En los últimos dos años ha proliferado en Guadalajara un tipo de negocio dedicado a la venta de comida, conocido como food truck, restaurante móvil o vehículo gastronómico, que ha sido popular en Europa y Estados Unidos.
Según estimaciones, hay en la ciudad unos 60 de estos vehículos adaptados para preparar y ofrecer alimentos de todo tipo, desde tacos y sándwiches, hasta la denominada comida gourmet. Se concentran principalmente en la zona Centro, y en las colonias Americana y Moderna.
Su principal ventaja sería precisamente la movilidad, poder trasladarse de un lugar a otro, ya sea porque las ventas bajan, para vender a la salida de un concierto, o bien para atender eventos privados dentro o fuera de la ciudad.
Sin embargo, lo anterior no ha sido del todo posible, ya que estos comercios operan bajo el permiso de una figura que no les corresponde, porque en la reglamentación de permisos y licencias del municipio no hay una modalidad pensada para los food trucks.
“Lo que pasa es que en los ayuntamientos, este tipo de trámites son lentos. Los food truck están proliferando desde hace un par de años y no hay regulación. Si el gobierno fuera una empresa privada, en un mes ya hubieran regulado eso, porque al final son ingresos para ellos”, comentó Guillermo Ornelas, socio del food truck Brick Lane, ubicado desde hace dos años en la zona de Chapultepec.
Estos negocios operan con la figura de un puesto semi-fijo, que si bien les ha permitido seguir trabajando, también les ha traído diversos problemas, según cuentan los comerciantes, ya que la mayoría de los food trucks superan las medidas consideradas en la reglamentación, lo que ocasiona que inspectores intenten frecuentemente impedir que sigan prestando el servicio.
Al respecto, el investigador del Departamento de Impuestos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Alfonso Flores Rendón, aseguró que estas lagunas en las reglamentaciones propician situaciones de corrupción.
Añadió que podrían aliarse con grupos de pequeños comerciantes para exigir la regulación a los ayuntamientos, ya que no son los únicos con problemas de este tipo y de esta manera solicitar que este asunto sea resuelto antes del cambio de administración, porque de lo contrario pasarán meses hasta que las nuevas autoridades retomen el tema.
