El bosque el Nixticuil es la parte más antigua que tiene el municipio de Zapopan, con 10 millones de años de edad. Algún día logró extenderse en más de 27 mil hectáreas, desde el valle de Tesistán, pasando por el río Blanco y el bosque La Primavera, pero actualmente está reducido a una pequeña zona de apenas mil 860 hectáreas, de las cuales mil 591 fueron clasificadas como área natural protegida estatal en 2008.
Esta zona forestal, cuya infiltración de agua al subsuelo es de entre 800 y un millón 140 mil litros cúbicos al año, cuenta con cuencas hidrológicas y un ecosistema que se han visto amenazados y modificados por el cambio de uso de suelo, a causa de la construcción de nuevos fraccionamientos, los ocho incendios ocurridos en lo que va del año (hasta antes del temporal de lluvias) y por funcionar como tiradero de basura y escombros.
Una de las personas que busca proteger el bosque es María Elena Sánchez Ruiz, mejor conocida como “Malena”, líder de la asociación Amigos del Nixticuil, bosques sustentables, A. C. La asociación, en colaboración con activistas y vecinos de las colonias aledañas ha logrado preservar y resguardar este perímetro “conformado por polígonos, debido al alcance que la ciudad ha tenido con este bosque y está rodeado por varias colonias”, explica.
Arturo Curiel Ballesteros, investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), comenta que la protección del bosque el Nixticuil “es una iniciativa municipal, es decir, no es como las otras áreas naturales que de repente surgen como una petición a la federación, sino que es algo que se va construyendo por la comunidad local”.
“Todas las áreas naturales protegidas tienen como sustento la constitución, y la razón por la cual en este país se pueden decretar áreas protegidas es porque se reconoce que en esos espacios existe un interés público y patrimonial. Es algo que se debe conservar para las generaciones venideras”, afirma Curiel Ballesteros.
Este tipo de zonas se convierten en la manzana de la discordia entre, por un lado, unos cuantos preocupados por la conservación de la zona forestal, y por otro, el interés privado, con el afán de obtener mayores ganancias.
Ley en humo
La captación de agua y el ciclo hidrológico son unos de los tantos procesos que se han visto afectados. Entre las causas están los incendios que, según los vecinos, han sido ocasionados por la mano del hombre. “Los incendios se incrementan notablemente. No son naturales, sino incendios que buscan ‘justificar’ un cambio de uso de suelo”, explica Curiel Ballesteros.
El artículo 117 de la Ley general de desarrollo forestal sustentable menciona que no se podrá otorgar autorización de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado por lo menos 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado del todo.
“Por más que lo quieran quemar, sus valores ahí están presentes. Sólo falta no darle juego a la especulación y a la parte de las afectaciones por los incendios, porque al final de cuentas el área de protección se justifica, no solamente por los servicios derivados de la vegetación, sino también de los servicios derivados de la constitución propia y única que tiene esa zona desde el punto de vista geológico”.
Ciudadanía ambiental
“Malena” admite que la poca participación ciudadana es el principal factor por el cual se han visto limitadas las asociaciones como la suya. Tener que hacer un esfuerzo o modificar las actividades de fin de semana es un motivo para que los vecinos desistan de apoyar este tipo de causas.
“Los ciudadanos tenemos que saber un poquito más, cuáles son nuestros derechos y cuáles nuestras obligaciones. Las cosas se pueden, si estamos unidos”.
La responsabilidad social y la participación ciudadana son factores que ayudan al bosque el Nixticuil en esta constante lucha por permanecer de pie, además del conocimiento entre los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones. Órganos descentrados como la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), exigen contar con material fotográfico o de video, a fin de mostrar pruebas claras ante una denuncia.
“Reconozco las acciones que desarrollan los grupos sociales en este lugar, pero, considerando el tamaño del problema en términos de frecuencia e intensidad, se requiere la participación del estado, respaldando y fomentando esa red social que existe, porque es un daño que se está extendiendo de una manera acelerada”, comenta Curiel Ballesteros.
Concluye: “Hay quienes están presionando por el uso de suelo, que no tienen el menor interés de proteger el área, y están los que tienen el genuino interés de cuidar el bosque. Entonces se requiere la función reguladora y educadora del estado”.
