No hace mucho, en 2005, era impensable que un funcionario revelara su sueldo. De eso sabe bien, Vicente Viveros Reyes. Este ciudadano solicitó conocer la percepción económica del entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña, quien se negó a entregarlo. El Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) le aplicó una multa de 50 días de salario mínimo y hasta presentó una denuncia penal, aunque el mandatario luego libró la sanción con un recurso legal.
A 10 años de distancia, mucho ha cambiado. Vicente Viveros Reyes es consejero ciudadano de este órgano garante y en esta década la transparencia ha vivido un trayecto de avances y retrocesos. Tres presidentes y cinco cambios en la ley. Pero hoy se puede afirmar que van por la ruta de fortalecer el derecho a la información.
“Creo que el ITEI ha ejercido de manera plena su autonomía, desde su capacidad de decisión. Su autonomía desde el carácter presupuestal es otro renglón que aún padecemos. No contamos con todos los recursos suficientes para la autonomía de carácter financiero. Sin embargo, creo que el ITEI hace mucho con el recurso que tiene”, señala Vicente Viveros.
Hoy no sólo es posible conocer los salarios de los funcionarios con un solo click, sino que incluso quienes se nieguen a revelar información son castigados.
Especialistas consultados por La gaceta, consideran que el ITEI ha recompuesto la ruta que anteriores administraciones olvidaron, asumiéndose como un contrapeso a los grupos de poder.
“Hemos tenido momentos en la vida del ITEI en los que no ha sido claro ese contrapeso, sobre todo en la administración de Jorge Gutiérrez Reynaga, que coincidió con un retroceso en la ley. No vimos una actitud crítica. No en todos los momentos el ITEI ha sido contrapeso de los poderes. Cuando nace era contrapeso claro. Hubo enfrentamientos con el gobernador en turno y actualmente sí hay contrapesos en contra de presidentes municipales que no han entregado información y han sido sancionados incluso con arresto y sujetos obligados sancionados. Está recobrándose ese contrapeso al poder, aunque falta fortalecerlo más”, considera el académico del ITESO, José Bautista Farías.
La presidenta del ITEI, Cinthya Cantero Pacheco resalta que el organismo ha tenido decisiones valientes, incluso al mandar arrestar a alcaldes: “Pero a pesar de estos avances, reconocemos qué falta por hacer.
Actualmente las autoridades conocen que existe una institución garante de este derecho y que si no cumplen con entregar información o dolosamente equivocada o no publiquen información fundamental en internet, hay una institución que vigila y sanciona a quienes incumplan con obligaciones de transparencia y acceso a la información. Esto ha fortalecido el derecho y ha motivado a la sociedad”.
En el mismo tenor se pronuncia el consejero del ITEI, Francisco Javier González Vallejo: “En los últimos años parte de esa evolución ha sido imponer medidas de apremio de iniciar procedimientos de responsabilidad. Llevarlos hasta la sanción nos ha permitido ser un instrumento al servicio de los ciudadanos”.
Quien discrepa es el académico de la Universidad de Guadalajara, Harold Dutton Treviño. Afirma que el ITEI tiene dientes, algo que otros organismos autónomos no tienen: “Es decir, capacidad para sancionar a funcionarios. Si bien el ITEI ha utilizado esta herramienta, creo que han sido muy benévolos. Una multa de mil pesos no quita un pelo al gato y con gusto lo pueden pagar. Creo que en ese aspecto el ITEI debe sancionar más a las autoridades, porque no podemos esperar otros 10 años para ver si avanzamos en este derecho”.
Autoridades: cumplimiento desigual
Los entrevistados coinciden en que aún a estas alturas varios sujetos obligados buscan la manera de “saltarse las trancas” para evitar la rendición de cuentas, y otros simplemente no tienen la estructura tecnológica ni la capacitación para cumplir con el cada vez más amplio catálogo de información fundamental, sobre todo en los municipios pequeños.
“Sigue siendo recurrente que se aperciba, amoneste, multe o incluso se arreste o presenten denuncias penales, pero si vemos cuántos recursos llegan al ITEI versus el universo de solicitudes hechas, el número es mínimo. En Jalisco se contesta en tiempo y forma cerca del 90 por ciento de las solicitudes de información y cuando llegan al ITEI, esta cifra rebasa el 96 por ciento. El año pasado tuvimos 25 mil solicitudes. La mayoría de los sujetos obligados ya funcionan en el esquema de la ley. Si lo hacen de buena o mala manera, esa es otra discusión”, agrega Viveros Reyes.
La presidenta del ITEI, Cinthya Cantero, detalla que en estos 10 años se han presentado 182 mil solicitudes de información, y aunque los primeros ocho años, este derecho se concentró en autoridades, académicos, periodistas, investigadores, actualmente trabajan con acciones de sensibilización y difusión para toda la sociedad y cada vez hay más ciudadanos que ejercen su derecho.
Pertinencia, proactividad y protección de datos: desafíos
A 10 años de distancia no es posible decir que este derecho esté totalmente consolidado. Falta que las autoridades pasen de la obligación, a la transparencia proactiva y de pertinencia. Es decir, que publiquen más sin necesidad de que haya quien se los exija y que la información sea útil y entendible para el ciudadano.
“En lo que sí estamos atrasados es en la transparencia focalizada y la transparencia proactiva. Aquellos temas que son relevantes para el ciudadano, que la autoridad no espere a que le demanden información, sino que de manera proactiva la coloque en sus páginas, sobre todo en grandes proyectos de infraestructura. Y no se diga en el tema de gobierno abierto: ahí existe un gran rezago”, considera Bautista.
Por separado, Dutton Treviño aporta: “Se tiene que caminar a que cada vez más municipios cumplan con la ley, pero no sirve de nada cumplir con la ley si la información que está ahí no es entendible para el ciudadano”.
Para Cantero Pacheco, ahora al encargarse también el ITEI del renglón de la protección de datos, tendrán que romper nuevos paradigmas: “Es un tema que nos incumbe y nos atañe a todos e informamos a la gente que tiene derecho de exigir que sean debidamente tratados esos datos, no solamente en el sector público, sino en el sector privado”.
Por eso, anticipan, los próximos 10 años serán más intensos.
