Hasta el 80 por ciento de los indiciados en el nuevo sistema de justicia penal en México, salen libres por alguna deficiencia en el proceso por parte de unas de las partes que intervienen. Esto ha generado rechazo social al modelo, al crearse una percepción errónea de que no funciona, cuando quienes no están haciendo las cosas como debe ser son los policías, agentes del Ministerio Público o los juzgadores, consideró el investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Francisco Jiménez Reynoso.
El académico de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, quien coordina las mesas de discusión organizadas en el Congreso Local para reformar el sistema de justicia estatal, apunta que esta cifra es aún mayor en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde el 90 por ciento de los acusados está saliendo libre, esto basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre los motivos, están las detenciones ilegales, la mala integración de carpetas de investigación o polémicas decisiones de jueces.
“Con el nuevo sistema que entró en vigor el 31 de mayo en todo el país, lamentablemente no hay punto de equilibrios. Se trata de un modelo garantista en el que debe respetarse el debido proceso, los derechos humanos del imputado y si no, esto redunda en su libertad. Según los datos que he investigado, hasta nueve de cada diez detenciones que realiza la policía terminan en libertad por una mala investigación por parte del primer respondiente. Entre el 80 o 90 por ciento de delincuentes sale a la calle, y sale a delinquir de nuevo. Y eso está disparando la inseguridad en nuestro estado”, afirma Jiménez Reynoso.
Señala que este sistema debería estar aceitado como una máquina en la que todas las partes deben estar funcionando adecuadamente. Sin embargo las autoridades perdieron tiempo valioso, que debió ser para depurar los cuerpos policiacos y ministeriales, sacando elementos que no tuvieran el perfil que requiere el nuevo modelo, o que son corruptos, y para capacitar a los que se quedaran.
“Esto debió hacerse desde junio de 2008, pero comenzaron a hacer la tarea hasta 2014, cuando estaba el tiempo encima. La depuración no fue adecuada, y los huecos debieron ser rellenados con personal adecuado, y tener capacitación uniforme y continúa de acuerdo con el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y estamos viendo que no fue así”, dice el investigador.
Pérdida de credibilidad
Las liberaciones de detenidos han generado molestia entre la sociedad. Una de los últimas polémicas, fue la de un presunto violador de una niña de dos años que fue exonerado de su proceso en el juzgado penal. Otro es de un asaltante reincidente, que hasta se volvió en celebridad en redes sociales y medios de comunicación, quien fue liberado porque fue detenido por ciudadanos y por lo tanto no se acreditó la flagrancia.
“Eso genera una percepción de que el modelo no sirve, y no es así. No es que el sistema sea malo, sino que los operadores no están funcionando. Muchos de ellos son recomendados o familiares, llegaron al puesto de juez oral no por una cultura del esfuerzo sino por una cuestión de compadrazgo, y al llegar ahí no saben desempeñar su trabajo y eso redunda en impunidad por esas liberaciones”.
El efecto es negativo, ya que no sólo hay descontento social y descrédito del sistema de justicia, sino que muchos delincuentes encuentran el camino fácil de delinquir a sabiendas de que por estos tecnicismos saldrán libres. “Y por lo tanto hay más delitos. Ya le hallaron el modo para salir en libertad, porque saben que esos operadores del nuevo sistema son improvisados y están haciendo un trabajo deficiente. Es un círculo vicioso que estamos enfrentando en Jalisco, y es preocupante y está dando al traste con el nuevo sistema”.
Jiménez Reynoso coordinó un esfuerzo de seis mesas de trabajo con académicos de diversas universidades, y este tipo de temas fueron tratados en las ponencias. Ya está lista una propuesta formal que harán llegar al Congreso Local para reformar la Constitución Política y varias leyes.
Se propone, además de una depuración, una capacitación continua y sistemática, y no cursos de unas cuantas horas, además de fortalecer la justicia alternativa para despresurizar el sistema judicial en delitos menores. También proponen evaluaciones académicas y técnicas a quienes aspiren a ser magistrado, juez o fiscal general. Lo mismo para los que quieran ocupar la Fiscalía Central, regional, de derechos humanos y readaptación social, así como un respeto al servicio profesional de carrera. También los comisionados de Seguridad Pública y mandos policiales deberán acreditar experiencia para evitar que lleguen perfiles políticos a los puestos.
