La figura del fuero se ha convertido en un abuso para los funcionarios públicos. La Casa Blanca, Malinalco, OHL, Grupo Higa, Humberto Moreira, en Jalisco el caso López Castro y Alonso Godoy, tienen una sola cosa en común: IMPUNIDAD. En los últimos 16 años se han reportado alrededor de 272 casos de corrupción sólo de gobernadores y de ellos, únicamente el 8.3 por ciento (21 casos) tuvo alguna sanción, quedando impunes más de 250 casos. A nivel internacional, nuestro país ocupa el segundo lugar de entre los 59 países más impunes según el Índice Global de Impunidad presentado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
“La corrupción no es exclusiva de México, pero la impunidad sí”, expresó en alguna ocasión el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas. Y tiene razón. El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha transformado la lucha por la exigencia de la verdad y la justicia.
Este hecho dejó al desnudo la realidad de nuestro país. No ha sido un tema aislado, al contrario, es la muestra más contundente de que la impunidad en nuestro país es de carácter sistémico. En distintos países alrededor del mundo se han presentado cuestiones de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses en donde funcionarios públicos han estado involucrados, pero la diferencia es que en esos países ha habido consecuencias judiciales para éstos. El problema de la impunidad en nuestro país y en Jalisco no es coyuntural, es algo aún más grave, se concentra en las deficiencias estructurales que necesitan respuesta desde adentro del aparato del Estado.
El fuero no es un aspecto privativo ni de nuestro tiempo, ni de nuestro sistema constitucional; ni de nuestro país, ni de nuestro estado. Dicha figura ha existido en diversas épocas y en prácticamente todos los órdenes jurídicos para salvaguardar el debate público y la independencia de quienes ejercen las funciones del Estado. Sin embargo, esta figura política se ha convertido en sinónimo de impunidad. Y es que a lo largo de los años gracias a esta inmunidad los representantes de los poderes han gozado de amplias posibilidades para cometer ilegalidades y no ser castigados al ampararse en dicha figura.
Decía Benito Juárez: “A mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos la ley a secas”; así en nuestro estado y país la justicia se ha tornado selectiva. La aprobación para eliminar el fuero a los funcionarios de todos los poderes en Jalisco será, sin duda, un gran paso para dar respuesta contundente a la impunidad. Sin embargo, el desafuero de López Obrador en 2006 dejó claro que lo que salva o condena a los políticos no es el fuero, es la complicidad de todo un sistema. Un sistema en el que la ley es reflejo del poder de quienes gobiernan. Hoy nos toca trabajar porque las complicidades no sigan siendo el obstáculo para combatir la impunidad.
