Universitarios y cultura de la legalidad

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La cultura de la legalidad “es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población conozca y crea en el Estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad”. Implica conocer, respetar y defender las normas que rigen la vida escolar.
De acuerdo a la asociación civil denominada México Unido en Contra de la Delincuencia, la cultura de la legalidad es la creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado de derecho.
Laveaga (2005) señala que la cultura de la legalidad “es un conjunto de valores, percepciones y actitudes que el individuo tiene hacia las leyes y las instituciones que lo ejecutan.”
Las características distintivas de la cultura de la legalidad son: la sociedad conoce la mayoría de las normas y leyes; la mayoría de la sociedad tiene la voluntad (hábito o costumbre) de respetar las leyes, porque existen órganos de control y gobierno; la violación a la ley es sancionada o castigada; existe un proceso de defensa de acusados; la delincuencia y la corrupción son legal y socialmente condenadas, y existe un sistema para cambiar o reformar las leyes.
En el caso de México hay pocas investigaciones sobre el tema de la cultura de la legalidad. Sobresalen los trabajos de Gerardo Laveada (2006), quien en 1999 publicó el trabajo Cultura de la legalidad y sus normas, bajo el sello editorial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Más recientemente se han realizado investigaciones en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y programas de fomento a la cultura de la legalidad, coordinados por el maestro Luis Fernando Pérez. En el caso de la Universidad del Estado de México, también se han realizado acciones para difundir la cultura de la legalidad entre sus alumnos, a través de lo que denominan Jornada de difusión y promoción de la cultura de la legalidad universitaria.

Crimen y cultura de la legalidad
El aumento del nivel de criminalidad e inseguridad pública que está experimentado el país se debe a múltiples factores, entre los que sobresalen la existencia de más drogas ilegales y armas en el mercado nacional e internacional; la falta de más y mejores oportunidades educativas y laborales para los jóvenes; el aumento de la pobreza, la desintegración familiar y la pérdida de valores y, sobre todo, la carencia de una cultura de la legalidad entre la propia ciudadanía, entre otros.
De hecho, la cultura de la legalidad o la falta de ésta explican, en gran medida, el nivel de criminalidad e inseguridad pública predominante en las naciones, ya que un país en que sus habitantes respetan, promueven y fomentan la cultura de la legalidad, entendida ésta como el acatamiento al imperio de la ley, es un Estado con menores índices de delincuencia e inseguridad pública. Por el contrario, los países en los que predomina una cultura de la ilegalidad, son naciones con mayores niveles delincuenciales e inseguras. De esta forma, la cultura de la legalidad se convierte en una variable independiente que incide en los niveles de convivencia civilizada que experimentan las naciones.
Es de esperar que uno de los sectores sociales en los que debe predominar una cultura de la legalidad es el universitario, ya que abarca al sector con mayores niveles educativos y el que, en teoría, conoce mejor el marco normativo que regula a la sociedad y sus instituciones, ya que a diferencia de otros sectores, éste (por tener acceso a la instrucción escolarizada) ha tenido la oportunidad de disponer de una mayor cantidad de información y formación sobre el Estado de derecho.
Resulta de especial interés indagar sobre el estado que guarda la cultura de la legalidad en este sector social tan importante para México, ya que si la cultura de la legalidad entre los universitarios es fuerte, esto resulta estimulante y positivo para el país, pero si, por lo contrario, es débil o endeble, esto resultaría preocupante para nuestra nación.
Al partir de un diagnóstico certero del estado que guarda la cultura de la legalidad entre los universitarios, se puede pensar en impulsar programas y acciones concretas para el fomento, desarrollo y consolidación de esta cultura tan necesaria en las sociedades modernas. 

Universitarios y cultura de la legalidad
La cultura de la legalidad necesita de la orientación educativa y supone la existencia de un proceso de aprendizaje, en la que la institución escolar juega un papel importante. De hecho, la institución escolar y, en especial, la universidad, son un espacio privilegiado para construir y fomentar la cultura de la legalidad, en general, y de la legalidad escolar, en lo particular.
Por esto es importante que la universidad se constituya como un espacio para el fomento y la construcción de la cultura de la legalidad, misma que pueda generar beneficios sociales importantes, en la medida que la educación tiene un potencial multiplicador de sus efectos. Además, se requiere impulsar en las instituciones educativas una currícula de la cultura de la legalidad, en la que cursos, seminarios, talleres y acciones educativas se incorporen a los planes de estudio.
También es recomendable hacer más estudios e investigaciones científicas sobre la cultura de la legalidad en las instituciones de educación en México e impulsar programas de intervención organizacional para fomentar la cultura de la legalidad en las instituciones educativas.
Por ejemplo, se puede pensar en impulsar programas y acciones en materia de acompañamiento para el fomento y construcción de la cultura de la legalidad en las IES. Caso concreto: ser un Programa integral de gestión, información e investigación para la prevención de los delitos escolares y académicos; un Programa de promoción del conocimiento e investigación de las mejores prácticas de gestión para la prevención del delito escolar y un Programa de transferencia de conocimientos y mejores prácticas de proyectos de fomento de la cultura de la legalidad, entre otros.
Es importante decir que la existencia de una cultura de la legalidad entre los miembros de la comunidad (estudiantes, profesores, trabajadores administrativos y directivos) de las IES, ayuda a mejorar la gestión universitaria y genera incentivos para el desarrollo de la propia institución educativa.

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