Oscura cultura de transparencia

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El escaso interés ciudadano por solicitar información pública contribuye a que la mayoría de los ayuntamientos en Jalisco estén poco preparados para desahogar ese tipo de solicitudes y mejorar la rendición de cuentas.
La mayoría de los 124 municipios del estado carecen de una cultura de la transparencia, pues consideran que la información pertenece a estos y que “los ciudadanos exigen sin fundamento un acceso a la misma”. Algo que también interviene en este fenómeno es la ignorancia, ineficiencia o desconfianza, afirma la investigadora de la UdeG, Fabiola Figueroa Neri.
Estos son algunos resultados de la investigación efectuada por siete académicos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, en agosto y septiembre de este año, que fueron presentados en la Jornada sobre transparencia y rendición de cuentas, realizada el pasado viernes.
Dicho estudio estuvo dividido en dos etapas: la primera consistió en una entrevista telefónica a representantes de todos los ayuntamientos, para saber si cuentan con unidad de transparencia, mecanismos de difusión de la información y publicación de datos básicos, como directorios de funcionarios, documentos de planeación, resultados de auditorías, proceso de trámites, presupuestos, sesiones de cabildos, entre otros.
Aunque la mayoría de entrevistados dijeron contar con todos los elementos mencionados, “en la práctica unos cuantos proporcionaron, de manera efectiva y rápida, la información solicitada”, aseguró Figueroa Neri.
En la segunda etapa los investigadores acudieron a algunos ayuntamientos a solicitar ciertos documentos, amparados en la Ley de transparencia e información pública del estado de Jalisco, con la finalidad de medir en cuánto tiempo era respondida la petición y por quién.
Además evaluaron los portales electrónicos de cada municipio, con el objetivo de valorar la información contenida y qué tan accesible es para los ciudadanos.
El grupo de investigadores encabezados por Figueroa Neri percibió disposición de los ayuntamientos para entregar la información, aunque muchos no cuentan con la estructura y condiciones para proporcionarla.
“Al negar la información, podríamos pensar que hay corrupción o que quieren ocultar algo, pero nosotros encontramos que sí existe voluntad para cumplir con la normatividad. Sin embargo, como desconocen esta o tienen poca pericia en las herramientas para procesar los datos que deben ser públicos, no están capacitados para su entrega”.
Consideró que los munícipes deben romper el paradigma englobado en la pregunta “¿por qué tengo que entregar mi información?”, generado por la desconfianza que implica perder el control respecto a los usos de la información que puedan hacer los ciudadanos.
“Es indispensable generar medios adecuados para garantizar el respeto a la ley en esta materia, así como lograr que las autoridades dejen de creer que su información es propiedad exclusiva de estas”.

Nula efectividad de municipios metropolitanos
Durante la investigación, aplicada antes de la entrada en vigor de la reforma a la ley de transparencia en el estado, en septiembre, los investigadores encontraron que entre más compleja sea la administración de un ayuntamiento, mayor trabajo cuesta cumplir con la ley de transparencia.
A este grupo pertenecen los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, además de Puerto Vallarta. A excepción de Tlaquepaque, el resto cuenta con una página electrónica para consultar los documentos públicos.
Los ayuntamientos más pequeños: Mazamitla, Valle de Guadalupe, Atotonilco el Alto, Degollado, Colotlán, Cihuatlán, Tamazula de Gordiano y Teocaltiche, tienen escasa efectividad del manejo de información pública en las páginas electrónicas.
La sorpresa, de acuerdo con la coordinadora del estudio, fue Tecalitlán, ya que destacó en su oportuna respuesta (un día hábil posterior al ingreso de la solicitud) y buen trato, a pesar de que no cuenta con una unidad de transparencia.

Jalisco, reprobado en sus leyes
de fiscalización
Zacatecas, Chiapas, Campeche, Michoacán y Guanajuato son los estados con las mejores legislaciones en materia de revisión y fiscalización de sus cuentas públicas, mientras que Hidalgo, Sinaloa y Aguascalientes obtuvieron la menor calificación en este rubro.
De acuerdo con un estudio realizado por la investigadora del Departamento de Políticas Públicas, de la Universidad de Guadalajara, Aimeé Figueroa, dichas entidades fueron evaluadas con base en 10 indicadores, a fin de medir la pertinencia, actualización de las leyes, autonomía de la entidad de fiscalización, determinación de responsabilidades, entre otras.
Al igual que el Distrito Federal (DF), Jalisco reprobó dicha evaluación, pues obtuvo solo 50 puntos de calificación, ya que en cuatro de las 10 variables fue evaluada con cero. El promedio general llegó a 57 en los 32 estados y el DF; sin embargo, 17 leyes obtuvieron su aprobación.
Figueroa considera que durante 2005 hubo un avance considerable, en el ámbito nacional, en el interés de las entidades por mejorar sus procesos de fiscalización y, sobre todo, por darlos a conocer a la sociedad.
“Ahora hay más información en las páginas electrónicas de los estados. Los funcionarios se han puesto las pilas para mejorar sus instituciones y hay más leyes de transparencia promulgadas”, situación que genera el marco propicio para una mayor rendición de cuentas.
El gobierno de Sinaloa solicitó los resultados del estudio y asesoría a los autores del mismo, para tenerlos de referentes en futuras reformas legislativas.