Desde hace muchos años a los niños y a los jóvenes socialmente se les ha prometido que estudiando lograrían mejorar su vida y asegurar su futuro; para ello, las instituciones educativas públicas y privadas (no todas) han realizado grandes esfuerzos para ampliar su cobertura y mejorar la calidad de sus procesos académicos, pero lo cierto es que los esfuerzos de los alumnos y de sus escuelas y universidades para egresar con una buena formación académico-profesional o técnica no corresponde con la realidad laboral para ellos.
Según el INEGI y el TEC de Monterrey (2016), en nuestro país el 77.5 por ciento de la población ocupada (32 millones 155 mil 011 personas) tienen un sueldo de entre 1 y 3 salarios mínimos (entre 2 mil 191 y 6 mil 573 pesos mensuales y muchas de esas personas sin seguridad social), ingreso que de ninguna manera resuelve sus necesidades básicas, permite el ahorro y les da certidumbre para su futuro. Además de que en el último año el número de personas que tienen un ingreso de entre 3 y 5 salarios mínimos (entre 6,573 y 10,955 pesos mensuales) bajó en un 12.5 por ciento, el número más bajo observado desde el año 2005, señal evidente del deterioro salarial.
¿Será por eso que muchos adolescentes y jóvenes son enganchados fácilmente por la delincuencia organizada?, ¿hasta cuándo nuestros empresarios y funcionarios federales, estatales y municipales implementarán concertadamente programas para terminar con los “empleos piratas”? ¡Démosles a nuestros jóvenes y adultos verdaderas oportunidades laborales para vivir digna y honestamente!
