En el 2003, realicé un reportaje en Notisistema al que llamé: “Arcediano, presa de dudas”.
Han pasado más de dos años de aquel trabajo que mereció el Premio Emisario y las condiciones denunciadas persisten.
En dicha investigación que me causó algunos debates con el ingeniero Enrique Dau Flores, titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS)-–cualquiera que no esté de acuerdo con Dau sobre ese proyecto tarde o temprano tendrá que debatir con él–, planteaba las dudas en torno a la calidad del agua que llenaría el embalse.
Yo encontré algunos estudios que hablaban de la presencia de metales pesados en el Río Santiago y en los sedimentos del río.
Hablé con especialistas y vi algunos trabajos de tesis donde encontraron plaguicidas, cianuro y otros químicos altamente nocivos para la salud.
En aquella investigación, concluí que al menos en torno de Arcediano no se había dicho toda la verdad y que había información que no se había revelado por temor a que se politizara el caso.
Señalé que sobre el proyecto había un mar de dudas y confusiones y que el gobierno estatal debería abrir las “compuertas” para que Arcediano fuera como el agua que pretendía almacenar, sin color y sobre todo sin olor a nada extraño. Lamentablemente esto no ha ocurrido.
Ahora que se ha destapado el escándalo de los estudios realizados por la Universidad de Guadalajara donde le advierten a la CEAS de los riesgos por la concentración de metales pesados en lodos y lixiviados provenientes de Matatlán, la dependencia una vez más mantuvo silencio sobre el resultado de los mismos.
Fue necesaria la intervención del Instituto de Transparencia que exigió que la CEAS entregara los estudios que le requería el diputado Manuel Villagómez Rodríguez, para que reconocieran la existencia de los mismos.
El ingeniero Dau había negado la entrega de los citados estudios por una letra.
En la petición de Villagómez se pedían los estudios de “Matatán” y no de “Matatlán” como era lo correcto.
Escudándose en la falta de una letra, la CEAS rechazó entregar los estudios.
Una vez hecho públicos, en un documento que entregó a los medios, la citada comisión desechó los estudios de la Universidad de Guadalajara por considerarlos que no se ajustaban al rigor científico requeridos para tener certeza sobre los mismos.
No los tomó en cuenta, sin embargo los pagó.
En cualquier empresa privada, si alguien ordena un trabajo y éste no se ajusta a los lineamientos de calidad solicitados, lo más lógico es no pagarlo.
No solamente eso. No es la primera vez que la comisión está inmersa en una controversia de este tipo.
Ya en el pasado la CEAS presentó un estudio sobre la permeabilidad del sitio conocido como “Loma Larga” donde se señalaba como opción para construir la presa en lugar de Arcediano.
Dichos estudios revelaban que por las condiciones del suelo no permitía construir una presa en el lugar.
Sin embargo, la comisión no presentó otro estudio elaborado para el SIAPA donde concluían que Loma Larga sí reunía las condiciones de permeabilidad para un embalse.
Lo curioso del caso de Arcediano, es que la discusión en los medios parece centrarse en las descalificaciones de la CEAS y la respuesta de la universidad, como poniendo en la balanza a quien de los dos actores deberían creerle.
Se deja de lado lo verdaderamente importante: la calidad del agua que se almacenaría en Arcediano y los riesgos a la salud de un embalse con presencia de metales pesados.
La simple duda que existe en torno al proyecto, debería preocuparnos a todos y exigir que no se tome a la ligera el caso.
Si la comisión no está de acuerdo con los resultados del estudio de la U de G y en razón de lo que está de por medio es la salud de los tapatíos, pues debería ordenar otro estudio para despejar las dudas.
Sólo que este sí debería darse a conocer sin esperar a que alguien se lo requiera por escrito.
Porque siempre existirá la posibilidad de que alguna “letra traviesa” haga de las suyas y evite la transparencia que tan a flor de piel existe en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.
