Esta semana queremos hablar sobre la seguridad social en relación al género. En principio es necesario mencionar que en 2015 México contaba con una población superior a los 119 millones de habitantes, de los cuales el 61 por ciento eran mujeres1.
Pese a que existen avances importantes en equidad de género en los últimos años, en realidad no se han consolidado en la práctica las políticas instrumentadas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Las acciones de discriminación y violencia contra las mujeres, sutiles o francamente abiertas y hostiles, siguen incidiendo en la desigualdad, con resultados negativos para el género femenino.
El ámbito laboral es un espacio donde se manifiesta la desigualdad en toda su crudeza, no sólo por el tema salarial o los puestos que las mujeres pueden ocupar, sino por las importantes diferencias que existen con respecto a la seguridad social, expresadas con mayor intensidad en un momento crítico de la vida, como lo es el de la pensión y/o jubilación. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 (ENESS), menciona que de los 3 millones 285 mil 905 pensionados del sistema público (IMSS e ISSSTE), apenas un millón 124 mil 943 son mujeres2, es decir, sólo el 34.23 por ciento de los asalariados con derecho a seguridad social pertenecen al género femenino, cuando éste representa una gran fuerza de trabajo, sin considerar a quienes desarrollan tareas no remuneradas. A futuro significa que el número de esas mujeres pensionadas será menor, en una etapa de la vida en que requerirán más apoyo por las complicaciones propias de la edad.
Más grave aún: todas aquellas que no cuentan con un empleo remunerado y prestaciones de ley, se encontrarán en la vejez sin una pensión que respalde la atención de sus necesidades para el sostenimiento y la salud.
El hecho de que el género femenino siga encargado del cuidado de la familia, sean hijos, padres o personas con necesidades especiales, las deja en condiciones de futuro incierto, sobre todo si requieren de ayuda para realizar actividades básicas. La encuesta anteriormente mencionada indica que 12 de cada 100 adultos de 60 años y más se hallan en esta situación.
Otros aspectos que se suman a la lista de problemas para las mujeres, son la baja estabilidad laboral, la notable brecha salarial (que las llevará a obtener una pensión de menor cuantía que los varones), el comportamiento cíclico del desempleo, en el que las mujeres regularmente son las primeras en ser despedidas, pero también los ciclos de embarazo y maternidad, que generan una serie de interrupciones que tarde o temprano impactan a aquellas que deciden continuar con su carrera profesional. ¡Hasta el IMSS nos rebaja las semanas de incapacidad por maternidad para el cálculo de la pensión!
También la citada encuesta señala que tanto en el IMSS como en el ISSSTE las pensiones directas superan por mucho a las derivadas. En cuanto a las pensiones directas, la mayor parte de la población corresponde a hombres (76 por ciento en el IMSS y 50 por ciento en el ISSSTE), mientras que en las pensiones derivadas, que se refieren a los derechos adquiridos por el cónyuge del trabajador o pareja y los hijos, el mayor número corresponde a las mujeres (96 por ciento en el IMSS y 89 por ciento en el ISSSTE).
Es importante decir que generalmente los recursos entregados a través de estas pensiones es menor que el salario devengado por el trabajador durante su vida laboral, lo que deriva en magros recursos que solo alcanzan para necesidades básicas.
Conviene tomar en cuenta a aquellas mujeres en situación de pobreza. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hay más mujeres pobres en la etapa de madurez y con tasas bajas de participación laboral3, lo que agudiza el problema de la seguridad social para este sector de la población. El sistema de seguridad social no considera el trabajo no remunerado, como son las tareas domésticas o el cuidado de personas dependientes. Por ello la perspectiva de género en el sistema de seguridad social disminuiría las brechas sociales y económicas al momento del retiro.
Aunado a todo lo anterior se encuentra la fragilidad del sistema de seguridad social en México. En 2015 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) hizo algunas recomendaciones para garantizar la funcionalidad del sistema de pensiones a largo plazo, situación que ya debería estarse atendiendo, porque de lo contrario se pone en riesgo a la población en edad de retiro, con el alza en la expectativa de vida. Peor aún si se es mujer.
1 INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
2 Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013: ENESS / Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Mexicano del Seguro Social. México. INEGI, 2014.
3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Pobreza y Género en México. Hacia un sistema de indicadores. México, D. F. Coneval, 2012.
