La reforma política propuesta por el presidente Felipe Calderón presenta ciertos avances que propiciarían que el país camine hacia una democracia más participativa, pero también pretende centralizar el poder en manos del poder ejecutivo.
En opinión del investigador de la Universidad de Guadalajara, Jaime Tamayo Rodríguez, los puntos que tienen que ver con la presentación de iniciativas y el control del presupuesto federal representan un peligro para México, pues con ello la nación volvería a los tiempos de la figura autoritaria del presidente.
Con el concepto de “iniciativas preferentes”, se abre la puerta para que el ejecutivo “se erija como un legislador que tendría el privilegio de que sus iniciativas deban ser aprobadas”, aunque éstas no sean sometidas a discusión por diputados y senadores.
De acuerdo con el punto nueve de la reforma, la presidencia podría presentar dos iniciativas de ley en cualquier materia de interés nacional, al inicio de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso. Estas deberán ser dictaminadas y votadas antes de que concluya el mismo, de lo contrario, serán consideradas como aprobadas.
“Conociendo las formas en que trabaja el Congreso de la Unión, ello permitiría que las iniciativas pasarán mediante trampas como la falta de quórum, el vencimiento de plazos o incluso de manera simulada, como sucede con partidos que se alían y dejan pasar el tiempo para que prosperen. Eso es muy dañino, porque que en vez de contribuir a un modelo político más representantivo, tiende a la centralización del poder”, explica Tamayo Rodríguez.
No menos grave es el asunto de la injerencia que el presidente Calderón o quien ocupe el puesto en los próximos años, tendría sobre la distribución del presupuesto a las diversas dependencias o proyectos de interés nacional, como lo plantea en otros términos el último punto de la citada reforma. En ésta se prevé elevar a rango constitucional la facultad del ejecutivo para presentar a las cámaras de diputados y senadores, observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados, así como al presupuesto de egresos de la federación.
“Una de las atribuciones del Congreso es precisamente el control sobre el ejecutivo, que se expresa de manera importante en la asignación del presupuesto. Quitarle esto sería darle un poder igual al que tenía anteriormente, cuando el legislativo sólo cubría las formas, pero en realidad estaba supeditado y aprobaba incondicionalmente lo que le mandara el presidente. No modificaban nada, porque era él quien ponía o quitaba a los diputados o senadores”.
Estas intenciones contrastan con otros de los puntos planteados, que de consolidarse, abonarían a la democracia y al fomento de la participación de los ciudadanos en los procesos políticos del país, dándoles un verdadero poder de decisión sobre sus gobernantes y la manera como éstos deben desarrollar su trabajo como funcionarios públicos y representantes de la sociedad.
Entre los asuntos más relevantes, a decir del académico del Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, están lo concerniente a la posibilidad de tener candidaturas independientes para la elección de cualquier tipo de puesto de representación pública y la reelección de munícipes, regidores, diputados locales y federales, así como senadores.
“Estos actúan como una vacuna frente a la partidocracia. Con ciertos controles de por medio, ello convierte al ciudadano en un factor más importante que el aparato administrativo-partidario en lo que se refiere a la decisión de quién será el candidato. El ciudadano va a calificar bien o mal la permanencia de este político en el poder. Los partidos deberán tener mayor respeto a estas candidaturas”.
La posibilidad de que el proceso electoral cuente con segundas vueltas de votación en caso de tener resultados competidos entre dos candidatos, es otra de las propuestas que podrían impactar de buena forma la vida política del país, pues eso terminaría con los riesgos de elecciones muy apretadas, como la de 2006, “tomando en cuenta que tenemos una carga histórica de fraudes electorales que hacen siempre dudar y sospechar de resultados de esta naturaleza”.
En cuanto a una futura disminución en el número de curules en el Congreso de la Unión, Tamayo Rodríguez, especialista en filosofía y pensamiento político y social, se mostró más a favor de que a estos les sea reducido el salario que perciben, a fin de propiciar que prevalezca la vocación de servicio y no un interés mercantil por los altos ingresos que obtienen.
Quitar diputaciones conlleva “el riesgo de que se pierda la representación proporcional, en detrimento de expresiones políticas minoritarias, que en toda democracia tienen la potencialidad de convertirse en mayoritarias”.
Con todo, esta propuesta es como “poner un parche, pues una reforma de Estado más profunda implicaría modificar el sistema presidencialista que prevalece en México, para encauzarlo hacia un sistema parlamentario o semipresidencialista, lo que implicaría adoptar un modelo más democrático”.
Si bien esta reforma representa varios avances, también hay puntos de retroceso que pueden ser peligrosos, afirma el universitario.
“Quiero pensar que fuera del partido del presidente Calderón, ninguno de los demás estaría dispuesto a aceptar estas limitaciones, aunque puede ser que algún partido que en este momento sienta la seguridad de ganar la presidencia, le regrese la tentación autoritaria y apruebe las iniciativas para su beneficio, pues prácticamente entrarían en vigor para Felipe Calderón sólo hasta 2011, y su sucesor sería el beneficiado con un gran poder y un Congreso muy debilitado”.
