Los bajos índices de cobertura y aplazamiento educativo que presenta el nivel medio superior y superior en nuestra nación, nos ubican, de acuerdo con organismos internacionales, en tercer lugar en población juvenil inactiva. Condiciones de rezago que llevaron al poder legislativo a aprobar reformas a los artículos 3º y 31 constitucionales, que conceptualizan como obligatoria y básica la enseñanza media superior en todos sus tipos y modalidades, a partir del ciclo escolar 2012-2013.
Una vez ratificada por los estados de la república, las modificaciones constitucionales tendrán plena vigencia y por definición política y constitucional garantizarán el acceso al nivel educativo. Instituyéndose en deber del Estado y fundamental derecho de los ciudadanos, presumiblemente posibilitará oportunidades de estudio a todos los jóvenes en edad de cursar esta etapa educativa, el fortalecimiento de la diversidad y heterogeneidad cultural y por sus fines educativos la construcción de una sociedad más equitativa y justa.
La implementación de la obligatoriedad de la enseñanza media superior, complementa los propósitos de ampliar la cobertura en el nivel medio y superior, que como proyecto educativo se establecieron en la agenda política nacional. Sin embargo, su ejecución presenta desafíos de incertidumbre política y de solvencia financiera continua y creciente del presupuesto destinado a infraestructura y gasto por estudiante, para atender con calidad y pertinencia la creciente demanda educativa que previsiblemente se avecina en el próximo ciclo escolar.
Si abatir el rezago educativo en el nivel medio superior y superior es política nacional, en concurrencia con los gobiernos estatales y, si a través de la confección de programas de ampliación de oferta educativa se busca ampliar la cobertura en el nivel superior, resulta incomprensible que el poder ejecutivo del estado, objetando insolvencia financiera, desatienda la obligación que le impone la corresponsabilidad educativa de signar el convenio tripartito por el que debe aportar 129 millones de pesos. Decisión que repercutirá en la pérdida de la contrapartida federal por la misma cantidad, recursos que nuestra casa de estudios ganó en concurso para invertirlos en infraestructura y necesarios para continuar sus estudios 2 mil 396 aspirantes.
El desempeño del cargo no le da para anteponer sus personales desavenencias políticas a la responsabilidad social que le exige su investidura gubernamental. Rehusarse a signar convenios que impulsan la ampliación de matrícula, que benefician y mejoran las condiciones educativas de la población, ratifica el manifiesto desinterés que ha tenido con la educación pública, abre cauce a la incertidumbre de mejorar los índices de cobertura educativa y hace ver las políticas educativas federales como pretensiones demagógicas.
Dónde quedó su corresponsabilidad con el proyecto educativo, dónde sus promesas de principios de año de solidarizarse con la causa de mejorar los índices de cobertura educativa y situación presupuestal de la Universidad. Resultó efímero su espíritu universitario. Ante tal desafección de deberes y compromisos, el futuro que le depara a la iniciativa es incierto y frente a actitudes descomprometidas lo único previsible será la inoperancia e inviabilidad de la iniciativa y el fracaso en la entidad de ampliar la cobertura que como misión tiene el proyecto educativo nacional.
La viabilidad del proyecto, además de su institucionalidad constitucional, requiere de voluntad política con visión de Estado, para privilegiar el principio de educación, competitividad-desarrollo, sentido de pertenencia con la educación pública que resuelva el ancestral problema presupuestal que se necesita para mejorar su calidad y sensibilidad por las demandas sociales para ampliar la cobertura.
Si las intenciones no coinciden con las realidades, lo que se dice con lo que se hace, el daño a las nuevas generaciones por falta de oportunidades educativas será irreversible. “Obras son amores y no buenas razones”.
