La falta de reglamentación para la publicidad oficial era hasta hace varios días uno de los grandes asuntos pendientes en esta y en las pasadas administraciones federales. El problema radica en que la distribución selectiva de publicidad oficial es usada como presión financiera y regulatoria, permitiendo que servidores públicos interfieran con la línea editorial de medios de comunicación, cuyo resultado es el deterioro del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, ya que se obstaculiza la circulación de ideas para un diálogo público, requerimiento ineludible en una democracia legítima.
Con la reforma político electoral de 2007, se adicionó el párrafo octavo al Artículo 134 de la Constitución, en el que se estableció la obligación de que las dependencias de gobierno, así como organismos autónomos difundieran información con fines educativos y de orientación social. No obstante, a pesar de que la reforma incorporara un artículo transitorio en el que se da un plazo máximo de 30 días naturales para realizar las adecuaciones normativas correspondientes y entonces pudiera surtir efecto lo establecido en la Constitución, esto no se cumplió. En 2014 nuevamente el Congreso fue obligado a legislar sobre la materia antes de que finalizara el periodo ordinario de sesiones, por lo que tampoco hubo avances.
A pesar de que desde 2002 se impulsaran más de una decena de iniciativas de ley por parte del legislativo y ejecutivo, a propuesta de todos los partidos políticos, ninguna ha podido ser discutida en el pleno. Algo similar pasó con el compromiso 95 del Pacto por México, en el cual se establece la creación de una instancia ciudadana, la que será autónoma, encargada de supervisar la asignación y distribución de la publicidad oficial en los tres niveles de gobierno, pero hasta ahora no se ha dicho nada.
El pasado 15 de noviembre, como un hecho histórico para la democracia en México, por mayoría de cuatro votos a uno, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión regular la publicidad oficial antes del 30 de abril próximo, es decir, antes de que termine el segundo periodo ordinario de la actual LXIII Legislatura, frente a las continuas omisiones en que ha incurrido el poder legislativo.
Hay que reconocer que gracias a las organizaciones de la sociedad civil está siendo posible impulsar un cambio en la relación entre medios de comunicación y gobierno. Ahora nuevamente esperamos que se abra una discusión legislativa en torno al tema, en la que haya participación de la sociedad civil, así como que sean tomados como referencia los estándares internacionales en la materia.
Con eso, además de proteger la libertad de expresión, de información y de prensa, se espera poner fin al excesivo gasto destinado a la publicidad oficial, ya que esta será una herramienta decisiva para que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones, así como para que no sea utilizada con un fin distinto al de informar a los ciudadanos de manera veraz y oportuna sobre acciones y decisiones.
El momento fundamental será que la ley aprobada sea efectivamente implementada y el gasto de publicidad oficial se ejerza a través de criterios transparentes, equitativos y con fines verdaderamente informativos y educativos, evitando en todo momento que continúe su uso discriminatorio y arbitrario, y que los servidores públicos sigan violando las disposiciones sin el temor a ser sancionados por las autoridades.
