Más que un concepto, la justicia social es un ideal que se ha buscado de forma recurrente en la historia de México. Sin embargo, a pesar de algunos avances producto de luchas armadas o la exigencia de movimientos sociales, regímenes regresivos han evitado el logro de grandes pendientes históricos, en detrimento de millones de personas. Hoy, con una clase política rehén de los mercados, pareciera que ese anhelo se aleja más que nunca.
En este contexto surgen varias preguntas: ¿Cómo se han articulado en México los reclamos de justicia a lo largo de la historia? ¿Cuál es el principal problema para conseguir la justicia social en la época actual? ¿Cómo actúa el Estado mexicano ante las reivindicaciones sociales? ¿Qué posibilidades existen para avanzar en el camino de la justicia social? ¿Es posible en una sociedad de mercado?
A estas interrogantes busca responder el libro El reclamo de justicia social en la historia de México, de la autoría de la investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Laura Ibarra García. Un documento que analiza las condiciones sociales que hombres y mujeres captaron como injustas, y los reclamos que dirigieron a las autoridades en turno con el fin de conseguir mejoras a su situación.
El estudio, que fue presentado durante la pasada Feria Internacional del Libro, disecciona los reclamos de justicia social en la historia de México, especialmente en cinco períodos significativos: la época prehispánica, la era virreinal, la Independencia, la Revolución de 1910 y la época actual.
Laura Ibarra señaló que en toda la historia ha habido clases que reclaman justicia social y por ello el libro empieza con los reclamos al Imperio Azteca: “La elección de estos momentos se debe a que en ellos el postulado de justicia social surgió y recobró dinamismo, tanto en su desarrollo teórico como en su dimensión práctica”.
La investigadora consideró que por primera vez el Estado, por sus atribuciones y poder de organización, está en posibilidades de satisfacer las demandas de justicia social, es decir, asegurar la inclusión de los marginados.
“Sin embargo, el capitalismo no puede incluir a todos y nadie protesta ante el señor Slim, sino ante el Estado. Creemos que hay herramientas para alcanzar la justicia social, pero lo que falta es voluntad política”.
Sin embargo, pareciera complicado alcanzar la justicia social en una sociedad de mercado, en la que las grandes victorias de la revolución han sido desmontadas por las reformas constitucionales. Las pocas que quedan plasmadas en la Carta Magna, son ignoradas por los gobernantes, que se han vuelto gerentes y administradores del caos, consideró Esteban Garaiz, delegado estatal de la Fundación Lázaro Cárdenas, uno de los presentadores de este libro.
Recordó que de 1942 a 1982 la economía nacional creció a ritmo superior al 6 por ciento anual, sin exportar un solo barril de petróleo. Pero desde que comenzaron a implementarse las políticas neoliberales, el crecimiento fue menor al 2 por ciento y la injusticia social aumentó. Ahora exportan un millón de barriles diarios para cubrir casi el 40 por ciento del presupuesto federal.
“Para alcanzar la justicia social urge rectificar la rectoría del Estado en la economía, como primera medida. No dejar que el libre mercado haga lo que le dé la gana. El motor de la economía es la demanda. Ya se angustiaron hasta los grandes ricos: en todo el mundo la economía se ahoga porque no hay quién compre. No tienen ingresos porque las políticas neoliberalistas han reducido la masa salarial”, reflexionó Garaiz.
El investigador del Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales, del CUCSH, Jaime Tamayo, señaló que este libro es de total actualidad, no sólo por la profunda crisis del Estado mexicano, sino porque el año próximo será celebrado el centenario de la Constitución.
“Esta vino a plasmar la nueva legalidad revolucionaria, las demandas de la población. Vino a romper esquemas, a establecer derechos. Rompió a la burguesía ranchera. Pero desde 1989 comenzaron a desmantelarse todas estas conquistas de la Revolución, regresando no a lo que habría sido el proyecto de la burguesía carrancista, sino al modelo porfirista, en que las relaciones laborales son individuales y nos coloca en condiciones desventajosas. Ahora el derecho a huelga ya no existe en los hechos. En la época de Echeverría se percibía cinco veces más de salario mínimo, la iglesia participa descaradamente en política y hemos perdido la soberanía energética. En educación se impulsa la vieja idea de la privatización, similar al proyecto de Pinochet. Estamos volviendo peligrosamente al porfirismo”, afirmó Tamayo.
