Si hay una profesión vulnerable en México, es la de policía. No sólo se trata de arriesgar la vida, sino que los elementos se enfrentan a pésimas condiciones laborales. Además, deben someterse a pruebas de control y confianza que no garantizan que lleguen los más capaces, y a un discurso que los estigmatiza y los pone como los únicos responsables de que no termine la ola de violencia en México.
Estas son algunas de las reflexiones de Basilio Verduzco Chávez, académico del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien, como especialista en el diseño de políticas públicas, ha realizado trabajos de investigación sobre las condiciones laborales de los policías y recientemente participó en un seminario sobre este tema, organizado por la Cámara de Diputados federal y el Congreso de Jalisco. Ahí evidenció que incluso el Artículo 123 constitucional agravia los derechos de los uniformados.
“Lo que más me hace ruido es que la legislación actual diga que incluso si los elementos son despedidos injustificadamente, no tengan derecho a demandar para ser reinstalados, sino solamente a una compensación. A nadie nos gustaría estar en las manos de alguien que se siente tan vulnerable. Otra parte dice que puede ser despedido si no se cumple con las órdenes del momento. Te pueden cambiar las órdenes en distintos momentos y tienen que responder a esa situación. Esto deja mucho espacio a la arbitrariedad”, asegura el investigador.
Verduzco considera que esto ahonda aún más el rencor social en los policías, que sienten que el Estado y la sociedad que deberían cuidar, no se preocupan por sus necesidades más elementales.
A esto se suma un discurso que criminaliza al policía. En los últimos 10 años — afirma Verduzco— los cuerpos de policía, particularmente los del orden municipal, han sido identificados como responsables de no prevenir la ola de crimen que se ha registrado en varias regiones del país, sin admitir la incapacidad del Estado mexicano para integrar soluciones organizacionales e institucionales que proporcionen seguridad a los agentes de los cuerpos policiales, ayuden a construir relaciones de confianza entre policías y sociedad e incrementen la legitimidad de las actuaciones policiales y en consecuencia reduzcan los índices de criminalidad observados.
Explica que el interés por responder al proceso de globalización y de ofrecer seguridad como un factor de competitividad de la economía nacional, aunado a las presiones emprendidas por diversos grupos de interés en el plano doméstico, han dado como resultado una cantidad considerable de iniciativas de reformas constitucionales, leyes secundarias y reglamentos dirigidos a redefinir las funciones y posibilidades de acción de los distintos agentes de seguridad del país.
“Lejos de reflejarse en un avance significativo en la prevención del crimen, los nuevos marcos jurídicos han producido confusión en los mandos policiales y entre los agentes y han multiplicado las dudas que tiene la población sobre la capacidad del gobierno para imponer la ley y el orden, asumir el monopolio legítimo de la violencia y, en consecuencia, ofrecer seguridad a todo al población”, afirma Verduzco Chávez.
Agrega: “El discurso dominante durante varios años, es que los policías son corruptos, ineficientes y que no son confiables. Ese discurso viene desde el centro, a rajatabla. Los gobernantes locales y la sociedad quedan como espectadores. Es un proceso vertical”.
Control de confianza: insuficiente y arbitrario
Dentro de este modelo de criminalización del policía y pérdida de dignidad laboral, se inserta la insistencia en el modelo de control de confianza de mandos policiales, los cuales han sido diseñados y coordinados por autoridades superiores y arrojan resultados que pueden ser interpretados con algún sesgo motivado por interés político. Verduzco también indica que se trata de un acto claramente geopolítico, en cuanto consolida relaciones de poder de tipo centralista y autoritario.
“Para el agente de seguridad, los resultados de las pruebas de control de confianza son un instrumento potencialmente arbitrario en manos de mandos superiores, cuyo juicio puede no estar guiado por el objetivo último de mejorar la prevención del delito y mejorar las condiciones de seguridad de la población”.
Las pruebas de control y confianza han demostrado ser un modelo no tan eficaz como se jactan las autoridades. Resulta que elementos que habían aprobado son posteriormente descubiertos en la comisión de delitos, mientras que policías con trayectoria intachable, reprueban.
Para enmendar el problema humano, Verduzco Chávez propone emprender una nueva reforma al artículo 123 y un rediseño de protocolos de actuación policial orientados a garantizar los derechos laborales de los elementos de seguridad.
“Hay que legislar para que los elementos de seguridad pública tengan asegurados sus derechos. En el estado actual de la legislación los elementos están abandonados a su suerte. Están descobijados y ven vulnerados sus derechos laborales e incluso sus derechos humanos. No podemos estar conformes con que quienes nos protegen estén desprotegidos. Me parece una profunda paradoja”.
