Podría decirse que él no nació para cantar.
Tuvo algunas presentaciones esporádicas en palenques, grabó un disco y todavía llega a cantar una que otra vez en reuniones familiares.
Pero Vicente Fernández junior no heredó el talento del padre o el hermano y había permanecido a la sombra en una familia de estrellas si no fuera por su secuestro.
Aunque irónicamente fue la primera referencia que la gente tuvo cuando anunció su intención de ser cantante, nunca pudo evitar que quienes asistían al palenque, estiraran morbosamente el cuello para tratar de fijarse en la mano donde le amputaron un dedo cuando vivió el terrible secuestro de más de cuatro meses…
Era el año de 1998 y Jalisco había sufrido la ola de 70 secuestros entre los que destacó el del hijo del “Charro de Huentitán”.
Para perpetrarlo, la banda de secuestradores empleó avionetas y sofisticados equipos de comunicación para lograr el millonario rescate y un escándalo internacional.
Acorralado por el delito que iba a la alza, el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez sacó de la manga una estrategia de combate al secuestro en la que pasó por alto un pequeño detalle: la ley.
Se trató de la Unidad de Atención a Víctimas del Secuestro, una estructura que en sus orígenes ni siquiera tenía oficina y sus integrantes, estaban adscritos a diferentes dependencias: desde la Secretaría de Vialidad, la policía estatal, Procuraduría de Justicia y la misma Secretaría de Gobierno.
Era en esta última donde realmente operaba. El responsable de la unidad era el ingeniero Lázaro Gaytán y primero funcionaron en un hotel del centro, en la Cámara de Comercio de Guadalajara y la misma Secretaría de Gobierno cuyo titular era el hoy diputado federal por el PAN, Fernando Guzmán Pérez Peláez.
Cuando un empresario o determinado familiar de alguien de amplios recursos y buenas relaciones era secuestrado, se daba aviso a esta unidad que con frecuencia sugería no presentar la denuncia.
Entraban entonces en acción. Asesoraban a los familiares sobre cómo deberían tratar a los secuestradores, cómo llevar las pláticas vía telefónica y además presionar para bajar las pretensiones económicas.
Desde el momento en que ocurría el secuestro, personal de esta oficina estaba permanentemente cerca de la familia para apoyarla en la negociación.
No fueron pocos los casos en que los familiares pagaban el rescate y lograban que el secuestrado recuperara la libertad.
Quienes conocieron a los que formaban parte de esta unidad anti secuestros, describen a los mismos como sujetos fuertemente armados y con modernos equipos de comunicación.
La situación de inseguridad en el estado, habían orillado al gobierno a tomar medidas desesperadas.
Mientras el mandatario estatal viajaba al extranjero para promover inversiones en Jalisco, compañías encargadas de realizar estudios Empresa-país-estado-riesgo, colocaban a la entidad entre las menos viables para invertir.
El consorcio General Motors, por ejemplo, decidió instalar en Aguascalientes una planta de componentes electrónicos para abastecer a la de Silao, Guanajuato, en lugar de Jalisco donde inicialmente pensaba hacerlo.
La famosa unidad entró al quite para reducir el número de secuestros y pasó por encima de la ley.
Al sugerir que los familiares de secuestrados no denunciaran, violaban el artículo 89 del Código de Procedimientos Penales que señala como una obligación hacerlo.
Además, al operar sin oficina o nombramiento específico, violaba el artículo 145 fracción I del mismo código, que tipifica como ejercicio indebido de la función pública a quienes desempeñen labores sin nombramiento, cargo o comisión.
Y al intervenir en labores de asesoría con víctimas de secuestros, ignoraban el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales que sanciona a quien sin ser directamente involucrado participe del mismo y actúe como intermediario.
El responsable de brindar asesoría para que operara esta unidad, fue Francisco Minjarez, comandante de la unidad anti secuestros de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua.
Vino a Jalisco a dar una serie de talleres de los que se desprendió la puesta en marcha de esta oficina.
Lo entrevisté en alguna ocasión vía telefónica desde Chihuahua y defendió vehementemente la operación de la unidad y me explicó que además de su estado, operaban otras en varias entidades del país.
“No se reboruje –me dijo–, estos grupos solamente asesoran a los familiares de las víctimas y no somos intermediarios”.
El comandante Francisco Minjarez fue asesinado en Chihuahua el año pasado de varios balazos.
Por lo que he expuesto en esta columna, el secuestro es uno de los delitos de alto impacto que más lesiona a un estado, al afectar a la sociedad y frenar las inversiones.
La pregunta es si esto justifica que la autoridad que está obligada a perseguir este delito, integre unidades como las descritas que negocia con secuestradores para reducir el número de impactos.
Me pregunto si verdaderamente fue desmantelada esta oficina o sigue operando en la sombra en el gobierno de Francisco Ramírez Acuña.
A manera de despedida: En la paranoia por el secuestro, cuando Daniel Ituarte Reynaud era el secretario de Seguridad, imprimió un “manual” para evitar un secuestro que no tiene desperdicio.
El documento exponía todo tipo de secuestros incluido el “express”, el sicológico y el virtual.
Además hacía recomendaciones como no seguir una misma ruta, no usar el mismo auto, vigilar a la trabajadora doméstica, etcétera; sugería que en caso de sospechar que estaba a punto de ser secuestrado, acelerara al máximo el auto, se pasara los altos, manejara en sentido contrario, brincara camellones y en caso extremo utilizara el auto como arma contra los delincuentes.
Y concluía en forma genial. En caso de que todo esto fallara y que finalmente fuera interceptado, el “manual” recomendaba “no oponer resistencia a los secuestradores”.
