La cobertura mediática en el tema de las desapariciones parece una cadena a la que se le van uniendo eslabones que nutren un camino de errores y violaciones contra las víctimas. Un todo que se origina en el discurso oficial de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, pues es la dependencia la primera en faltar a ciertos derechos que tienen los familiares o la propia persona desaparecida, opina Darwin Franco, profesor de la UdeG y periodista especializado en el tema.
“Esto tiene que ver con un asunto en el que no se respeta la integridad y la identidad de una víctima desde el manejo oficial. Luego lo que hacen los medios es construir un retrato y una maximización de los efectos, proceso en el que hay una falta de ética cuando se utiliza un recurso moral para hacer un análisis sobrado, pues se genera una especie de etiquetaje por estereotipación hacia la víctima”.
Franco ejemplifica el caso de Gabriel de la Peña —joven que luego de 10 días extraviado fue localizado en el Estado de México, cuando él contactara directamente a sus padres—, manejado de maneras diversas en los medios de comunicación acerca de que salió de su casa presuntamente por haber reprobado tres materias de la licenciatura que estudia.
“Todo esto deviene desde el manejo de la información institucional. El caso de Gabriel lo hicieron encarar o coincidir con las características que la propia Fiscalía ha fincado con respecto de que los desaparecidos lo hacen por su propio pie. Circunstancias como este caso tuvieron que manejarse en privado, no de manera pública. No tuvo que haberse hecho una rueda de prensa en la que se permitió que estas consecuencias las asumieran las víctimas y no la Fiscalía, que ha resultado omisa con respecto de la información que ha dado sobre el caso”.
Con respecto a la cobertura que hacen los medios de comunicación y los periodistas, Darwin Franco recomienda que sea examinada la Ley general de víctimas, la que establece los derechos que deben ser respetados a las personas que pasan por un acontecimiento como éste, así como respetar los tiempos y las voces de las familias, que terminan inmiscuidas en un caso de desaparición. También sugiere respetar las propias normas éticas que exige la profesión del periodismo.
Acerca de la incorporación de Dante Haro a la Fiscalía de Derechos Humanos, considera que es momento de que exista un acercamiento de dicha dependencia con fundaciones estatales como FUNDEJ (Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco), para empezar a puntualizar las obligaciones en la Ley de Atención a Víctimas, que es un censo de los casos para que sea transparentada la información.
