Autorizaciones la duda

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(segunda parte)

Las autorizaciones dudosas de los proyectos en mención, obedecen a las inconsistencias de un gobierno permeado por la corrupción y el tráfico de influencias. Aún más, la arena de políticas públicas en México, promueve en los hechos (en papel tenemos al Plan nacional de desarrollo que destaca la relación armónica y el respeto de la naturaleza y las comunidades humanas) un modelo de desarrollo imperante para las zonas turísticas, altamente depredador.
Jalisco tiene un ejemplo verdaderamente impactante y devastador: Puerto Vallarta, ciudad en la que no hay control alguno, en donde sus empresarios, rapaces e inmisericordes, han acabado con los valiosísimos recursos bióticos de esta zona, ante la inútil e inoperante estructura gubernamental, que con las leyes de la materia debe protegerla.
Bajo este paradigma de desarrollo se ha constatado que las comunidades habitantes en estas zonas, son las menos favorecidas, y cambian sus tierras próigas por espejitos y cháchara. Aquellos que se oponen son forzados a vender y expulsados. Quienes se quedan, serán jardineros, peones, meseros y mucamas, con lo que perpetúan su endeble calidad de vida.
La construcción de nuestra democracia incluye la puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo. Ese que dé garantías de sustentabilidad, en beneficio de la enorme riqueza biótica de estos lugares, pero principalmente de las comunidades humanas que habitan estas biodiversas regiones, que por lo general se encuentran en la pobreza.
Esta es una deuda histórica. Es urgente la revisión del ordenamiento ecológico en Costa Alegre. Necesitamos instrumentos de planeación y regulación ambiental más precisos, estrictos y con una clara tendencia hacia la protección y conservación de los ecosistemas.
Por lo pronto, este bosque tropical, reducto en el continente americano, seguirá protegido, pero la presión y el embate de los poderes fácticos es mucha.
En esta experiencia, el apoyo de la ciudadanía local, nacional y mundial, así como de nuestros científicos jaliscienses y mexicanos, fue determinante para detener sus pretensiones por ahora. Pero están al asecho y volverán.
Nos tenemos a nosotros mismos: ¿seremos capaces de defender nuestro patrimonio ambiental ante tan formidable embate? Como siempre, la moneda está en el aire…

4 de junio
Es publicada en diferentes medios de comunicación local, la postura de la Universidad de Guadalajara, en que las conclusiones de sus científicos señalan que los proyectos no deben ser realizados, ya que no demuestran ni aseguran la sostenibilidad ambiental de la zona.

27 de junio
Miembros del núcleo estatal del Consejo consultivo para el desarrollo sustentable, de Jalisco y de Ciudadanos por el Medio Ambiente, se trasladan a Morelia, sede de la reunión de la Comisión para la cooperación ambiental del tratado trilateral, presidida por los ministros de Medio Ambiente de Canadá, Estados Unidos y México. Ahí abordan al secretario Elvira y le solicitan audiencia con carácter de urgente para tratar el tema de las autorizaciones ilegales con relación a estos proyectos.

6 de julio
Miembros del núcleo estatal del consejo antes citado se reúnen con el secretario de Medio Ambiente, Juan Elvira Quezada, y le manifiestan su preocupación por la autorización de estos proyectos. Le solicitan su intervención inmediata para suspenderlos, ante las evidentes irregularidades presentadas en las autorizaciones a las manifestaciones de impacto ambiental por parte de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental.

10 de julio
Renuncia el director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat.

20 de julio
En sesión ordinaria efectuada en Irapuato, Guanajuato, el Consejo consultivo para el desarrollo sustentable región centro occidente de la Semarnat, representado por 108 consejeros, emite una recomendación por mayoría de votos, en la cual pide al secretario de la Semarnat, Juan Elvira Quezada, la suspensión de los proyectos “Tambora”, “IEL-La Huerta” y “Rancho don Andrés”, al no dar garantías de sustentabilidad.
(Datos de esta recomendación fueron proporcionados por el doctor Jorge Vega, de la estación biológica Chamela, I. B., de la UNAM).
9 de agosto
Es cancelada la autorización de la manifestación de impacto ambiental del proyecto “Rancho don Andrés”, que pretendía ser desarrollado en la misma zona de influencia de la (RBCC). Los promoventes se desisten de su solicitud de autorización.

16 de agosto
El núcleo de Jalisco del Consejo consultivo de la Semarnat, envía una carta a Elvira Quezada, ante la inminente autorización o cancelación a la solicitud de cambio de uso del suelo por los promoventes. Este es el último requisito para empezar la construcción de los desarrollos. “Su Consejo Consultivo en Jalisco le solicita de la manera más respetuosa, que no permita el cambio de uso del suelo de los proyectos ‘IEL La Huerta’ y ‘Tambora’ en la Costa Alegre. De hacerlo el costo ambiental será irreparable”.

23 de agosto
La Semarnat no concede el cambio de uso del suelo al proyecto “Tambora”, con lo que queda cancelada su autorización.

26 de septiembre
112 organizaciones de la sociedad civil, publican un desplegado en el diario Reforma, dirigido al presidente de la republica, cuyo encabezado da cuenta de que la ciudadanía local y nacional permanecerá en este asunto hasta su conclusión: “Insistimos e insistiremos: no al ilegal proyecto ‘Marina Careyes’ (IEL-La Huerta) y a la aplicación selectiva de la Ley”. [

* Miembro de la Red de comunicación y divulgación de la ciencia.
Unidad de Vinculación y Difusión Científica.