Su sobrino ha estado con ella desde que era un bebé. Sufre diabetes desde los once años. Para Diana Mirna, esa enfermedad ha significado un peso económico difícil de sostener, pero a ella no le duele el sacrificio, durante años lo ha hecho por amor. Cuando se enteró de que en Jalisco se había aprobado una Ley de Libre Convivencia, encontró una luz para su familia, integrada también por su madre.
“Me enteré por los noticieros, dijeron de esta nueva Ley, pero no dijeron a dónde ir. Yo me fui a Derechos Humanos y de ahí me mandaron al Congreso y pregunté de qué se trataba y si nosotros podíamos ser parte. Me dijeron que sí. ¿Qué busco? El Seguro Social para mi sobrino, y si yo llego a fallecer que él se pueda quedar con la pensión y más que nada su salud: él padece diabetes infantil, desde los once años, y es una enfermedad complicada porque es crónico degenerativa”, dice Diana Mirna Lozano Rodríguez, quien firmará el segundo contrato de Libre Convivencia en la historia del estado.
Sólo un bote de tiras reactivas cuesta alrededor de 300 pesos y su sobrino necesita tres. Son gastos pesados: “Y también requiere de tres tipos de insulina y cada pomito cuesta entre 300 y 500 pesos, dependiendo la farmacia. Todo sin contar exámenes de sangre, de riñones, de los ojos y de los órganos que se van deteriorando con la enfermedad. Y deben tener control estricto, su alimentación es especial. Él no puede comer un pedazo de pizza”, cuenta.
Diana está feliz porque de obtener beneficios de seguridad social todo será distinto para el sobrino, a quien quiere como si fuera su hijo. Sólo están esperando que el notario termine la redacción del contrato para firmarlo, probablemente esta misma semana.
Además de otorgarle servicios de salud, gracias a esta herramienta jurídica podrá heredar sus bienes al sobrino sin necesidad de hacer testamento.
“Aunque estoy consciente que todavía falta un gran recorrido”, expresa, al tiempo que suspira.
El camino del amparo
De acuerdo a Bernardo Lancaster Jones, asesor jurídico del Poder Legislativo de Jalisco, el Seguro Social es resistente a otorgar derechos. Recuerda que ya ocurrió en el Distrito Federal con uniones del mismo sexo o con concubinatos.
“El camino en este caso es acudir a tribunales para demandar que se concedan estos derechos a familias que no son padre e hijos. La de Diana incluso es familia nuclear, porque su sobrino desde bebé está con ella. Comparten un proyecto de vida, tienen codependencia económica, se ayudan mutuamente, son una familia. La libre convivencia reconoce derechos sociales y ya hay criterios de la Suprema Corte de Justicia que marcan que deben de reconocerse los derechos a todas las familias”, puntualiza Lancaster, quien asesora a Diana Mirna en su proceso legal.
El especialista indica que otros juicios de amparo para matrimonios del mismo sexo han sido exitosos en la Ciudad de México y gracias a ello cuentan con seguridad social. Lancaster Jones y Diana confían en que los tribunales, o de ser necesario la Suprema Corte, sostengan esa tendencia favorable a proteger los derechos humanos.
“Nosotros no podemos reformar la Ley Federal, pero sí podemos recurrir al amparo y demandar que se hagan válidos esos criterios de la Corte que marcan que todas las familias deben tener todos los derechos, y esa va a ser la vía para acceder al Seguro Social”, puntualiza Lancaster.
Diana Lozano explica que ahora otros vecinos o amistades se le acercan y le piden asesoría para saber con quién acudir para cobijarse con esta nueva Ley.
“Ya me han parado en el súper, en la calle. Y creo que cuando la gente se informe esto va a ir creciendo. Me parece fabuloso que existan estas leyes. Habemos muchos tipos de familia, no nomás mamá, papá e hijos. Nosotros somos una familia, mi mamá, abuelita de mi sobrino, él y yo”.
El de Diana Mirna y su familia será el segundo contrato de Libre Convivencia que se firme en Jalisco. El primero ya lo signaron Rosalía Flores Orozco y Paulina Guzmán Flores, madre e hija, quienes viven con una nieta de diez años de edad.
Por separado, Lancaster Jones recuerda que con la reforma a la Ley de Amparo en materia de derechos humanos bastan tres resoluciones en el mismo sentido para que esos fallos se apliquen a todos los casos y de ese modo la totalidad de los libreconvivientes podrán acceder a la Seguridad Social. Eso es lo que más emociona a Diana Mirna y a Lancaster: que su lucha jurídica podría terminar beneficiando a otras familias no tradicionales.
Matrimonios igualitarios
Si bien la Ley de Libre Convivencia ha resultado un gran avance para familias no tradicionales, los colectivos de la diversidad sexual en Jalisco seguirán pugnando por el derecho al matrimonio igualitario, y para eso ya preparan una campaña de amparos colectivos.
Así como lo hicieron Zayra y Martha, quienes, gracias a una resolución de un juzgado de distrito, pudieron casarse en Guadalajara, a pesar de la resistencia de las autoridades.
El Secretario General de Cohesión de la Diversidades para la Sustentabilidad (Codise), Leonardo Espinoza Gómez, señala que ya están asesorando a tres parejas del mismo sexo para lograr el objetivo.
Explica que su campaña en favor del matrimonio igualitario se basa en tres ejes: campaña de información, campaña visual con videos y posters, y asesoría legal. “Muchas de las personas tienen miedo a la reacción social, se acercan tímidos y nosotros los orientamos”.
Por separado, el investigador y sexólogo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) Osmar Matsui Santana, considera que el reconocer el matrimonio igualitario es una deuda histórica del Estado mexicano y un gran pendiente en materia de extensión de derechos e igualdad.
“El matrimonio es una situación de la legalización de la unión de personas, reconociendo que la orientación sexual es condición humana, no es una enfermedad, creo que esto debe ser extendido a matrimonios igualitarios, homosexuales y heterosexuales, y que debe haber esta igualdad de derechos. No veo nada mal en que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Si pagan impuestos lo justo es que tengan todos los derechos”, comenta.
Buscan sentar precedente
Leonardo Espinoza considera que la Ley de Convivencia ha sido un avance en Jalisco y que, antes de que esta legislatura tuviera la sensibilidad de aprobarla, Codise estuvo impulsando el tema. Agrega: “Tenemos claro que esto beneficia a otros modelos de familia, sobrinos, abuelos, amigas o distintos que ya lo han solicitado, pero lo que realmente buscamos es el matrimonio igualitario”.
Explica que están esperando que suficientes casos sean resueltos, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el tema y cree jurisprudencia, y de ese modo en el futuro ya no haya necesidad de promover juicios para que las parejas se unan en matrimonio.
Indica que ya llevan el proceso de tres parejas que viven en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, aunque prefieren no revelar sus identidades hasta que se vaya acercando la sentencia. Estos litigios durarán entre seis y siete meses.
“Se ve complicado que una figura como el matrimonio igualitario pase en el Congreso Local, por eso vamos por el amparo”, apunta.
El investigador Osmar Matsui Santana, reflexiona que en lugar de pensar si Jalisco está preparado, más bien hay que trabajar en preparar a Jalisco, y ofrecer una educación basada en el respeto a los derechos humanos, y la tolerancia a las minorías, como ya se hace en el bachillerato.
“La semilla de la tolerancia podría irse sembrando desde los libros de texto de primaria”, añade.
Recuerda que hubo épocas en las que se consideró a la homosexualidad como una enfermedad, a pesar de que existe desde hace siglos. Hoy ya se reconoce como una preferencia. “Sería tan ilógico como dejar que solamente se casen los que les gusta lo salado o los que les gusta lo dulce”, especifica.
Matsui Santana concluye que si desde la ciencia médica no hay ningún problema en el matrimonio igualitario, entonces no debería haberlo en lo legal.
“Si la pareja se ama, y viven juntos, hay omisión del Estado en el reconocimiento legal. Es el tiempo idóneo para saldar esa deuda histórica”.
