Luis Carlos Gámez es profesor investigador del Departamento de Contaduría Pública, del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSUR) y ha sido recientemente galardonado por la Universidad de Camagüey, Cuba, con el reconocimiento al Mérito Académico por la calidad teórico-metodológica y la relevancia social de su investigación “Movimiento cooperativista de ahorro y crédito popular en Jalisco, México”, con la que obtuvo este año el grado de doctor en ciencias contables y financieras por dicha universidad.
Para Gámez, su trabajo representa una revisión histórica que no existía hasta el momento, y que le permitió construir una visión crítica sobre esquemas financieros de exigencias netamente capitalistas, para un modelo, en principio, social-cooperativista.
“Estoy convencido de que la figura de caja popular puede ser un aporte importante para el desarrollo social, mediante un principio de comunidad como filosofía de base de estas organizaciones mutualistas”.
Alemania, país con amplia tradición en economía cooperativista, así como la mayoría de países latinoamericanos, incluido México, participaron el pasado octubre en el congreso que organiza la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. En éste trataron diversas perspectivas, una de las cuáles corrió a cargo del profesor investigador del CUCSur: la necesidad de una revaloración actual, aunque renovada y adecuadamente contextualizada, de las cajas populares como uno de los esquemas económicos más importantes desde inicios del siglo XX alrededor del mundo y, en México, desde 1951.
Existen en nuestro país tres mil 399 cajas populares, y Jalisco ocupa el segundo lugar con 410, sólo después de Oaxaca, que tiene 510, según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), del INEGI.
Gámez considera que parte de esta considerable presencia radica en que la filosofía de este modelo está basada en la ayuda mutua, en la gobernabilidad y regulación entre los pares, bajo un esquema original de “buena voluntad”, que distingue a las cajas populares de las grandes instituciones bancarias, pues mientras éstas persiguen fines de lucro, razón por la que corren su propio riesgo, aquéllas “buscan un apoyo grupal, social, en que el riesgo lo corren todos y por lo tanto, el funcionamiento depende también de todos”.
Los ejemplos de la funcionabilidad de este esquema financiero, podemos encontrarlos en episodios de nuestra historia económico-política, como cuando en 1994, en una de las crisis monetarias más agudas, “el sistema financiero se contrajo, sin dejar posibilidades abiertas a que el pequeño empresario pudiera tener acceso a apoyos o créditos financieros para desarrollar sus actividades, y entró el movimiento cooperativista como aporte y auxilio”, dice Gámez.
Sin embargo, el auge también atrajo a pseudo cajas que ostentaban ese nombre, “pero no eran ni funcionaban como uniones mutualistas, que de manera no lícita trataron de aprovecharse de la situación, como fue el caso de la Caja Vallarta”. Por ello, en 2001, el expresidente Vicente Fox Quesada promovió la primera ley específica para este tipo de movimientos: la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Esta ley propicia que la forma de operar de las cajas se desarrolle en detrimento de su filosofía mutual, en razón de que, “si bien es cierto que dichas cajas tienen el beneficio de incorporarse al sistema financiero mexicano, también es cierto que son incorporadas a condición de cumplir exigencias y requisitos similares a los de las instituciones bancarias”.
Normas internacionales de información financiera, como el NIC32, clasifican a las aportaciones de los socios de las cajas cooperativas como pasivos (deudas) y no como capital, “lo cual es una contrariedad, ya que una de las principales bases del movimiento es la libre adición o desincorporación de la misma en cualquier momento, y la caja debe entregarle sus partes sociales, su capital. Ésta es una diferencia entre las grandes organizaciones capitalistas y una cooperativa”.
De esta manera las cajas populares se están convirtiendo en prestadoras de servicios para percibir un beneficio económico, y no un apoyo comunal, ya que para cumplir con los requisitos del sistema financiero han debido elevar su costo operativo y crear una estructura administrativa más fuerte, lo que al final propicia que “las tasas que ahora pueden ofrecer ya no sean tan accesibles para la población y deban convertirse en gigantes empresas de inversiones”.
La propuesta hecha por Gámez estriba en “hacer una regulación a la medida del movimiento, que les permita funcionar, sin dejar de lado instrumentos financieros que pueden ayudar a un cooperativista, como el uso de seguros financieros, para tener garantía en caso de quebrantos”.
