Aunque México llega tarde al debate sobre la despenalización y legalización de la marihuana, lo que sí tenemos de ventaja es que la experiencia internacional nos permite importar modelos que han funcionado a través del tiempo y que demuestran resultados sin debate.
Portugal es el ejemplo más claro, puesto que en 2001 despenalizó la posesión para uso personal de todas las drogas aplicando un enfoque centrado en la salud más que en un tema de seguridad, como es el caso de los países prohibicionistas.
La posesión de drogas para uso personal sigue siendo una falta ante la administración pública y ésta se castiga con multas o trabajo comunitario. Y a los adictos no se les sanciona, sino que se les propone asistir a algún tratamiento que pueda mejorar su calidad de vida. Los problemas de drogas se enfrentan en familia, como debe ser.
Portugal complementó su política de despenalización canalizando los recursos a programas preventivos, tratamiento y de reinserción social en lugar de un combate estéril contra el consumidor y contra la población que utiliza este tipo de drogas. A lo largo de una década, Portugal muestra resultados positivos, en donde no solamente no hubo un aumento en el consumo sino que las muertes relacionadas con el narcotráfico también bajaron sus tasas de manera sustancial. Al punto que hoy los portugueses comienzan a relacionarse con las drogas cinco años más tarde que en el pasado. De la criminalización y las cárceles llenas de jóvenes pobres, a la rehabilitación y el enfoque de salud pública.
En México el sistema penitenciario debe tener como principal objetivo encarcelar a delincuentes y no a jóvenes consumidores de marihuana. Un joven que fuma marihuana no es un delincuente, incluso si éste es un adicto debe ser visto como un tema de salud y no un tema penal.
Según la encuesta nacional de adicciones (ENA) cinco de cada 10 usuarios piensa que hace falta información, tratamiento y atención médica. Otra estadística que ilustra la problemática es que el 60.2 por ciento de los internos sentenciados en centros penitenciarios federales lo está por delitos contra la salud y casi el 60 por ciento de éstos está sentenciado por delitos relacionados con la marihuana. Una cifra que es inaceptable.
Repensar el modelo prohibicionista trae consigo formas distintas de entender y visualizar problemáticas sociales, estrategias ligadas a disminuir los lamentables picos de violencia por los que atraviesa un país que fracasó en una guerra sin sentido y en donde los efectos nocivos recaen directamente en la sociedad. Ahí tenemos a Portugal, un modelo de éxito que bien podríamos analizar con seriedad.
