Sofía padeció abuso sexual. A una década del ataque, aún no lo supera. Como ella, cada día una mujer es violada sexualmente en Jalisco, sin recibir la protección de las instituciones.
Desde niña padeció ataques de epilepsia, una enfermedad crónica caracterizada por trastornos neurológicos que generan convulsiones recurrentes. Por los daños cerebrales, su capacidad mental era la de una niña de siete años, aunque su delgado cuerpo, el día del ataque, el de una adolescente de 17 años.
Una tarde llegó a su casa con lágrimas en el rostro. Fue un día que quisiera olvidar, pero de su mente no desaparece la imagen del violador, un policía auxiliar encargado de la seguridad de los condominios en donde ella jugaba con sus primos.
Este policía la violentó y amenazó: “Si lo cuentas a alguien, le haré daño a tu familia”, le dijo.
“Vi que mi hija llegó mal, que algo le estaba pasando. Se metió a su cuarto y le pregunté”, afirma su madre.
Ambas acudieron al Centro de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) y a la policía municipal. Su madre, con voz de desconsuelo, explicó que “le hicieron unos estudios médicos muy humillantes y pues salió que fue violación”.
Este cuestionario se lo aplican a la víctima, a la que le preguntan por su comportamiento o forma de vestir –la consideran una incitación a la agresión sexual– o bien prevalece la idea de que las mujeres a menudo hacen falsas acusaciones de violación o que predominantemente son personas de mala reputación.
Sofía resultó embarazada, como 26 de cada 100 mujeres jaliscienses que sufren abuso sexual y que albergan en su vientre a una criatura no deseada.
Por su enfermedad, estaba en riesgo de morir si tenía al bebé. Los medicamentos que tomaba para controlar los ataques epilépticos eran fuertes, tanto que afectarían a la criatura y a su cuerpo.
“El neurólogo decía que mi hija podría morir y que el bebé no nacería bien. Me insistió que pidiera ayuda”, contó la mamá. “Pero me cerraron todas las puertas”. Aunque la Norma 046 obliga a las instituciones públicas y privadas a que practicaran la interrupción del embarazo en caso de violación, “los médicos del Hospital Civil y la clínica del IMSS, dijeron que no harían nada, que a ellos los meterían a la cárcel, porque no tenían autorización”, afirmó la señora.
Según el doctor Arnoldo Guzmán Sánchez, jefe del servicio de obstetricia del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el servicio de maternidad no hay registros de peticiones para practicar abortos por violación.
“En primer lugar, en el Hospital Civil no hay casos de este tipo. En segundo lugar, los médicos del Hospital Civil de Guadalajara y de cualquier hospital que estén obligados por una orden del procurador a realizar un aborto porque la paciente fue violada, el médico tiene derecho de no practicarlo, haciendo un repaso de conciencia personal”. Es decir, que los médicos pueden negarse, ya que ellos juraron en el código deontológico usar la profesión para salvar vidas.
El médico aclaró que “aun cuando se necesite hacerlo por cuestiones de justicia, al médico no se le puede obligar, puesto que también para eso existe la ley. Lo que tiene que hacer la víctima es irse al Distrito Federal”.
La madre de Sofía no encontró respuesta, y sin darse por vencida regresó con el agente del Ministerio Público. “Me dijo que era posible un aborto legal, a causa de que mi hija sufrió violación y porque tenía retraso mental. Pero nadie se lo haría. Se estaban contradiciendo. Para qué hacen las leyes, si a última hora no las van a seguir”.
La petición de ayudar a Sofía llegó hasta manos de quien fuera procurador general de justicia en 2000, Octavio Solís. La solución que planteó fue que dieran a la criatura en adopción.
Para íngela García, abogada del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer-Jalisco (Cladem-Jalisco), resulta común que las autoridades gubernamentales nieguen el apoyo a las mujeres violentadas. “En lo que tengo de abogada litigante, jamás he visto que un agente del Ministerio Público o un juez otorgue una orden de interrupción del embarazo en caso de violación. Se lavan las manos diciendo que la ley no es clara respecto a quién debe dar la orden”.
El violador de Sofía, un supuesto servidor público, desapareció durante tres años, socorrido por la complicidad de las autoridades, hasta que fue localizado y Sofía lo enfrentó una vez más para identificarlo.
Las condenas para los violadores van de 4 a 6 años de cárcel, por ser un delito grave. Sin embargo, no se castiga a la mayoría y “si el violador paga un abogado, sale libre”, comentó íngela García, abogada de Cladem.
Cuando Sofía tenía tres meses de embarazo, perdió al bebé. A 10 años del ataque, “las secuelas están ahí. Llora mucho en las noches”, comentó su mamá. En tanto Sofía, una joven delgada, de baja estatura y de ojos húmedos, afirma: “Aún siento temor de que me vaya a pasar otra vez”.
Tortura después de la violación
Cuando Sofía sufrió de abuso sexual, el Código Penal consideraba que la mujer podía interrumpir su embarazo ante tres situaciones: por malformación congénita, por estar en riesgo su salud o porque la criatura fuera producto de una violación.
Aunque Sofía tenía el derecho, no se lo respetaron.
A partir del 3 de julio de 2009, las normas cambiaron y es imposible abortar legalmente, aunque exista violación.
Araceli Prieto, coordinadora de Agenda Feminista Jalisco, explicó: “El gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, presentó una controversia constitucional, en la que solicita a la Suprema Corte de la Nación retirar una de las tres causales: en caso de violación”. Continúa: “Hace que se modifique la reforma de los artículos 4 y 15. La intención es que no se toque el tema del aborto. El objetivo: proteger y garantizar la vida a partir de la fecundación, hasta la muerte natural”.
Estas modificaciones legales se contraponen a la Ley de salud, porque también prohíben los métodos anticonceptivos, como el dispositivo intrauterino (DIU) o la pastilla del día siguiente, así como la investigación científica y la detección de medicamentos contra la diabetes, el alzheimer, esteroclerosis y hasta dejar nula cualquier iniciativa a la eutanasia y el trasplante de órganos, indicó Prieto.
La Organización de las Naciones Unidas considera como tortura obligar a una mujer a continuar con el embarazo en caso de estupro. Para las autoridades legislativas y del ejecutivo local, estos acuerdos internacionales son letra muerta, continuó Prieto.
Ante esto, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de las Mujeres no hicieron nada. Las modificaciones a la constitución estatal fueron promovidas por la asociación de ultraderecha Mexicanos por la Vida de Todos y votadas el 26 de marzo de 2009, en el Congreso, por diputados del Partido Acción Nacional, del Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y del Trabajo. Su publicación en el Diario Oficial fue el 3 de julio.
íngela García explicó que la iniciativa fue impulsada desde la jerarquía católica. “Ahora la violencia es institucional, porque las instituciones obligadas a velar por los derechos de las mujeres, están ejerciendo violencia contra ellas”.
En ningún caso gana la mujer, “ni económica, psicológica ni socialmente. Muchas de las veces se desintegran familias, y la mujer queda emocionalmente devastada, ya que requiere de un apoyo emocional largo y profundo, que nadie le proporciona”, aseguró la abogada.
La intimidación hacia las mujeres es producto de “la cultura de misoginia y de machismo que todavía seguimos cargando y que lamentablemente las instituciones, no sólo públicas, sino religiosas, se han encargado de reforzar: la mujer debe ser sumisa”, comentó Araceli Prieto, de Agenda Feminista, que logró recabar 160 amparos contra esta ley, pero que fueron rechazados al manifestar que las mujeres no han sido agredidas.
Incluso Atala Ruiz, quien preside Tiempo Nuevo –una organización en pro de la vida que ayuda a mujeres embarazadas con problemas sociales y económicos a quedarse con sus hijos o darlos en adopción– reconoció que la ley antiaborto no es la solución para frenar los males sociales. El gobierno primero tendría que combatir la pobreza y la falta de educación que generan embarazos no deseados, delincuencia, violaciones sexuales y maltratos infantiles.
Asco y vergí¼enza
Carmen, maestra de 52 años, fue atacada hace tres años por un colega de su trabajo. Varios profesores estaban en casa de ella festejando el día del maestro. Casi a media noche la gente se fue despidiendo. Cuando la casa se quedó sola, él intentó violarla. En su afán, la estaba estrangulando. Carmen, con la voz entrecortada por el llanto, recordó ese instante: “Forcejeamos y cuando dije que si no se ponía en paz iba a gritar, me volteó y me tapó la cara. Me estaba asfixiando. No sé cómo me zafé, pero me estaba muriendo. Mi hijo despertó y lo corrió con un martillo en la mano. Yo quedé muy mal”.
Decidió interponer una demanda. Llevó las pruebas de la psicóloga, que evidenciaban claramente que fue atacada, pero el juez decidió anularlas porque había sucedido en su casa. Perdió el caso.
El violador quedó impune, como el 95 por ciento de los atacantes. Datos de Cladem señalan que de 2005 a 2008 se han presentado mil 643 casos en Jalisco y sólo hay 91 detenidos.
El proceso de demanda es largo y humillante, dijo la abogada García. Si la mujer sufre una violación, tiene que ir a un puesto de salud. Acudir al Ministerio Público a denunciar y llevar pruebas, como ropa o testigos. El juez en turno girará la orden de aprehensión. Los casos que más pronto son resueltos, han tardado seis meses. La mayoría toma años.
Pocas mujeres contratan a un abogado, que cobra de 10 hasta 50 mil pesos. Para mujeres de escasos recursos, pagarlo es imposible. Otras prefieren callar, como María, quien a sus 15 años ingirió una bebida previamente adulterada durante una fiesta y abusaron de ella.
“Perdí el conocimiento. Cuando reaccioné, estaba en un cuarto y ya no tenía mi ropa. Me sentía adolorida, había algo de sangre en las sábanas y por eso me di cuenta de lo que había pasado. Me vestí, llegué a mi casa. No le dije nada a nadie. Me sentía culpable, me daba mucho asco y vergí¼enza que alguien se enterara”.
Para Sofía, Carmen y María, quienes han sufrido de abuso e impunidad, la nueva ley antiaborto confirma la injusticia social en la que habitan las mujeres jaliscienses.
María comentó que quienes están imponiendo esta ley “son hombres y mujeres que no han sufrido una violación sexual. Son quienes ignoran lo que les puede pasar. Ellos lo hacen porque no se les cierran las puertas, porque tienen el dinero y el poder”.
La madre de Sofía cuestionó a los funcionarios: “si le pasara a una de sus hijas, a ver si seguían pensando así”. Mientras Carmen dice: “No me explico cómo puede una mujer manejar su cabeza para ver bien un hijo que es producto de una violación”.
