El debate es viejo, pero la polémica es la misma: ¿debe ser el Estado o los padres de familia quienes asuman la responsabilidad de orientar en temas de educación sexual a los menores? La discusión de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reavivó el fuego. Y aunque los legisladores suavizaron algunos términos que molestaban a los grupos conservadores, ahora la disyuntiva radica en si el gobierno mexicano logra llevar a la práctica los contenidos de la ley y cuál será la reacción en los distintos estados al intentar aterrizarla.
En México, “el 37 por ciento de la población son menores de 18 años y el INEGI dice que el 30 por ciento de los embarazos se dan en mujeres que van de los 10 a los 19 años. Hay 500 mil niños que son hijos de madres menores de edad. Eso remite a que los programas no han logrado sus objetivos, lo que no es exclusivo de los programas de educación. Muchos factores influyen en que los jóvenes tengan actividad sexual a edades cada vez más tempranas. Si bien es derecho y obligación de los padres informar y educar, esto no quita al Estado la responsabilidad de tomar cartas en el asunto, y más en semejante contexto”, dice en entrevista la investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Alejandra de Gante.
De acuerdo a la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, los menores tienen derecho a una educación sexual integral. La especialista en psicología social explica que es cada vez más común que las jefas y jefes de familia soliciten a las autoridades educativas cursos de escuelas para padres, precisamente para manejar estos temas.
“Vienen de generaciones en los que no se manejó de manera abierta ni asertiva. Nos educaron con la represión y los resultados los estamos viendo”, explica la también ex funcionaria de la Secretaría de Educación y del DIF.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue discutida en la Cámara de Diputados durante casi siete horas y le hicieron modificaciones a 14 artículos. Finalmente fue aprobada con 420 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones.
El proyecto causó polémica y encendió los focos rojos de instituciones conservadoras. No faltaron sacerdotes que pronunciaron apasionados sermones en contra de lo que interpretaron como la inminente distribución de condones en las escuelas. Los correos electrónicos y redes sociales de los diputados se llenaron de reclamos y en sus oficinas recibieron legajos con firmas de padres angustiados que pedían revertir esa ley.
La Unión Nacional de Padres Familia, que encabeza la ex senadora panista Consuelo Mendoza, consideró que cinco artículos (37, 50, 58, 60 y 116) arrebatarían a los papás y mamás “derechos inalienables” al permitir que las autoridades otorguen “asesoría y orientación” sobre el ejercicio responsable de los “derechos sexuales y reproductivos”.
De Gante especifica que en realidad lo que la ley buscaba es proteger el derecho de niños y adolescentes de recibir educación sexual, ya reconocido internacionalmente.
“Los menores tienen derecho a la vida, a la identidad, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo, y a que se les proteja de cualquier forma de explotación, trata o abandono. Si reconocemos su derecho a la inclusión, a la educación y a la libertad de expresión, pensamiento y conciencia, en todos estos principios, quieras que no, va incluido el derecho a la información sexual”.
Abunda: “En Inglaterra incluso resolvieron los adolescentes qué información o preservativos se les dan, aunque no tengan autorización de los padres. Es su derecho. Claro que un niño o una niña, que no es adolescente, no te va a solicitar este tipo de servicios. Éstos los piden los adolescentes menores de 18 años. De alguna manera los jóvenes resuelven el asunto con información que les dan sus compañeros o amigos. Si tienen acceso a cosas nocivas para la salud, también tienen acceso a anticonceptivos o pastillas de anticoncepción de emergencia. Es una realidad. No requieren siquiera receta médica y no les piden credencial de elector. Preferible que cuenten con un marco de asesoría e información, a que obtengan las cosas de una manera clandestina”.
A nadie agradaron los cambios
La presión de los grupos de derecha rindió frutos y los diputados sustituyeron el término “derechos sexuales y reproductivos” por la palabra “salud sexual”. Sin embargo, ni conservadores ni liberales quedaron satisfechos.
El 28 de octubre en el Senado, al recibir la minuta de la ley, el senador Alejandro Encinas dijo que la ley fue “rasurada”, porque en “vez de reconocer el derecho de los menores a acceder a una educación sexual integral que les permita ejercer de manera informada y responsable sus derechos reproductivos, establecen restricciones en la materia”. Y agregó: “Es una doble moral. Esto permitirá que sigan los abusos sexuales contra niñas y embarazos. Se imponen los intereses más retardatarios”.
En contraparte, grupos conservadores como “Protegerte es mi Compromiso”, encabezado por Norma Edith Martínez Guzmán, declaró a un medio jalisciense que siguen preocupados porque persisten algunas frases que “eliminan la tutela de padres sobre hijos”. Esta asociación, además, vela porque la ley privilegie la propuesta de posponer la vida sexual, en vez de promover métodos anticonceptivos.
Para Alejandra de Gante, es aventurado decir que ganó una postura en contra o una a favor, sino que más bien lo interesante será ver cómo la aterrizan en los estados y cómo se logra armonizar con el resto de las leyes que rigen las instituciones vinculadas con este proceso, así como definir una Norma Oficial Mexicana al respecto, además de resolver la cuestión presupuestal y la profesionalización de los servicios.
“Esto implica cambio de conductas y actitudes congruentes a lo que establece la norma, no a creencias personales. Esto no es rápido, no es fácil. Por decreto no cambiamos creencias, ni por decreto viene la profesionalización de las instituciones”.
