El resguardo de la información personal no sólo es un derecho humano, sino que las autoridades deben ejercer acciones que garanticen la defensa a la privacidad. Por ello, urge contar con una ley que contemple medidas de este tipo en el estado Jalisco, señaló el director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, José de Jesús Becerra Ramírez, al participar en la Jornada Estatal por la Armonización Legislativa en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Esta jornada fue organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI), en el patio central del Congreso Local.
La actual ley es insuficiente para frenar el abuso en el tratamiento de datos personales. El manejo inadecuado se refleja en el robo de identidad, la contratación apócrifa de servicios, la recepción de ofertas no solicitadas y, en el peor de los casos, fraude o extorsión. Por ello es urgente una normatividad sólida en esta materia, consideró la presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora.
“De las 92 mil quejas por robo de identidad reportadas en México durante 2015, la tercera parte corresponden sólo a Jalisco. Un reporte elaborado por la firma Lexis Nexis, experta en seguridad y privacidad en internet, reportó que 74 por ciento de los millennials mexicanos teme que su identidad sea robada por sus actividades en línea”, explicó durante la inauguración.
Actualmente sólo existe en el país una ley de protección de datos que regula a particulares, pero no tiene aplicación en oficinas de gobierno. Por ello el Congreso de la Unión discute a nivel federal un proyecto de Ley de protección de datos en posesión de sujetos obligados, y posteriormente los estados deberán crear la propia. De cara a este proceso en Jalisco, se invitó a especialistas de varias instituciones a brindar su visión de lo que las reformas legislativas deben contemplar.
José de Jesús Becerra participó en la primera mesa, titulada “La Ley general de datos personales en posesión de sujetos obligados y su proceso de armonización en el ámbito estatal”, en la que recomendó a los legisladores que no olviden que este fenómeno debe abordarse desde la perspectiva de los derechos humanos.
“Yo puedo controlar mi alimentación, mi salud, mi educación, ¿y por qué no controlar mis datos?, de tener la posibilidad fáctica real de contar con un órgano de control, una habilitación jurídica para proteger mis datos personales. Y más en este contexto de avance de la tecnología en la que los flujos de información son increíbles. Es una demanda sentida, necesaria, pertinente y obligatoria”
Recordó que el dato personal es como cualquier otro bien, como un automóvil o una casa, que no puede ser utilizado a menos que el dueño lo permita. Para ello, la ley contempla el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), Y el Estado debe garantizar acciones para protegerlo.
“Siempre se habla de los derechos cómo una cuestión de no intervenir en ellos. Pero aquí es una cuestión sui generis. No sólo se trata de que el aparato público no intervenga, sino que debe intervenir, pero exclusivamente para proteger. Es realizar acciones positivas para proteger datos de la población. Es una migración de la concepción liberal de los derechos humanos que se basa en no obstruir, a un modelo en el que se protejan los datos, aunque el ciudadano no lo pida. Es un derecho humano que los ciudadanos controlemos nuestros datos personales”.
