Como maestro de la Universidad de Guadalajara, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de investigación acerca del problema del narcomenudeo en nuestras comunidades, y encontramos que el esfuerzo realizado por las autoridades de los tres niveles de gobierno no se ve reflejado en sanciones o medidas eficaces para evitar que el problema siga creciendo, lo que, a su vez, se traduce en percepción de impunidad por el ciudadano.
La legislación establece un diseño altamente permisivo, susceptible a la corrupción, que hace posible poseer y consumir drogas ilegales, en cantidades para consumo personal, sin una consecuencia coercible.
En los hechos, el diseño legal permite el uso y consumo de drogas ilegales al no sancionar la posesión en cantidades para el estricto consumo personal, lo que a su vez genera un reciclaje del problema de narcomenudeo.
Otro tema es del sector salud, que se topa con pared cuando de rehabilitación se habla, ya que el tratamiento a los farmacodependientes no es obligatorio y de los que acuden al tratamiento de manera voluntaria, es que el 35 por ciento reincide.
Y, por último, el despliegue y uso de recursos por parte de las dependencias municipales, estatales y federales, debido a que realizan un importante número de detenciones de personas relacionadas con delitos contra la salud (54 por ciento del total).
Debido al grave problema del narcomenudeo y las conductas de riesgo asociadas, se determinó realizar un ejercicio de seguimiento y consulta para averiguar los elementos distintivos de este fenómeno y, así, vislumbrar estrategias racionales para disminuir su impacto en la seguridad comunitaria.
Las conclusiones de este estudio revelaron que el problema de narcomenudeo se genera por la falta de disposición legal que sancione —por lo menos administrativamente— al poseedor de cantidades mínimas de drogas; en los hechos tenemos una permisividad legal para poseer y consumir drogas.
Además, los cuerpos de seguridad municipales y la policía estatal son eficaces en retirar de la vía pública a las personas que se encuentran en posesión de algún tipo de droga; sin embargo, ese esfuerzo no se ve reflejado en una sanción efectiva o proporcional al problema social que representa.
Se sugiere que los estados y municipios tengan facultades legales para investigar y sancionar la posesión y venta de droga, en razón de que son los más afectados por esas actividades ilícitas; pero, sobre todo, estamos conscientes de la necesidad de cambiar nuestro sistema de justicia, para contar con las herramientas legales necesarias para sancionar y atender el problema de las drogas desde una perspectiva real, que atienda a la problemática local y que le permita a la autoridad actuar con oportunidad y eficacia.
Los planteamientos a este respecto oscilan en torno a la reforma del marco jurídico actual para que los estados y municipios tengan facultades para intervenir, de manera oportuna y eficaz, en los casos de posesión, venta y consumo de drogas ilícitas, eliminando la permisividad para poseerlas y consumirlas que actualmente contiene la legislación penal.
Estamos seguros que se deben establecer mecanismos jurídicos y sociales para dar una solución integral al problema, abarcando los aspectos de prevención, represión, sanción y rehabilitación que permitan inhibir los factores que provocan la posesión y el consumo de drogas ilícitas.
Para dar una solución integral al problema se requiere que el Estado cuente con políticas públicas en materia de educación, salud, empleo, seguridad y justicia de corto, mediano y largo plazo. Esto no es fácil, pero si se cuenta con el apoyo ciudadano, la guerra contra el narcomenudeo y todo lo que le rodea, está ganada. Si desea conocer más acerca de ese estudio, ingrese a: http://www.consejociudadano.com.mx/observatorio.htm.
