“Ahora resulta que cada quien usa el lenguaje como quiere: México es un país que tiene un bajo porcentaje de su población en edad para tener acceso a la educación universitaria: tres de cada 10 estudiantes apenas, y una tercera parte de estos van a instituciones privadas. De tal manera que ya tenemos un sistema bastante desigual y recargado en la parte privada, y seguirle metiendo a la inequidad, es decir, seguir apostando por el sistema mercantilizado de la educación, no es generar equidad”.
El presidente Barack Obama ya declaró que va a reducir los pagos mensuales del millón y medio de estudiantes que obtuvieron un préstamo del gobierno federal. Es una situación que él y su esposa Michelle conocieron en primera persona, como reconoció en su campaña electoral, ya que al graduarse debían conjuntamente 120 mil dólares que tardaron 10 años en liquidar: “Pagábamos más por los préstamos para estudiar, que para nuestra hipoteca”, mencionó en una ocasión.
“En Estados Unidos hay un debate acerca de la burbuja económica en la educación superior, que tiene un altísimo componente privado, y que ha crecido sus costos de tres veces en los últimos 30 años”, señala Murayama.
“Los estudiantes están sumamente endeudados. Se habla de una deuda acumulada de 600 mil millones de dólares, lo cual nos está hablando de un modelo inequitativo de acceso a la educación superior, y a éste es al que le está apostando el presidente Felipe Calderón”.
Agrega: “No deja de ser ‘simpático’, para poner un calificativo suave, el hecho de que el presidente mexicano apueste por un esquema de acceso a la educación que es excluyente y diga que con eso está impulsando la equidad.
”Felipe Calderón está intentando con estos anuncios recuperar parte de la legitimidad frente a las clases medias y altas en Monterrey y en otras partes del país, que están apesadumbradas por el mal desempeño de la economía y por la crisis de inseguridad”.
A raíz de esta situación, Elia Marúm envía un cuestionamiento a los diputados y senadores: “¿Qué van a hacer para frenar este tipo de acciones atomizadas y puntuales que van en contra de la obligación del Estado de proporcionar una educación como un derecho social? Así como les dimos el voto para tener ese escaño, como nuestros representantes, que respondan a esta protesta que hicieron de hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Que tengan los pantalones para oponerse a las presiones de los organismos internacionales, como el Banco Mundial, que quieren que la educación no esté reconocida como un derecho social y un bien público, como en cambio sí lo está en la Constitución mexicana. Y que vean porqué de repente salen 2 mil 500 millones de pesos, cuando supuestamente no hay dinero en el gobierno para la educación”.
