En los últimos meses en Jalisco (y en otras partes del país) se ha dado un alarmante crecimiento de desapariciones forzadas, y hasta ahora pocos de los desaparecidos son los que regresan con bien a sus hogares. Esta situación ha colocado a nuestro estado en el tercer lugar a nivel nacional, sólo superado por el Estado de México y Tamaulipas. La desaparición de una persona constituye una grave violación de los derechos humanos, lo lamentable es que en un gran número de casos además de denunciar la desaparición de personas, también se denuncia la presunta participación de servidores públicos.
A la fecha no se cuenta con un número exacto de desaparecidos o de las fosas clandestinas encontradas (de las que se provee poca información), los diferentes organismos públicos que se encargan de recabar estos datos difieren en ellos y las cifras son inconsistentes.
El 21 de marzo se dio a conocer la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) sobre las desapariciones en el estado, donde hace énfasis en algunos municipios y regiones. Hasta ahora tan sólo en 13 municipios no se han detectado personas desaparecidas, en la recomendación se señala que la zona Sur de Jalisco es un “cinturón rojo” en materia de desapariciones forzadas ya que hay cerca de 200 casos reportados desde el 2008 a la fecha.
En la investigación realizada por la CEDHJ se emiten puntos recomendatorios a favor de familiares y personas desaparecidas e insta a las autoridades a reconocer la gravedad del problema. Además se da cuenta de que ninguno de los policías del estado tiene protocolos preventivos en esta materia, ya que lo único que se realiza hasta la fecha son las acciones de prevención de delitos, las cuales se describen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en cambio sólo se aplica el protocolo Alba para atender de manera inmediata los casos de niñas, adolescentes y mujeres denunciadas como desaparecidas y donde se coordinan autoridades de los tres niveles de gobierno y se involucran medios de comunicación, organismos públicos y privados, así como la sociedad civil; también se aplica la Alerta Amber, un sistema para notificar las desapariciones de niños en la que, igualmente, medios de comunicación, sociedad civil y organismos públicos y privados participan para localizar a los menores.
Por ello en la recomendación de la CEDHJ se destaca la creación de alertas municipales y estatales y un mapeo de los últimos 20 años de lugares específicos de desapariciones y fosas clandestinas, así como el desarrollar mecanismos de comunicación para que haga una efectiva búsqueda de las personas.
Este tipo de hechos también crece por las cuestionables políticas de seguridad y los niveles de impunidad y corrupción, cada día más alarmantes. Ahora más que nunca se hace necesario plantear vías de solución y llevar a cabo la recomendación que plantea la CEDHJ con el objetivo de terminar con esta terrible situación y cambiar el panorama en el estado de Jalisco y en todo el país.
