El término “violencia obstétrica” podría no representar nada para muchas personas, pero las siguientes conductas sí tienen significado para las mujeres: no atender de forma oportuna a la embarazada, negar a la madre la oportunidad de amamantar a su bebé sin razón válida, practicarle una cesárea sin necesidad, proferir en su contra frases humillantes o, incluso vestir al recién nacido con una ropita que no sea del gusto de la mamá.
Incurrir en alguno de estos comportamientos es calificado como “violencia obstétrica” en las iniciativas de ley que ahora son estudiadas en los ámbitos federal y estatal.
Para los médicos, el término es severo. La carga implícita que conlleva usar la palabra violencia, y al ponerse de moda entre legisladores, ha generado un debate entre profesionales de la medicina y políticos, que tocan por primera vez este tipo de temas con el fin de erradicar las malas prácticas en las etapas de embarazo, parto y postparto.
“No estamos en contra de las sanciones o de acatar una normatividad para ejercer la práctica, pero los ginecobstetras no somos violentos ni delincuentes. Creo que no nos merecemos ese trato”, considera Sergio Fajardo Dueñas, jefe de la División de Ginecobstetricia del Hospital Civil Doctor Juan I. Menchaca y vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia (Femecog).
La ginecobstetricia es una de las prácticas médicas que presentan el mayor número de demandas en las comisiones de arbitraje médico. Los casos recurrentes de humillación y violación de los derechos de las mujeres en etapas de embarazo, parto y puerperio han dado lugar a las iniciativas que buscan garantizar atención médica de calidad.
Desde el punto de vista de los ginecobstetras, es pertinente que la práctica médica sea regulada y sancionada en aquellos casos en los que se compruebe la responsabilidad o mala praxis del profesional de la salud. Sin embargo, consideran que el término “violencia obstétrica” es agresivo para quien está ejerciendo la práctica.
Fajardo Dueñas recuerda que en la práctica médica intervienen factores externos al especialista, como escasez de infraestructura y de camas disponibles, o la falta de recursos humanos, entre otros, lo cual complica el desarrollo de sus funciones e interviene en “el final feliz” de un embarazo.
“Cuando algo sale mal en un parto, se busca la manera de culpar al médico. En la correcta vigilancia prenatal y durante el trabajo de parto hay muchas condicionantes que pueden afectar la calidad de la atención y el resultado final. Puede un médico hacer todo lo que dice la Norma Oficial y las guías de práctica clínica y al final el resultado no es el esperado, porque la medicina es dinámica y hay cuestiones biológicas que no dependen de eso”, agrega Adriano Arias Merino, jefe del Servicio de Ginecobstetricia del Hospital Civil Doctor Juan I. Menchaca.
Añadió que incluso han sido demandados “porque desde la percepción de la madre, el resultado de que el niño tenga una malformación congénita es culpa del médico, cuando está documentado que el defecto es congénito”.
La dirección de Quejas, orientación y seguimiento, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), informó que durante 2013 recibieron seis quejas y en lo que va del presente año suman 13 por supuesto maltrato por parte de médicos u hospitales, o por negación de la atención o negligencias. En respuesta, la CEDHJ ha emitido las recomendaciones con los folios 12/13, 40/13 y 45/13, así como la 16/14 en lo que va de este año.
Al respecto, Arias Merino confirmó que es común que lleguen mujeres al servicio de urgencias con 38 semanas de embarazo: “En su percepción están en trabajo de parto, pero las revisamos y se encuentran en fase latente de trabajo de parto. Las guías y normas oficiales dicen que no se ingresen las pacientes en esta fase y la paciente asevera que no las quisimos atender”.
Castigo por discriminación o atención tardía
Los médicos consultados reconocen que los casos en los que las mujeres reciben un trato discriminatorio o denigrante y atención tardía, se deben sancionar, en la búsqueda de mejorar la atención: “Sabemos que ha habido situaciones complicadas en las salas de obstetricia, pero actualmente existe una corriente que busca humanizar la atención hacia la paciente”, relata Arias Merino.
La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco (Camejal) registró de 2001 a 2013 un total de 602 quejas por “algún motivo de la atención ginecológica u obstétrica”. En lo que va de 2014 han registrado 16, de las cuales 10 son por motivos que tienen que ver particularmente con el periodo del embarazo, parto o puerperio, detalló Salvador Chávez Ramírez, presidente de la Camejal.
“La negación de la atención no es el principal motivo de queja en la Comisión. Considero que debemos tener especial esmero cuando una mujer demanda atención durante el embarazo, parto o postparto”, refirió el presidente del organismo, quien afirma que “la cultura de dar a conocer la inconformidad va en aumento”.
Las iniciativas
En el ámbito nacional, alrededor de 300 mil embarazos presentan complicaciones obstétricas cada año. Por ello el Senado estudia una iniciativa para castigar lo que denominan “violencia obstétrica” y para a su vez garantizar la atención oportuna y eliminar las barreras de acceso.
Este dictamen fue avalado por la Cámara de Diputados, donde fue presentada desde noviembre de 2013 por la diputada federal Flor de María Pedraza Aguirre. Falta que los senadores la aprueben para crear el artículo 64 bis en la Ley General de Salud, que garantice la atención expedita de las mujeres embarazadas.
En Jalisco la idea es aplicar penas de seis meses a ocho años de prisión para quienes cometan “violencia obstétrica” contra las mujeres, como lo propone la iniciativa de ley, que busca prevenir, sancionar y erradicar estos actos, y que ha sido presentada por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez.
Se trata de una propuesta de reforma y adición de artículos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Salud y el Código Penal.
“No podemos ser ajenos a aquellas que denigran, humillan y vulneran a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, por considerar estas prácticas cotidianas y normales, cuando en realidad no son más que otra forma en la que las mujeres son víctimas de violencia”, explica Rodríguez Ramírez.
Reitera que la “violencia obstétrica” es el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, vejada, lastimada física y emocionalmente. La ley que propone la diputada también incluye como una modalidad violenta el que la mujer no sea respetada en sus decisiones y ser obligada a que durante este proceso le realicen procedimientos innecesarios.
“Esta modalidad de violencia resulta compleja, porque con la misma se violenta de manera psicológica y verbal. No permitir que una mujer decida sobre los procedimientos que realizan en su cuerpo de manera informada y consciente es sin duda la mayor violación a los derechos de un ser humano, es privársele del derecho a decidir sobre su cuerpo”.
Agrega que en México, estados como Veracruz, Oaxaca y el Distrito Federal han legislado sobre la definición y tipificación de la “violencia obstétrica”, como una forma de violencia contra las mujeres. Además, las convenciones, leyes y tratados internacionales reconocen que las mujeres en el embarazo y la procreación se encuentran en estado vulnerable.
“Lo más lamentable de la ‘violencia obstétrica’ es que se ve como normal. Parte de esto es que las enfermeras o personal médico griten, ridiculicen o ignoren a las pacientes y evadan las opiniones de la mujer que está a punto de parir”, detalla la iniciativa en su exposición de motivos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, entre otras indicaciones, que un miembro elegido de su familia tenga libre acceso durante el parto y el periodo postnatal. Las mujeres que dan a luz en una institución deben conservar su derecho a decidir sobre su vestimenta y la del bebé, así como la comida, destino de la placenta y otras prácticas culturalmente importantes. La inducción y conducción del parto debe reservarse para indicaciones médicas específicas. No puede justificarse que ningún país tenga más de un 10 o 15 por ciento de cesáreas.
“En la actualidad los pacientes, particularmente las mujeres en condición de parto, ya no se callan ante la mala praxis de los profesionales de la salud”, agregó la legisladora.
Resalta que si bien el Código Penal de Jalisco establece sanciones por acciones de irresponsabilidad médica, no hay ningún supuesto establecido por deficiente atención obstétrica o por las humillaciones y malos tratos a las mujeres embarazadas.
¿Criminalización del médico?
La iniciativa incluye, en el artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, la modalidad de violencia obstétrica y adiciona el artículo 157 bis del Código Penal para castigarla con cárcel.
De prosperar la iniciativa, irán a prisión quienes no brinden atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o las emergencias obstétricas, así como a quienes no respeten las decisiones de la mujer respecto de esos procedimientos y al que sin causa médica justificada niegue a la madre la posibilidad de cargar o amamantar a su bebe al nacer. Otra conducta que sería castigada es la práctica de la cesárea sin necesidad y sin consentimiento de la mujer. Si se trata de un servidor público, además de ir a la cárcel, será inhabilitado por tres años para ejercer otro cargo.
La Ley de Salud incluye en el artículo 62 el mandato expreso de que la atención integral de la mujer en el embarazo o parto debe hacerse desde el respeto a la dignidad.
Para el vicepresidente de la Femecog, es necesario que las iniciativas de este tipo sean realizadas no sólo por funcionarios de gobierno, sino por profesionales de la salud, con el fin de que el documento contenga un fundamento legal, pero también científico.
“Un aspecto importante es quién calificará o dictaminará si fue violencia o no”, dijo Fajardo Dueñas, y propuso buscar la humanización del parto, no victimizar a la paciente y tampoco criminalizar al médico, además de promover que las instituciones cuenten con los recursos, espacios y condiciones para dar una atención digna.
