Celebro la inclusión de más de 55 organizaciones que buscan modificar la injusticia histórica que se comete en este país contra la educación. La propuesta de paquete económico enviada por el ejecutivo y llevada al Congreso de la Unión vía el secretario de Hacienda, tiene un carácter regresivo; recortar dinero a educación presupone una salida con costos altísimos para la población en general. Mientras las oficinas de comunicación social del gobierno federal engordan de manera espeluznante, los derechos sociales son minados constantemente.
El emplazamiento a huelga emitido desde el SUTUdeG y el STAUdeG se realizó de manera simultánea en 19 universidades, entre éstas la Veracruzana, la Autónoma de Nuevo León, Puebla, Michoacán, Aguascalientes y Nayarit, y supone un medio legítimo fundamental para la defensa de mejores condiciones de trabajo.
La organización colectiva es el primer paso para defender los derechos de la universidad pública. El propósito del emplazamiento no es otro que el de ser escuchados. Las decisiones democráticas no se toman de manera unilateral y cortar de tajo uno de los pilares para el desarrollo de nuestro país, como la educación, es inaceptable.
Ante el desahucio, quienes laboramos en las universidades públicas no debemos aceptar lo inaceptable: seguir teniendo condiciones laborales deplorables y soportar los recortes presupuestales. Las instituciones demandantes decidimos decir NO. No vamos a seguir permitiendo la pauperización de la educación.
Los derechos sociales, como el derecho al empleo, a un salario digno, a la protección social, como la jubilación, a seguridad social, educación y a un sistema de salud robusto, se ven desmantelados ante esta propuesta de presupuesto. Por eso proponemos la instalación de una mesa de diálogo en el ámbito nacional, en la que podamos analizar los recortes presupuestales y llegar a un acuerdo que mantenga satisfechas las demandas de todas las instituciones y de todos a los que representan.
Los sindicatos pueden ser un aliado para visibilizar los problemas y llevarlos a un puerto favorable para todos. El compromiso social y laboral que tenemos con la sociedad debe traducirse en cambios institucionales que deriven en una verdadera política de Estado que actúe sobre el rezago histórico que atravesamos los maestros y trabajadores, no sólo de esta Casa de Estudio, sino también de quienes suscriben este emplazamiento.
Los trabajadores universitarios de nuestro país necesitan que los sindicatos seamos la vía para garantizar que sus derechos no sean socavados, que procuremos la dignidad salarial y la sostenibilidad de la educación pública universitaria.
