Los esfuerzos previos por combatir a la corrupción han quedado sólo en simulación, por dos motivos: la ausencia de voluntad política y la de herramientas que vayan a las entrañas de las triquiñuelas que cometen los malos funcionarios. Entonces, para que funcione el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción se deben dejar medias tintas, y contar con instituciones que realmente puedan escudriñar cuentas bancarias y develar a las sociedades mercantiles.
En esto coinciden académicos de la Universidad de Guadalajara y de otras instituciones que participaron en la mesa de diálogo “Justicia constitucional y anticorrupción”, realizada en el Congreso de Jalisco. La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política y organizadora del foro, Almeida López, señaló que actualmente el congreso discute el paquete de reformas a 13 leyes, las cuales deben quedar aprobadas a más tardar el 18 de julio.
En la mesa se señaló que debe ponerse especial atención en el diseño del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, el cual será piedra angular en el Sistema Estatal Anticorrupción y que sustituirá al controvertido Tribunal de lo Administrativo, órgano señalado por emitir sentencias que han permitido la construcción de torres de departamentos en áreas protegidas.
“Para que el combate a la corrupción sea efectivo, los actos de descomposición política deben visibilizarse mediante técnicas jurídicas propias de la justicia constitucional, tales como el levantamiento del velo a sociedades mercantiles, el fraude de ley, el abuso de derecho, la desviación de poder y la facultad para levantar el secretario bancario, fiduciario y fiscal. Estas facultades son las que han llevado a casos exitosos de investigación de corrupción en países como España, Chile o incluso en Guatemala, y en México incluso, con casos como el Pemexgate y Amigos de Fox”, dijo Jesús Ibarra Cárdenas, maestro en Ciencias sociales por la UdeG y doctor en derecho público por la Universidad de Alicante.
Ibarra, que actualmente es investigador del ITESO, explicó que en México los resultados del combate a la corrupción aún dejan que desear. Por ejemplo, en Estados Unidos, de nueve gobernadores acusados por actos de corrupción en la historia reciente, los nueve han sido juzgados. En México, de 40 mandatarios señalados, sólo cuatro han sido detenidos.
En Jalisco también hay rezagos. Mientras la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 404 denuncias penales y se han consignado a 407 funcionarios, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco no ha presentado querella alguna.
Una cadena incompleta
No sólo basta con tener una Auditoría Superior o una Fiscalía Anticorrupción autónomas, sino que también debe contarse con un órgano de control y garantía que materialice lo plasmado en la ley, consideró José de Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
Consideró que este sistema debe de funcionar como una cadena en el que se concatenen el órgano de fiscalización, el de seguimiento, el de denuncia y el de garantía. La ausencia de uno de ellos dejaría un sistema incompleto.
Añadió que el actual momento histórico es ideal para que Jalisco por fin dé un paso decisivo en el combate contra la corrupción, pues por primera vez en mucho tiempo existe la voluntad de los actores políticos y un marco jurídico sólido en el orden federal.
“No hay otro momento. Este es el momento para disciplinar la vida institucional y erradicar todo aquello que causa molestia en la ciudadanía: en materia de corrupción, policías, desarrollo urbano desequilibrado. Esta es la válvula de escape para que esas inquietudes sociales se materialicen a través de un cauce jurídico legal”, añadió.
Quién vigila al vigilante
Existe una regla añeja que marca que el Poder Judicial no puede ser demandado, pues él se encarga de resolver las demandas. Por ello, la creación de un Tribunal de Justicia Administrativa no sólo es la oportunidad de tener un órgano que vigile la aplicación de la constitución, sino que también vigile al cuestionado Poder Judicial, consideró Luis Antonio Corona Nakamura, investigador del CUCSH.
“Actualmente, el TAE está integrado por seis magistrados. Hay algunos que pudieran continuar y otros que son objetados por escándalos ventilados en medios de comunicación. Independientemente de que desaparezca el TAE y se cree el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, debe valorarse el trabajo de los magistrados para ver quienes continúan y quienes se van. Y ese nuevo tribunal debe ser autónomo, ajeno al Poder judicial, para que precisamente pueda revisar los actos de este poder; porque de otro modo: ¿quién vigila al vigilante?”.
Voto popular por los jueces es inviable
Dentro de la discusión de las reformas al sistema de impartición de justicia en Jalisco, algunos diputados presentaron una iniciativa para que los jueces de primera instancia sean electos por voto popular. Esta propuesta no es viable porque politizaría cargos cuya naturaleza es eminentemente técnica, consideró Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, investigadora del Centro Universitario de Tonalá.
“El método actual para designarlos por concurso de oposición tiene como fin reconocer su experiencia y no politizar las designaciones, por ello, lo que debería de hacerse es fortalecer el servicio profesional de carrera”, estimó.
También reflexionó que se debe tener cuidado al vincular la figura del juicio político con el combate a la corrupción, pues se trata de un mecanismo más subjetivo que jurisdiccional. Y recomendó que Jalisco no se limite a imitar las herramientas legales que ya existen en lo federal, sino que genere otras de vanguardia que atiendan la realidad estatal.
